NOTA DE PRENSA 18 de MAYO Del 2009
Joan Puigcercós, presidente de ERC, ante el hundimiento de su formación, utilizara el logotipo y nombres de Los Verdes en trece comunidades autónomas.

Los Verdes Grupo Verde Europeo, llevarán adelante durante todo el periodo electoral de las elecciones europeas, una campaña de información a la opinión pública de la estratagema de diferentes partidos independentistas (ERC, BNG, ARALAR, EA), para apropiarse del voto verde.

Joan Puigcercós, ante el hundimiento de su formación en las próximas europeas, y teniendo conocimiento de la realidad de Los Verdes, ha diseñado una estrategia para apropiarse del voto verde en trece comunidades autónomas.

La estratagema, consiste en utilizar el logotipo de los Verdes y el nombre de “Los Verdes – Europa de los pueblos-Verdes)”, en trece comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los Verdes – Grupo Verde Europeo, hacen un llamamiento a los medios de comunicación y al resto de partidos políticos a que les ayuden a dar a conocer a los electores esta situación, para que puedan tener criterio y estar informados el día de la votación.

Los Verdes – Grupo Verde Europeo, consideran un gravísimo error la estrategia de ERC, al igual que lo hizo en su día IU, el utilizar el nombre de Los Verdes para intentar de esta manera, salvar a su formación política de los malos resultados que proveen las encuestas.

Al final los electores les harán pagar muy caro estas prácticas políticas.

Por “comparar a las personas con animales” y “denigrar” la protección de especies en peligro de extinción

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han salido al paso de la campaña de vallas publicitarias de la Conferencia Episcopal Española sobre el aborto, “en la que se utiliza la protección de especies en peligro de extinción para privar a las mujeres y parejas de su derecho a elegir y de la planificación familiar”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señaló que “la Iglesia retrógrada y patética que defienden los obispos españoles sigue anclada en el guerracivilismo simbólico en asuntos que pertenecen a la esfera de la intimidad de las personas, que ellos han convertido en el último reducto de sus ataques a la libertad”. Hernández destaca que sean los propios obispos “los que comparan a las personas con animales, que es reflejo de su miseria moral”. El portavoz verde pide que la Iglesia “retire esta campaña frívola y mendaz, porque denigra la protección de especies en peligro de extinción, porque es moralmente condenable comparar seres humanos con animales para descalificar un derecho ciudadano y a quienes lo defienden, y porque lo más cercano a asesinos de niños que ha habido en España fueron las autoridades fascistas que sus antecesores defendieron, cuya beatificación siguen postulando todavía hoy en Roma”. Los Verdes consideran que la Conferencia Episcopal “se califica a sí misma al comparar aborto y extinción, es propio de mentes retorcidas inducir a la gente a pensar que si se admite el aborto se debería retirar la protección a las especies, o que es moralmente inferior quien defiende el derecho al aborto y la protección del medio ambiente”. Octavio Hernández considera que esta campaña “insulta a nuestro partido, al ecologismo y a la sensibilidad ecológica de millones de personas”. Los obispos españoles –concluye- “viven en otro mundo, pretenden disimular la propia degradación moral de una Iglesia consagrada a la coacción masiva y demuestran que desconocen el sentido y significado de los derechos, manipulando las creencias de las personas para coartar sus propias libertades”.

Por desmentir al presidente Paulino Rivero y al portavoz del Gobierno Martín Marrero

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han acusado al vicepresidente José Manuel Soria de “reírse de los pobres y de la sociedad canaria contradiciendo al presidente Paulino Rivero y al portavoz del Gobierno Martín Marrero al desmentir el compromiso público gubernamental de redistribuir alimentos”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha señalado que “a principios de febrero, la consejera de Bienestar Social se reunió con el Banco de Alimentos de Las Palmas y, más tarde, Paulino Rivero hizo el anuncio de la propuesta y ésta se abordó en un Consejo de Gobierno, en el que Soria estuvo presente, tras el cual el portavoz Martín Marrero fue claro al puntualizar que Bienestar Social establecería un baremo para otorgar el derecho a recibir los alimentos y la Consejería de Industria y Comercio emprendería la interlocución con los hipermercados a través de la Dirección General de Comercio”. Posteriormente, ante diversas críticas, “Paulino Rivero anunció que no daría un paso atrás”. Hernández señala que Rivero “tiene un serio problema de autoridad con José Manuel Soria, que lo ridiculiza constantemente y transmite falta de seriedad en las propias iniciativas presidenciales”. Los Verdes consideran que “el gabinete ha cometido un error al hablar de redistribución como una ocurrencia, dando palos de ciego sin un plan claro de implementación”. El portavoz verde censura que “el desmentido de Soria sobre la propuesta viene a apagar el fuego con gasolina, un lío monumental, una burla a los posibles perceptores, a las entidades sociales y a las empresas de distribución con declaraciones contradictorias que ofrecen una espantosa imagen de este Gobierno”.

Es fácil ponerse a criticar con la nevera llena”

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la propuesta gubernamental de gestionar la redistribución de los alimentos próximos a la caducidad que son retirados de los comercios para las personas que se encuentren en situación de necesidad. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha señalado que “es una buena obra con una pésima puesta escena, en un Gobierno que tiene un serio problema de imagen por su falta de seriedad en los planteamientos de sus propias iniciativas”. Hernández lamentó, sobre la propuesta de Paulino Rivero, que “no puede quedar la sensación de que una cosa tan seria parezca la ocurrencia de un asesor que la vio en un informativo por televisión sentado en el salón de su casa, cuando el ayuntamiento de Madrid ordenó dispersar a las personas que se concentraban en la puerta de atrás de los supermercados”. La postura de Los Verdes, no obstante, “no pasa por censurar el plan de redistribución, sino que se hable de redistribución sin un plan”. Octavio Hernández se refirió a las críticas recibidas por la iniciativa gubernamental señalando que “es fácil ponerse a criticar con la nevera llena, pero la gente que lo está pasando mal lo ve de otra manera, los servicios sociales reparten alimentos todos los días en Canarias a cientos o miles de ciudadanos”. Hernández considera que “el Gobierno de Canarias debe entender que un plan como el que propone requiere evaluar bien el impacto negativo en el empleo de los propios comercios, pues incentivar que la gente con bajos recursos no vaya a hacer la compra sería un disparate en un momento de deflacción y desempleo masivo”. Por otra parte, “el Gobierno no puede pretender limitar su papel a sentar en una mesa a los agentes interesados: poner en marcha la logística de esta propuesta requiere una inversión pública en personal y en medios de transporte y almacenaje de apoyo, de manera que los costes finales podrían ser mayores que los beneficios”. Hernández sostiene que “en materia humanitaria siempre deberían tener preferencia las ayudas en dinero, por su efecto multiplicador en el circuito económico del entorno, sobre las ayudas en especie, y el otorgamiento de éstas debe costar menos que si se diera su equivalente monetario”.

Convenio estatal

Los Verdes proponen que el Gobierno canario “inscriba el plan de reparto en el Programa de Alimentos de la Unión Europea que ya está en funcionamiento con coordinación estatal, a través de un Convenio con el Estado que evite duplicar esfuerzos y costes, y permita aprovechar la experiencia y la red de entidades colaboradoras ya existente, que van desde Cruz Roja hasta asociaciones de vecinos”. Hernández previene sobre “la acreditada mala gestión de este Gobierno en el sistema de ayudas públicas, por lo que el remedio podría ser peor que la enfermedad y suponer más gasto público que beneficios sociales, en cuyo caso la medida tendría que ser descartada, porque la sociedad canaria no puede permitirse más despilfarro de dinero público que no llega a los destinatarios finales”.

Éxito de la manifestación contra el puerto de Granadilla

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado como un “éxito claro y clarificador” la manifestación multitudinaria celebrada hoy sábado, 14 de marzo, en Santa Cruz de Tenerife. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, destaca la “pluralidad y civismo de decenas de miles de personas que no creen al consejero Domingo Berriel y han impugnado su gestión en el expediente de Granadilla”. Hernández considera que el presidente del Gobierno de Canarias “tiene ya el mensaje de la ciudadanía, que no se puede acallar con una oferta de 700 empleos en una economía que pierde 12.000 al mes”. Los Verdes se suman a las peticiones de las últimas semanas, que “han sido refrendadas con esta manifestación” para que “se depuren responsabilidades en la persona de Domingo Berriel” y estiman que “la actuación del Consejero en la descatalogación de los sebadales ha quedado totalmente desacreditada como administrador del interés público, por lo que procede removerlo de su puesto y que Paulino Rivero busque a alguien con más credibilidad, si lo encuentra”.

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han acusado a los parlamentarios del PSOE de “practicar una política marrullera y mentirosa” en el debate sobre la paralización del puerto de Granadilla. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, calificó de “manipulación descarada y fraude político” la postura del PSOE. Según Hernández, “el PSOE no defiende los sebadales, sino el procedimiento administrativo para machacarlos cumpliendo las formalidades burocráticas”. Los Verdes consideran que “no se puede ir al Parlamento a abanderar una falsa defensa de los sebadales frente al proyecto de CC y PP, a la vez que se pide una nueva Declaración de Impacto Ambiental para poder enterrar ese mismo espacio guardando las apariencias legales”. El portavoz verde ironizó con que “Santiago Pérez no quiere la verdad sobre la destrucción de los sebadales, sino una mentira mejor construida que la de Berriel”. Hernández recuerda que “la obra que se ha paralizado es la misma que consensuó y vendió como propia el PSOE, de manera que es un completo engaño pretender colar que una nueva Declaración de Impacto variaría sustancialmente los daños de ese proyecto que los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente acordaron con el anterior gobierno de CC y PP, con el pleno apoyo del PSOE insular y canario”. Octavio Hernández considera que el discurso de Juan Fernando López Aguilar, Santiago Pérez e Ignacio Viciana sobre esta cuestión es “el mismo de la patronal” que demanda la construcción de esta infraestructura “poniendo un barniz legal de interés público a los intereses privados de unos pocos”. Por ello, Los Verdes-Grupo Verde hacen un llamamiento a la sociedad tinerfeña para que “acuda este sábado a la manifestación convocada por la comunidad científica en contra de todas las formas de manipulación, tanto las de CC y PP, como las del PSOE, en defensa del medio ambiente y de otra manera de gestionar las infraestructuras públicas, los espacios naturales y la prioridad del gasto público en políticas sociales y de empleo compatibles con la conservación del medio ambiente”.

 El proyecto de la playa de Punta Larga puede bloquear las obras del puerto "durante meses"

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han informado que el pasado día 19 de febrero la Dirección General de Costas anunció que había dado visto bueno al proyecto de construcción de la playa artificial de Punta Larga, en Candelaria, dando comienzo al trámite para la licitación del proyecto, que deberá publicarse en un plazo de cinco ó seis meses en el Boletín Oficial del Estado. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “puesto que la arena de la playa está previsto obtenerla de la futura dársena de Granadilla, esto implica un retraso de los vertidos de áridos para la explanada y el espigón hasta, al menos, agosto de este año”. Pero además, indica Hernández, la declaración de impacto ambiental del proyecto de la playa de Punta Larga, publicado en diciembre, detalla respecto al dragado de 165.000 metros cúbicos de arena entre la explanada y el espigón del puerto  de Granadilla que “con el fin de garantizar la no afección sobre la especie de interés comunitario prioritario tortuga boba (Caretta caretta), con posible presencia en la zona de estudio, no se ejecutarán las actuaciones de dragado en el medio marino en el periodo comprendido entre los meses de mayo a septiembre, época reproductiva de esta especie y, por tanto, periodo de máxima sensibilidad”. Por lo tanto, concluye Octavio Hernández, “al menos hasta octubre no podrían comenzar los vertidos al mar, ya que la arena se quiere extraer de Granadilla porque no está contaminada y los vertidos generarían una pluma de finos que arruinaría no sólo los sebadales, sino el propio sedimento que se pretende dragar”. Este plazo podría ampliarse si se incluye el tiempo necesario para el dragado, “de uno a tres meses más”. El portavoz de Los Verdes considera que “la Autoridad Portuaria y la Abogacía del Estado deberían aclarar ante la Fiscalía cuál es el calendario real para los vertidos de áridos con los que se va a ganar terreno al mar y se va a construir el espigón”. Según Los Verdes, “los argumentos aducidos por la representación legal del Estado y de la Comunidad Autónoma respecto a la solicitud de caución de 31 millones de euros a Ben Magec debidos al retraso de las obras podría no tener fundamento objetivo, si las obras se retrasan a la espera de la extracción de arena para la playa de Punta Larga, al objeto de que los vertidos no arruinen la calidad del sedimento”. Octavio Hernández considera que “la medida de urgencia de paralización podría también estar injustificada si el calendario de obras para Granadilla debe acompasarse a la tramitación, licitación y ejecución del dragado de la arena de la prevista dársena, por lo que las diligencias de la Fiscalía deberían continuar sin la paralización cautelar, siempre que el calendario retrase los vertidos al mar hasta, por lo menos, octubre”. Por último, Hernández llama la atención de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre el hecho de que “se contemple paralizar las actuaciones en el medio marino de mayo a septiembre para no perjudicar a la tortuga boba, y no se contemple una medida idéntica para las obras del puerto, por lo que basándose en la declaración de impacto ambiental de la playa de Punta Larga no se podrían verter áridos al mar hasta octubre”.

Anexo:

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación de la playa de Punta Larga, de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/03/pdfs/A48353-48357.pdf

6. Condiciones al proyecto

Analizada la documentación y el expediente de información pública del proyecto, desde esta Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental, se establecen los siguientes condicionantes ambientales para garantizar la protección del medio:

Con el fin de garantizar la no afección sobre la especie de interés comunitario prioritario tortuga boba (Caretta caretta), con posible presencia en la zona de estudio, no se ejecutarán las actuaciones de dragado en el medio marino en el periodo comprendido entre los meses de mayo a septiembre, época reproductiva de esta especie y, por tanto, periodo de máxima sensibilidad.

Ante la proximidad de los sebadales de Cymodocea nodosa y el riesgo de afección por turbidez o enterramiento ante la posible formación y propagación de pluma de finos, se emplearán pantallas antiturbidez en todas las actividades que puedan implicar riesgo de puesta en suspensión de sedimentos. Estas cortinas antiturbidez funcionarán como complemento al efecto de contención de los espigones proyectados ante los sedimentos puestos en suspensión en fase de obras. Asimismo estas operaciones se procurarán realizar en periodos de calma o de escasa hidrodinámica de las aguas marinas a fin de evitar riesgo de escape de los sedimentos más allá de las pantallas.

De acuerdo con la documentación aportada por el promotor, la arena de regeneración se obtendrá del dragado de dársena del Puerto de Granadilla. La disponibilidad de este sedimento está condicionada, según establece la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a la previa satisfacción de las demandas de alimentación de las playas de La Jaquita y el Médano. En caso de que finalmente no fuese posible obtener del dragado del puerto de Granadilla el volumen de sedimento con las características requeridas para la regeneración de la playa de Punta Larga, y el promotor requiera obtener la arena de otra fuente, se redactará un proyecto modificado, que habrá de ser evaluado ambientalmente.

 Recomiendan la solicitud de revisión de oficio frente a  la vía contencioso-administrativa

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la decisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pulido, de recurrir la Orden Ministerial de 12 de febrero de 2009, del deslinde del tramo de costa de 1.537 metros de longitud, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente a la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, considera “llamativa, aunque no sorprendente, esta salida de tono del Gobierno de Canarias para defender que se recorte y no se amplíe el dominio público, en defensa de unas actuaciones municipales que menoscaban ese interés público y que varias sentencias han hecho indefendibles jurídicamente”. Según Hernández, “con la Ley de Costas en la mano los argumentos de ese recurso no nos parecen serios, no se sostienen”. Los Verdes consideran que “desde 1928 sucesivas leyes han definido igual el dominio público y, por lo tanto, el campo de fútbol de San Andrés era ilegal desde el mismo momento de su construcción”. Hernández insiste en que “la Ley de Costas es clara al señalar que las obras realizadas para ganar terrenos al mar no desvirtúan la demanialidad de los terrenos, es decir, su carácter de dominio público”. Hernández destaca que “según la Ley son de dominio público los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar, aunque la inundación haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes“. El portavoz verde recuerda a Miguel Ángel Pulido que según consta en la  Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral, que suscribieron CC y PP, los procedimientos de expropiación, rescate o demolición precisos “pueden justificarse por la regresión debida al cambio climático, basándose en previsiones de ascenso del nivel del mar que científicamente no han sido refutadas”. En consonancia con este extremo, Octavio Hernández señala que “en el puerto de Santa Cruz se han medido elevaciones de nivel que alcanzan hasta 13 centímetros, el mar va a volver reclamando lo que es suyo también en Las Teresitas y por eso la aplicación de la Ley de Costas debe ser estricta y declarar dominio público los terrenos naturalmente inundables de los que haya constancia histórica probada del alcance del mar, aunque la inundación de las mareas haya sido impedida por métodos artificiales“. En este sentido, Hernández señala que “si se quiere agilizar las actuaciones en la playa, la vía debiera ser la solicitud de revisión de oficio con pruebas contrastadas, pues un recurso contencioso-administrativo podría tardar hasta tres años en sustanciarse y eso iría en contra del interés público de mejorar la playa para su uso ciudadano”. El portavoz de Los Verdes destaca que “la argumentación del recurso anunciado por Pulido parece más un alegato publicitario de la actuación urbanística del Ayuntamiento que una fundamentación jurídica, de lo que deducimos que se trata de una maniobra dilatoria que condenamos por ser manifiestamente irresponsable viniendo del Gobierno de Canarias”. Hernández llama la atención sobre el hecho de que “no se recurre la Orden Ministerial para ampliar el dominio injusta o ilegalmente menoscabado, sino para reivindicar el menoscabo, algo realmente insólito”.

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de emitir un auto por el que establece un plazo de unos días para responder a la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción de suspender cautelarmente la descatalogación de los sebadales de Granadilla. El portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, señala que “el auto no concede de manera definitiva la paralización, sino asume la tutela de urgencia dando un plazo reducido para que el Gobierno de Canarias alegue en contrario y entonces decidirá sobre la petición que le ha sido formulada”. Hernández señala que “si el Gobierno de Canarias no logra justificar su actuación ante el TSJC contra los argumentos de la Federación Ben Magec, eso podría tener efectos en cascada sobre varios proyectos, como el de la playa artificial de Punta Larga”. Los Verdes han denunciado que Costas pretende extraer 362.000 metros cúbicos de arena de Granadilla para construir esta playa en Candelaria. Octavio Hernández considera que “el proceso de licitación para crear la playa durará unos seis meses, por lo que hay tiempo para que se resuelva ésta u otra paralización cautelar que pueda instarse en ese tiempo”. Sin embargo, aclara, “la arena de la dársena del futuro e hipotético puerto tendría que ser dragada antes del vertido de áridos al mar, pues si no se hace previamente esos vertidos contaminarán la arena y la inutilizarán para la playa, además de destruir el sebadal”. Por ello, Los Verdes consideran que “las obras de escombrado de la plataforma portuaria no podrían empezar antes de nueve meses, si contamos el plazo para la licitación y el dragado, a no ser que quieran poner un barrizal de grava en Punta Larga”. Si la Autoridad Portuaria “fuerza los plazos para evitar la paralización del proyecto de abrigo, Candelaria se quedará sin arena para Punta Larga, y si Costas retrasa las obras para extraer la arena antes de los vertidos, el puerto podría ser paralizado y el sebadal protegido”. Octavio Hernández concluye que “el infierno administrativo está servido si el TSJC admite la paralización cautelar, un infierno que algunos se han ganado a pulso por sus pretensiones insostenibles y torticera actuación”.

Una fotografía antigua muestra un gran charco de inundación que el deslinde deja fuera de dominio público en la zona del antiguo campo de fútbol de San Andrés

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han rebatido el trazado del nuevo deslinde de Las Teresitas aprobado por Orden Ministerial de 12 de febrero pasado. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, ha señalado que “la Ley de Costas es clara al señalar que las obras realizadas para ganar terrenos al mar no desvirtúan la demanialidad de los terrenos, es decir, su carácter de dominio público”. Hernández destaca que “según la Ley son de dominio público los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar, aunque la inundación haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes”. El portavoz de Los Verdes señala que “existe una relación de simetría entre el castillo de San Andrés y el muro sur del cementerio de San Andrés, ambas edificaciones siguen un patrón de ubicación para evitar los embates del oleaje y las inundaciones naturales”. Por ello, indica Hernández, “si trazamos una línea imaginaria siguiendo el muro del lado del mar del cementerio hasta el castillo, hallaremos donde se situaba la zona de inundación, que demostraría que gran parte del antiguo campo de fútbol se construyó en dominio público”. Octavio Hernández destaca que “esta sería la referencia del deslinde según la Ley de Costas, porque el campo de fútbol enterró parcialmente una zona de inundación”. Sin embargo, Costas respondió a todas las alegaciones que “no ha quedado acreditado que el campo de fútbol se inundara”. Hernández insiste, sin embargo, en que “los terrenos naturalmente inundables cuya inundación de las mareas ha sido impedida por métodos artificiales son dominio público marítimo-terrestre y el campo de fútbol constituía un obstáculo artificial, se extendió un terraplén después amurado sobre una zona encharcada e infiltrada casi permanentemente por el mar; la existencia de obras, como el aparcamiento de la actualidad, no desvirtúa la demanialidad de los terrenos”.

Prueba fotográfica

Los Verdes explican que “para determinar el alcance del mar, tanto en los grandes temporales como en las mayores mareas, se deben emplear en primer lugar las referencias comprobadas de que se disponga, y el propio Ministerio de Medio Ambiente recomienda especialmente el archivo fotográfico histórico”. Sin embargo, no existen fotografías aéreas oficiales anteriores a 1956. La fotografía más antigua de la desembocadura del barranco de San Andrés de la que dispone GRAFCAN es de 1962 “con el campo de fútbol ya construido”. Octavio Hernández aporta, sin embargo, “una fotografía oblicua, la única conocida, que se encuentra en el archivo fotográfico de la FEDAC y es perfectamente accesible, de cuando todavía no se había entullado la zona de inundación para hacer el campo de fútbol”. Esta fotografía, señala Hernández, “prueba que la referencia para situar el deslinde probable se debió obtener trazando una línea imaginaria entre el muro sur del cementerio y el castillo de San Andrés, pues de hecho en la fotografía si trazamos esa separación queda del lado del mar una zona encharcada en torno al canal del barranco, coronada por un gran charco visible a simple vista y poblada de vegetación halófila, adaptada a la salinidad como los saladares que crecen en otras playas del litoral canario”. Octavio Hernández destaca que “a esta zona se la llama todavía la Boca del Charco y los técnicos de Tragsatec debieron preguntarse por qué, cuál era ese charco, dónde se encontraba y cuánto abarcaba”. En la fotografía puede apreciarse que la zona de inundación ocupaba hasta la mitad del campo de fútbol que se construyó después: “en la fotografía, en esa parte no se aprecia actividad agraria y hay un camino que la separa de una finca agrícola que queda por encima; ese camino se alinea con el muro del cementerio y con el castillo, indicándonos de hecho el probable deslinde”.

Costas se contradice

La fotografía del archivo histórico de la FEDAC “permite explicar por qué al construir el campo de fútbol se dejó abierta la esquina inferior derecha, más cerca del mar, pues coincide con la zona donde antes había siempre un charco, un punto que estaba inundado antes por el agua casi permanentemente, como de hecho siguió ocurriendo después de entullarlo con el terraplén”. El nuevo deslinde aprobado por Costas “traza una línea desde la esquina más próxima al mar del cementerio hasta la esquina del campo de fútbol, dejando fuera del dominio público aquella zona que se encharcaba”. Según Octavio Hernández “el propio diseño y las obras del aparcamiento demuestran que el proyectista sabía muy bien que el mar llegaba hasta ese lado”. Si observamos las ortofotos de 2005 y 2006 –continúa Hernández-, “vemos cómo en las obras primero se hizo una carretera que bordeaba y evitaba la antigua zona de inundación, dejando del lado del mar el cuarto derecho del campo de fútbol”. Más tarde, se desechó esa vía y se construyó otra más cerca del mar “separando el edificio de aparcamientos más cerca de la playa artificial”. Por último, “se corta también esta carretera y se desvía el tráfico por detrás del mamotreto”.

Octavio Hernández destaca que “el nuevo deslinde desmiente a la propia Demarcación de Costas cuando ordenó paralizar las obras del edificio, porque todas aquellas obras se encontraban dentro del muro del antiguo campo de fútbol, hasta la rotonda prevista sobre la que se extendió el aparcamiento, y ahora el deslinde pasa por fuera de ese muro, tomando su esquina inferior derecha como referencia”. Con este nuevo deslinde, concluye Hernández, “la Dirección General de Costas no sólo incumple la Ley de Costas, porque deja fuera una zona que se inundaba antes de construirse el campo de fútbol, sino además se desdice y contradice totalmente sus propios informes y órdenes de paralización de los aparcamientos, pues con este deslinde, si hubieran continuado las obras, no se habría invadido el dominio público”.

Los Verdes-Grupo Verde consideran que Costas ha actuado “con arbitrariedad, desoyendo las evidencias, admitiendo un estudio técnico claramente deficiente”. Los recursos al deslinde, concluye su portavoz, “están totalmente justificados y amparados por la Ley de Costas”.

Imágenes:

FEDAC San Andrés (sin leyenda)
FEDAC San Andrés (con leyenda)

Mamotreto 2005
Mamotreto 2006
Mamotreto 2008