Tras la resolución del contrato por el Estado y la detención del abogado Mauricio Hayek “la reparcelación ha quedado virtualmente anulada”
 
A través de un comunicado de valoración sobre la detención del abogado Maurico Hayek, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha vuelto a sugerir que el Registro de la Propiedad “devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno municipal el 23 de mayo de 1989”. Hernández relaciona la detención de Hayek, entre otras posibles motivaciones de la juez instructora Carla Bellini, con una “pieza separada” de la investigación que se sigue en la querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades al incluir terrenos de Las Huertas en la reparcelación y compraventa acordadas sin consentimiento de sus propietarios supuestamente para la remodelación de Las Teresitas. La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación de la compensación del plan parcial no fue alterada por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasó al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.
El representante de Los Verdes-Grupo Verde recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta ahora detenido, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”. En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. La investigación seguida sobre esta actuación habría sido finalmente determinante en la detención del abogado, según Hernández.
“Ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades -señala-, la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz de Los Verdes, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.
Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”.
Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación, tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 tendrían que rehacerse contando con la nueva información sobre las propiedades”. La decisión del Gobierno central de resolver el contrato para la remodelación por las irregularidades en la titularidad del parcelario y la detención del abogado de la Junta de Compensación y mediador de Inversiones Las Teresitas, “son redundantes en la misma dirección: de un modo u otro esa reparcelación ha quedado virtualmente anulada”, concluye.

 
Señalan que “Costas pudo firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía el Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo”
 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han pronunciado sobre el informe de la Abogacía del Estado del pasado 14 de abril y el acuerdo del Gobierno central del pasado viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, indica que “cuando la Abogacía del Estado dice en su informe que la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional, ello no solamente puede aplicarse al Convenio de compraventa de 2001, sino también al propio Convenio entre ayuntamiento y Costas, de manera que si entre la reunión del 22 de junio de 2006 donde se acordó el Convenio para ejecutar la remodelación de Las Teresitas y la fecha de la resolución del Tribunal Supremo que fue comunicada a las partes el 15 de mayo de 2007, Costas hubiera firmado el Convenio, éste sería válido a pesar del defecto de anulabilidad del contrato de compraventa de 2001, que se verificó después en el auto y está todavía en curso de resolución bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. Según Hernández “durante ese año de demora de la firma del Convenio, Costas contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado que habría respaldado la convalidación y la continuidad de la remodelación que el ayuntamiento inició en la parte de la playa de su competencia, convencido de que la Dirección General lo suscribiría siguiendo el compromiso acordado”. El portavoz de Los Verdes considera que “ahora la Abogacía del Estado se ha visto en la tesitura de contradecir el informe anterior, y ha adoptado la solución salomónica de sugerir indirectamente que si se hubiera firmado antes de la sentencia del Supremo, sería válido, de manera que no quita razón al otro informe, pero que ya no es posible después de mayo de 2007, toda vez que la sentencia agotó esa posibilidad al anular el trámite de compraventa de 2001”. Octavio Hernández considera que “si en definitiva, Costas tuvo once meses para firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía del Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo, y ahora la Abogacía dice que ya no puede hacerlo, a nosotros nos parece que Costas no puede evadir su responsabilidad porque la indecisión, que nos parece acompañada de una permanente distorsión fruto de la rivalidad política que ha estado minando este proyecto y es totalmente ajena al normal procedimiento, ha llevado la remodelación de Las Teresitas a un callejón sin salida, primero con la inconcreción del deslinde marítimo-terrestre, que todavía hoy, después de siete años de darle vueltas en la Demarcación, no sabemos cuál es, y ahora con el Convenio, acordado en junio de 2006 con todos los parabienes, pero nunca firmado después de varios aplazamientos, el último acordado con el ayuntamiento en septiembre de 2007”. Por ello, concluye Hernández, “no compartimos el análisis que hace el grupo municipal del PSOE, ni tampoco la aparente alegría de sus portavoces”.
 
Decisión del Gobierno
 
Respecto al acuerdo del Gobierno central del viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas, el portavoz de Los Verdes indicó que “esta decisión es una consecuencia directa de que no se firmara el Convenio, al no estar firmado no estaban disponibles los terrenos y Cristina Narbona demoró la firma del decreto para iniciar las obras después de haber adjudicado los trabajos a Acciona el 30 de noviembre de 2006”. Hernández considera que “la querella de Las Teresitas, que coincidió con la adjudicación a Acciona, llevó al Ministerio a eludir los compromisos adquiridos”. El portavoz verde recordó que Narbona, durante su visita a Tenerife en marzo pasado, ya señaló que “el Ministerio no iba actuar mientras no se despejaran las dudas sobre la disponibilidad de terrenos para acometer las obras en la parte que corresponde a la Dirección General de Costas, cuya titularidad cuestionaba la Sentencia del Tribunal Supremo”. Para Los Verdes, “la decisión acordada por el Gobierno central no es ninguna sorpresa con esos antecedentes y tras el nuevo informe de la Abogacía del Estado devenía lógica, pero que se desentiendan no exime de responsabilidad a la gestión llevada a cabo por Costas y el Ministerio”.

 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han manifestado la “reprobación absoluta a la tortura psicológica a la que han sido sometidos los bomberos que reclamaron por irregularidades en la selección de 2003, a quienes los tribunales les dieron la razón pero no han tutelado que se haga justicia”. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife, Octavio Hernández, afirma que “nos sentimos muy apenados por haber asistido como espectadores involuntarios a la destrucción moral de estas personas sometidas a un monstruoso linchamiento burocrático”. Hernández considera que “no hace falta ser un psicólogo ni hacer ninguna prueba para darse cuenta de que estas personas eran perfectamente aptas en 2003 cuando se presentaron por primera vez; todos hemos sido testigos de cómo durante cuatro años han sido sometidas a un infierno por defender su integridad frente a un poder discrecional que ha hecho del acoso la coartada del enchufismo”. Los Verdes expresan su “solidaridad, máximo apoyo y ánimo en este trance a los aspirantes a bomberos, por su valentía y vocación ejemplo de dignidad para todos

Consideran que en Cho Vito “hay que cumplir la ley de acuerdo con el ayuntamiento”
 
A través de un comunicado, Los Verdesde Tenerife han “deplorado” el resultado del pleno monográfico que debía discutir una propuesta del PSOE sobre el desmantelamiento de la central eléctrica de Caletillas. El portavoz insular de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, considera que “el grupo presidido por Santiago Pérez ha intentado evitar una transacción con CC y PP para obligar al pleno a votar su propuesta sin consenso y, en caso de ser rechazada, decir que no se quiere desmantelar la instalación”. Hernández censuró que “se haya dejado en mal lugar el consenso alcanzado con el ayuntamiento de Candelaria” y afirmó que “al ausentarse, el grupo insular del PSOE se ha escabullido y evita quedar retratado en la postura demagógica que ha mantenido desde hace meses con este asunto”. Los Verdes insisten en que “decir que se desmantele progresivamente y lo antes posible, y añadir que se haga con garantía del suministro eléctrico y siempre que no afecte al abastecimiento insular, equivale a admitir que Caletillas no será desmantelada en 2015 pero se retirarán los equipos obsoletos y más contaminantes, tal y como ya habíamos advertido reiteradamente y contempla la planificación de Unelco con el Estado”. Octavio Hernández señala que “el punto cuyo debate se ha frustrado debería ir al próximo pleno ordinario, sin excusas, con las mociones existentes, para obligar a Santiago Pérez y a Ricardo Guerrero a retratarse, para que se apoye el consenso habido con el ayuntamiento de Candelaria y para que haya un pronunciamiento que, en resumidas cuentas, no va a contradecir la moción consensuada el PSOE y aprobada por unanimidad en 2003 sobre sustitución de los equipos más contaminantes”.
 
Cho Vito
 
Respecto el auto de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que permite la demolición de 23 de las 31 construcciones situadas en la playa de Cho Vito para dar cumplimiento a la Ley de Costas en el expediente de recuperación posesoria de oficio del dominio público marítimo terrestre, el portavoz verde afirma que “la verdadera manera de defender a los afectados es invitarlos a cumplir la ley y a aceptar la propuesta que les ha ofrecido el ayuntamiento, que es razonable y está consensuada con Costas”. Hernández señala que “Los Verdes no podemos defender la legalidad en el Puertito de Güímar y en Las Teresitas, y disimular la ilegalidad en Cho Vito: interés general sólo hay uno y es que no se invada el dominio público, cuya ocupación en este caso el TSJC ha confirmado que no se ajusta a la ley, para que se restituya al uso y disfrute de todos los ciudadanos”. 

 
Piden que el Parlamento “deje sin efecto en 2008” la paga extra de 4.500 euros en las retribuciones anuales de los diputados canarios
 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han considerado que ni el actual Gobierno de Canarias ni el PSC-PSOE “tienen altura de miras ante la situación del sector público”. El portavoz insular de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, critica que “la situación del sector público no se puede abordar por segmentos gremiales, con una negociación separada para cada consejería en Educación, Justicia o Sanidad”. Respecto a la actitud del PSC-PSOE, Hernández considera que “el recurso a la desestabilización agitando los avisperos del sector público lo aleja de llegar a gobernar y perjudica a todos los canarios”. El portavoz verde señala que “es una responsabilidad del presidente Paulino Rivero abordar la situación del sector público, sin permitir que se deslegitime a las consejeras pero tampoco a los representantes de los trabajadores”. Los Verdes creen llegado el momento de proponer “un gran pacto de concertación social intersectorial en el sector público autonómico del archipiélago, que debe encabezar el presidente de la comunidad autónoma para conducir a un consenso entre todas las mesas sectoriales, poniendo de acuerdo a las consejerías y a todos los representantes laborales y sindicales”. Ese consenso que defienden Los Verdes, según Octavio Hernández, “se ha de basar en el equilibrio presupuestario para abordar las subidas salariales y la homologación de acuerdo con el aumento de la inflación y con la disminución de ingresos fiscales fruto de la crisis económica, con un criterio de solidaridad y distribución de la riqueza no sólo entre los colectivos del sector público, sino porque los servicios públicos están llamados a amortiguar el impacto negativo de la crisis en los sectores sociales más vulnerables y en los índices de desempleo, y esas prioridades sociales no son compatibles con un déficit público excesivo que comprometa su sostenibilidad presupuestaria”. El portavoz considera que el gobierno “debe buscar un entendimiento con el PSOE para compartir esta iniciativa de concertación”. Como primera medida, Los Verdes proponen que desde el ejecutivo autonómico o bien por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces se inste al Parlamento a dejar sin efecto en 2008 el acuerdo retributivo de las dos medias pagas extraordinarias aprobadas para los parlamentarios, cuyo abono está previsto a partir de este verano, enviando un claro mensaje a las partes en conflicto en el sector público y a la sociedad canaria”.
 
Soria no vale
 
Hernández considera que “José Manuel Soria no tiene cintura para gestionar desde la vicepresidencia económica un acuerdo intersectorial de esta naturaleza, que es incompatible con su carácter, pero la actitud de crispación del PSOE no hace sino reforzarlo a él en su puesto y al Partido Popular en el pacto, porque lo cohesiona bajo la presión”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife afirma que “la oposición del PSOE es profundamente insolidaria, porque para desgastar al Gobierno en Canarias no facilita los acuerdos con el Estado que permitan responder mejor a la crisis en las islas, y además se dedica a desestabilizar el sector público cuanto puede, pero al final los perjudicados de esa lucha por el poder son los trabajadores y los más vulnerables que sufren directamente la crisis”. “Así ni se llega a gobernar ni se merece el gobierno”, concluyó.

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han solicitado que los planes de emergencia “principalmente en los ayuntamientos del Norte de la isla” incluyan entre las contingencias contempladas “los fenómenos adversos de fuerte viento en forma de trombas, mangas marinas o tornados”. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señala que “estos fenómenos no son habituales en nuestras latitudes, pero las nuevas condiciones del calentamiento global hacen probable que a lo largo del año se presente eventualmente alguna de estas formaciones espectaculares ligadas a tormentas de lluvia, sobre todo en forma de manga marina que, ocasionalmente, puede tomar tierra como tornado”. Hernández indica que “en la última década hemos tenido varias mangas y tornados en el Norte de Tenerife y si preparamos los sistemas de emergencia para riesgos de baja probabilidad como las erupciones, también deberían incluirse medidas y recomendaciones para fenómenos atmosféricos adversos de fuertes vientos alimentados por la temperatura elevada de la superficie marina, de frecuencia más previsible, que ocasionalmente pueden provocar daños a los bienes o a las personas”. El portavoz verde recuerda que “afortunadamente, nuestra situación respecto a los tornados no es como en la costa peninsular y balear, que está mucho más expuesta y cuyos planes de emergencia están incluyéndolos en sus manuales y recomendaciones al haber crecido en número e intensidad en los últimos años”. Los Verdes consideran que la predicción confirmada por la AEMET en Madrid sobre una mayor frecuencia de tormentas tropicales a la altura de Canarias, bautizadas como “hemidepresiones subtropicales”, debe mover a las administraciones locales a “revisar o incluir los riesgos derivados de estas previsiones en los planes de emergencia”.

 Aportarán una “hoja de ruta alternativa” al diseño propuesto por el Gobierno de Canarias

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han realizado “una valoración preliminar” del documento de la “Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático”. El portavoz insular de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señala que “un ochenta y cinco por ciento del plan es un recordatorio de incumplimientos sistemáticos de medidas ya contempladas y vigentes, que dependen de ritmos marcados fuera del ámbito autonómico por su naturaleza privada o por ser de naturaleza estatal su regulación y aplicación, o bien son prueba de la ineficacia de las administraciones en las islas, que el documento no puede resolver”. En ambos casos, indica Hernández, “vemos la lista de propuestas con escepticismo, porque no creemos que por citarlas en el papel vayan a superarse los incumplimientos, es decir, dudamos seriamente de la capacidad de respuesta de la Comunidad Autónoma”. El portavoz de Los Verdes considera que “el documento es ombliguista porque adolece de un punto básico de partida: no sitúa los indicadores de Canarias en la escala de indicadores globales del calentamiento global, sino que se contempla al archipiélago como un miniplaneta Tierra a escala propia y fuera del mundo”. Hernández afirma que “ninguna estrategia es viable si no partimos del conocimiento de cuál es la dimensión y aportación en la situación mundial de los indicadores de las islas, no respecto a las islas mismas, sino al conjunto del planeta: somos dos millones de habitantes entre casi siete mil millones, usamos un millón y medio de vehículos entre cerca de mil millones, necesitamos dotar la estrategia de una dimensión comparativa a escala global para saber qué podemos hacer por el mundo y qué debemos hacer por nosotros mismos aquí”. Así, Hernández considera que “el esfuerzo que se espera en cuanto a emisiones no tiene sentido a escala local, porque debido a la pequeñez de las islas en el cómputo global no es significativo, únicamente puede serlo en una escala estatal o europea”. En segundo lugar, “la estrategia no nos sitúa en los dos ejes que definen el amplia área geográfica que condiciona nuestro clima, el Atlántico y el Sáhara”. Si hay cambio climático, explica, “los impactos llegarán del océano y el desierto, pero en la planificación se piensa de la isla hacia adentro, por eso se confunde cambio climático con problemas básicos de urbanización y contaminación en un territorio limitado”. Los Verdes manifiestan, por ello, “pleno apoyo a las medidas de investigación y estudio contempladas” que, a juicio de Octavio Hernández “constituyen la auténtica estrategia de todo el documento”. El portavoz señala también “que la ayuda al desarrollo y la lucha contra la desertización en África que se propone está en contradicción con la política de biocombustibles que defiende a ultranza el propio documento”. Los Verdes insisten en que “el plan no hace una defensa inocente de los biocombustibles, pues reconoce que detraerá fondos públicos que la sociedad canaria necesita por la vía de las exenciones fiscales”. Octavio Hernández considera que “se debe reconocer que el cultivo de plantas energéticas en países africanos no contribuye al desarrollo ni a la lucha contra la desertización, empobrece y puede desestabilizar esos países y no está nada clara su contribución a frenar el calentamiento global”. Así mismo, “la estrategia está postrada a los pies de Unelco-Endesa, no es valiente en cuanto a los objetivos de producción de energías renovables, da la sensación de que son las industrias contaminantes las que marcan la estrategia y el Gobierno quien obedece”. Hernández también critica “la poca importancia que se da a la dimensión sanitaria de los efectos del cambio climático” y considera “muy parcial que se mencionen los patógenos relacionándolos con la inmigración no controlada y no se contemplen los aerosoles saharianos, por ejemplo”. En conclusión, Los Verdes-Grupo Verde valoran la estrategia gubernamental como “manifiestamente mejorable” y, por ello, “propondremos una hoja de ruta alternativa que convierta nuestro escepticismo crítico en propuestas”.

El Gobierno canario va “a rastras” de la patronal, la banca y la Administración central

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han respondido a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que ha insistido “de una manera alta y clara”, que su Gobierno va a cumplir “con su compromiso adquirido en el acto de investidura de ayudar a atenuar el impacto del incremento de la hipoteca a aquellas familias con rentas inferiores a los 30.000 euros”. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife, Octavio Hernández, había exigido a Rivero la semana pasada que garantizase el plan de ayudas para costear, por dos años, la conversión a fijos de los tipos de interés variables de las hipotecas. Hernández señala, en respuesta al presidente autonómico, que “el gobierno canario está dando un espectáculo de desorientación y falta de reflejos con este tema” y criticó que “Paulino Rivero y José Manuel Soria van a rastras de la patronal, la banca y la Administración central y, cuando anuncian una respuesta, la pregunta ya ha cambiado”. El portavoz verde aclaró que “mientras este gobierno todavía habla de convertir vivienda libre en VPO, ya tanto la CEOE como la Asociación de Promotores Constructores (APCE) y el Ministerio de Vivienda negocian superar esa propuesta creando la figura de la vivienda concertada o medio-protegida, y los constructores piden que se garantice al comprador un tipo de interés fijo durante cinco años y se destinen fondos del ICO a avalar esta nueva figura, desbordando totalmente la propuesta del pacto CC-PP sobre hipotecas y VPO”. Hernández señala que “el Gobierno central se ha opuesto a emplear el ICO en ese hipotético híbrido de vivienda libre, porque la banca se ha adelantado y está creando y ofertando hipotecas mixtas o tranquilas en términos parecidos a los de la propuesta de Rivero y Soria, convirtiendo en inútil o innecesaria la intervención y las promesas del Gobierno canario”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife critica que “en cuanto a medidas reales sobre hipotecas, tipos de interés y VPO este gobierno no pinta nada y está noqueado, desorientado y totalmente a merced de lo que se propone, negocia y decide entre la patronal estatal y el Gobierno Zapatero”. Así mismo considera que “el gobierno CC-PP se ha contagiado del nerviosismo de las patronales provinciales y no está  a la altura de las circunstancias, actúa sin presencia ni serenidad, dejándose llevar por las presiones desesperadas de los empresarios que, ante la crisis de ventas, el vencimiento de los créditos y la presión para bajar los precios, cambian continuamente de opinión”. Hernández justifica esta situación “porque en el marco autonómico en realidad no hay mucho margen de maniobra para afrontar la crisis inmobiliaria, pero ni Paulino Rivero ni José Manuel Soria tienen talante para reconocerlo”. El portavoz de Los Verdes considera que “una política seria ante esta crisis pasa necesariamente por reforzar la cooperación con el Gobierno central, criticándolo sólo si no coopera, y a la vez resistir de manera clara las presiones de las patronales provinciales, atemperando y encauzando sus demandas hacia el principal interés público, que se resume en no aceptar los cantos de sirena para que la administración intervenga y amortigüe la caída natural de los precios”.

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han advertido que “varias organizaciones de predicción meteorológica prevén que a partir del 1 de junio habrá una excepcional temporada de tormentas en el Atlántico, que podrían afectar de manera puntual a Canarias”. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señala que “las previsiones apuntan que la segunda mitad del año 2008 se va a parecer a 2005, cuando hubo episodios meteorológicos muy adversos como las dos grandes tormentas Vince y Delta”. Hernández señala que “la climatología de los años 2006 y 2007 fue muy heterogénea y sin tendencias muy marcadas, pero las predicciones apuntan que 2008 podría ser más extremo” y, en concreto,  destaca que “los servicios de predicción de Estados Unidos y México han previsto hasta 15 tormentas tropicales en el Atlántico, debido principalmente a cambios en la salinidad del océano”. A esto se añade “una temperatura particularmente elevada de las aguas entre Azores y Canarias, por encima de la media, un calentamiento que podría aportar energía de potencia a las tormentas en el área y afectar a las islas”. Respecto a la exactitud de estas predicciones meteorológicas, Hernández señala que se suelen situar “en torno al 80% de probabilidad”. Sin embargo, recuerda que “en cuanto al archipiélago hay variables que influyen en la predicción, como las tormentas de polvo sahariano, que constituyen un regulador térmico porque pueden hacer que descienda la temperatura del mar al sobrevolar y depositarse en amplias zonas del Atlántico”. Los Verdes de Tenerife manifiestan “preocupación por los posibles daños a la agricultura y a espacios naturales, por el impacto en determinados servicios como el abastecimiento de electricidad y por riesgos de seguridad ante episodios meteorológicos adversos e inesperados”. Por ello, Los Verdes consideran que el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos “deben vigilar y garantizar que se cumple el Plan de Avenidas y tomarse en serio los planes locales de emergencias y protección civil”. Así mismo, consideran adecuadas las mejoras que se han realizado en 2008 en cuanto a recursos y a personal de la delegación territorial de la AEMET y sus Centros Operativos.

Aportan varias propuestas para “hacer técnicamente viable el acuerdo político”