Los Verdes consideran que el Plan de Empleo para residentes es “una tomadura de pelo”

La obligatoriedad de que las empresas contraten un 10% de canarios “es como condicionar la contratación a que las personas vayan vestidas al trabajo”

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado la Estrategia Canaria de Empleo 2008-2013 que acaba de aprobar el Consejo del Gobierno de Canarias, documento conocido como “Plan de Empleo para residentes”. El portavoz de este partido en Tenerife y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, recordó que “en su día la portavoz del Gobierno, Carolina Déniz, afirmó que los canarios estaban discriminados respecto a los inmigrantes, y el consejero Jorge Rodríguez dijo que la tasa de empleabilidad de los inmigrantes es superior a la de los residentes canarios y por eso se les trata como grupo desfavorecido”. Sin embargo, critica Hernández, “ambas afirmaciones pretenden hacernos creer que los inmigrantes nos quitan puestos de trabajo, olvidan que son los empresarios quienes deciden a quién se contrata, olvidan que el empresario a menudo decide en función de menores costes laborales y más precariedad y no de la calidad en el empleo ni el origen de la persona, olvidan que todos los planes y políticas de empleo del Gobierno canario han sido y son en realidad planes para residentes, olvidan que del total de los afiliados a la Seguridad Social en Canarias, que asciende a 790.000 trabajadores, solamente 97.000 son extranjeros”. Hernández recordó que Paulino Rivero firmó en 2002 en nombre de Coalición Canaria el Pacto canario sobre Inmigración, que consideraba la integración de los inmigrantes fundamentalmente como inserción sociolaboral que se debía favorecer. De hecho –señala- el diagnóstico del II Plan Canario para la Inmigración 2006-2008 dice textualmente que “no cabe la menor duda que los trabajadores extranjeros no encuentran oportunidades laborales en las Islas, especialmente en los sectores más expansivos y también que más mano de obra local absorben: los servicios y la construcción”.

10% de residentes

El candidato de Los Verdes-Grupo Verde calificó de “auténtica tomadura de pelo” que la anunciada prioridad para los residentes canarios en el empleo “haya quedado reducida a la obligatoriedad de que las empresas contraten un 10% de canarios en el servicio que presten a la Administración, porque eso es como condicionar la contratación a que las personas vayan vestidas al trabajo, son condiciones sin contenido de obligación real ya que la inmensa mayoría de las empresas canarias están formadas y emplean residentes canarios, para ese viaje no hacían falta esas alforjas”. Octavio Hernández señala que “lo raro sería lo contrario: que una empresa de Canarias no tuviera al menos un 10% de residentes contratados”. Hernández piensa que “el Gobierno ha vaciado totalmente el concepto de discriminación positiva que pretendía aplicar a los canarios, reconociendo implícitamente que la Unión Europea sólo admitiría ese tipo de medidas si derivaran de un derecho civil canario de nacionalidad, pero este es inexistente en el estatus autonómico y de región ultraperiférica, que está condicionado a la libre circulación de trabajadores, y sólo podría admitirse en caso de que el archipiélago constituyera un Estado miembro con una nacionalidad reconocida constitucionalmente, condición que ostenta España y no Canarias”.

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Los Verdes piden al PSOE que reconozca su “error político” con Caletillas

Consideran que el PSOE “ya no libra una batalla por el cierre de Caletillas, sino por salvar su propia credibilidad como partido”

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han pedido al consejero del grupo del PSOE en el Cabildo, Ricardo Guerrero, y al alcalde de Candelaria, Gumersindo García, que “admitan que se han equivocado y reconozcan que ha sido un error político hacer demagogia con el cierre de la central eléctrica de Caletillas”. El portavoz en Tenerife de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señaló que “cuestiones como el pulso presupuestario que mantiene el ayuntamiento con el Cabildo, la convocatoria electoral o la preselección del futuro Secretario Insular del PSOE están en la trastienda de esta polémica”. Hernández considera que “la respuesta de Los Verdes ha desmantelado el frente ficticio que pretendían abrir con el Cabildo, al demostrar que la posición de Ricardo Guerrero, Santiago Pérez y Gumersindo García se basaba en una improvisación sin fundamento, y por eso ahora el PSOE ya no libra una batalla por el cierre de Caletillas, sino por salvar su propia credibilidad como partido”. El portavoz advierte que “cuanto más insistan en atribuir competencias a quien no las tiene más bajo caerá su credibilidad, pues seguiremos insistiendo en que el PSOE no se preocupó, no hizo los deberes cuando pudo, ante su propio Gobierno en la planificación eléctrica del Ministerio de Industria y el informe de sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, y tampoco durante las alegaciones a la adaptación del Plan Insular a las Directrices”. Para Hernández “Ricardo Guerrero viene insistiendo hace tiempo en que el Cabildo localice a través del PIOT o de un Plan Territorial las infraestructuras energéticas y debería saber que una cosa es que la planificación pueda establecer determinadas reservas de suelo o corredores de referencia territorial y otra muy distinta que disponga del suelo e instalaciones propiedad de Unelco-Endesa ya existentes, que el Cabildo puede inventariar y situar en la ordenación pero no expropiar ni usurpar, como parece pretender el PSOE”. El portavoz verde aclara, en este sentido, que “el alcalde de Candelaria está totalmente equivocado en la interpretación que hace del concepto de planificación indicativa : él interpreta erróneamente que se refiere a que las administraciones no están obligadas, pero es «indicativa» precisamente para dar libertad de acción a los operadores privados en el mercado liberalizado, no a las administraciones, respecto a la situación del sistema público que existía antes de 1997”. Por otra parte, destaca, “la planificación obligatoria afecta a la central, pues no se puede separar el cableado de alta tensión y el ramal del gasoducto, que son obligatorios, de los equipos de generación, de manera que ambas formas de planificación están inseparablemente unidas y coordinadas en la práctica”. Por último, Octavio Hernández sugirió a Ricardo Guerrero y Gumersindo García que “no den la espalda a la solución propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria de acuerdo con Unelco-Endesa para reducir las emisiones de Caletillas de 845.000 toneladas a 130.000 en 2012, pues esta es la verdadera posición del Gobierno de Zapatero”. Hernández ironizó con que “después de las elecciones le darán la vuelta al calcetín y dirán que no consiguieron el cierre pero lograron que se reduzca significativamente la contaminación y entonces Los Verdes preguntaremos al PSOE cuándo van a cerrar Caletillas”.

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Los Verdes consideran abusivos los “Derechos de Formación” de menores deportistas

Exigen al Gobierno de Canarias la anulación del Artículo 7 del Reglamento Técnico de la Federación de Lucha Canaria

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han considerado “cláusulas abusivas todas aquellas disposiciones de las federaciones deportivas que ligan a deportistas menores de edad a sus clubes de origen mediante los denominados Derechos de Formación, consistentes en impedimentos económicos para poder ejercer la libertad de elegir otra asociación deportiva para continuar practicando deporte y participando en las competiciones”. El portavoz de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “el caso del joven luchador Héctor Correa puede afectar al conjunto del deporte infantil de Canarias, porque es de esperar que obligue al Gobierno autonómico y a la Dirección General de Deportes a cumplir la regulación europea recogida en la Declaración de Niza, que ya ha tenido que ser asumida en casos similares por la FIFA para el fútbol infantil”. Correa ha recurrido por vía contenciosa el artículo 7 del Reglamento Técnico de la Federación de Lucha Canaria, ya que su traspaso al Club de lucha Benchomo Ramos Cruz de Güímar fue condicionado, en cumplimiento de dicha disposición, por el Club de lucha Machado Castro Delgado al pago de una “carta de libertad”. Según Hernández, sucesivos reglamentos federativos han incorporado la obligatoriedad del abono de derechos de formación en forma de cantidades económicas a percibir por los clubes de origen del menor deportista aficionado para que éste pueda competir en otra entidad, “imitando unas condiciones que en el deporte profesional se fijaron para proteger la inversión en los contratos con vistas a retener a los deportistas profesionales, condicionando su traspaso al pago de una cantidad por rescisión”. El candidato de Los Verdes-Grupo Verde critica que la Dirección General de Deportes se haya declarado incompetente para corregir “este mimetismo, porque está totalmente injustificado desde un punto de vista legal y contraviene la normativa europea de aplicación”. Se da la circunstancia de que los costes de formación de los deportistas infantiles, alevines y cadetes, “casi siempre son pagados por los padres y madres o por otras administraciones, y no costeados por el club,  de manera que no tiene ningún sentido impedir a los menores elegir otra entidad condicionándolo al abono de unos derechos que no responden a ninguna relación económica contractual entre el deportista y el club de origen como la existente en el deporte profesional”. Octavio Hernández señala que “los clubs han encontrado una vía de financiación ilegítima a costa de los derechos de los menores al disfrute de la actividad deportiva, los derechos de formación son un abuso que aprovecha el vacío existente en la legislación de Menores sobre la participación de niños y adolescentes en asociaciones deportivas, pero desde la Declaración de Niza no hay ningún motivo para que el Gobierno de Canarias no corrija esta situación”.

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El PSOE sabía que la competencia del cierre de Caletillas corresponde en exclusiva a Unelco

Los Verdes hacen pública una respuesta del Gobierno central a Gloria Rivero que así lo demuestra

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han hecho pública una pregunta presentada en el Congreso por las diputadas del PSOE Mercedes Coello y Gloria Rivero en diciembre de 2005 sobre la fecha de cese de actividad de la central de Caletillas y su posible reconversión, y la respuesta del Gobierno central “que es taxativa sobre la competencia que tiene el titular de la instalación, Unelco-Endesa, para cerrarla”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señala que “el PSOE sabe desde 2006 que la reconversión y la fecha concreta en que se producirá el cese de actividad de esta central son decisiones que corresponden a Unelco-Endesa y no al Cabildo”. Hernández considera que el alcalde de Candelaria, Gumersindo García, “hace el ridículo y no sabe de qué habla cuando pide que el Cabildo asuma la competencia de cerrar la central sobre Unelco-Endesa, pues eso sería ilegal”. El 26 de octubre de 2006, las diputadas Mercedes Coello y Gloria Rivero preguntaron al Gobierno:

“¿Hasta qué año tiene previsto funcionar la central eléctrica ubicada en la isla de Santa Cruz de Tenerife (Candelaria 3 y 4), tras acogerse a la 3.ª opción del Decreto 2004, que traspuso la Directiva 2001 de la UE sobre limitar partículas de emisión de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre? En caso de cesar su funcionamiento, ¿en qué va a consistir la reconversión?”.

El 27 de enero de 2006, el Gobierno central respondió a las diputadas del PSOE en los términos siguientes:

“La decisión sobre la fecha de cierre de una instalación, de acuerdo con la normativa vigente (Ley 54/1997, del sector eléctrico, y Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica) corresponde al titular de la misma.

Uno de los condicionantes que pueden influir de forma importante en las decisiones sobre el cierre de centrales térmicas, es el correspondiente al cumplimiento de los requisitos ambientales, en particular, los derivados del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se trasladó a la legislación española la Directiva Comunitaria 2001/80/CE, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión.

De acuerdo con lo establecido en la Directiva 2001/80/CE, y en el Real Decreto 430/2004, se permite, como excepción, que las grandes instalaciones de combustión existentes que no deseen acogerse a los requisitos de reducción de emisiones del Plan Nacional de Reducción de Emisiones para Grandes Instalaciones de Combustión, sólo podrán estar operativas, como máximo, 20.000 horas, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015.

La Central de Candelaria (Grupos 3 y 4), ubicada en la Isla de Santa Cruz de Tenerife, según notificación del titular de la misma al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, va a acogerse a la excepción de las 20.000 horas.

No obstante, no se conoce actualmente, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comunicaciones, en que va a consistir la reconversión de la Central de Candelaria (Grupos 3 y 4) cuando cierre y la fecha concreta en que se producirá el cese de actividad de esta Central, decisiones que corresponden al titular de la misma.”

Octavio Hernández indica que, con posterioridad, Unelco-Endesa definió la reconversión de las instalaciones de Caletillas para que en 2012 las emisiones disminuyan desde las 845.000 toneladas actuales a las 130.000 que obliga el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, y para ello previó en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2007-2016 dar de baja en el año 2011 a tres grupos diesel y uno de gas, y en el año 2012 a dos de vapor, ya que estos equipos de generación sólo podrán funcionar 20.000 horas, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015”. Hernández señala que la decisión de Unelco-Endesa “es independiente de lo que establezcan las Directrices o el Cabildo en el Plan Territorial, pues la planificación indicativa precisamente le da libertad sobre las instalaciones de las que es titular y porque tanto un ramal del futuro gasoducto como varias líneas de alta tensión prioritarias tienen carácter obligatorio y afectan a la central, en contra de lo afirmado por el alcalde desde el desconocimiento”. El portavoz verde señaló su “extrañeza por la insistencia que ahora hacen sobre el artículo 36.8 las Directrices, porque el grupo del PSOE en el Cabildo no presentó alegaciones para cerrar Caletillas durante la adaptación del PIOT a las Directrices, sino que pidió que se incorporara el emplazamiento de gasoductos, según el artículo 36.5, que incluiría el previsto para alimentar el ciclo combinado de esta central; con posterioridad, Ricardo Guerrero volvió a insistir en criticar que el Cabildo no señale estas infraestructuras en el plan territorial, entre las cuales está el ramal a Caletillas”. En concreto, con fecha 4 de abril de 2007 las alegaciones del PSOE solicitaban:

“La directriz 36. 5 dice “que los Planes Insulares de Ordenación señalarán los corredores para las conducciones de energía”, por lo que hay que considerar los gasoductos en la planificación energética del PIOT, igual que se ha considerado las líneas energéticas de alta tensión.”

Octavio Hernández preguntó “si según el PSOE hay que aplicar las Directrices y poner los gasoductos en el PIOT, que forman parte de la planificación obligatoria estatal, y uno de estos va a Caletillas ¿cómo van a pedir a la vez que se cierre la central según las mismas Directrices? Si las diputadas del PSOE sabían desde febrero de 2006 que la decisión del cierre corresponde a Unelco-Endesa y que la empresa se había acogido a una limitación del plazo de funcionamiento hasta 2015 para proceder a una profunda reconversión ¿por qué Santiago Pérez, Ricardo Guerrero y Gumersindo García no se informan en su propio partido antes de emprender una cruzada contra el Cabildo?”.

Relacionado:

Pregunta de las diputadas sobre Caletillas:

«BOCG. Congreso de los Diputados» Núm. D-304, de 12/12/2005 Pág.: 103

184/052111

A la Mesa del Congreso de los Diputados Doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Hasta qué año tiene previsto funcionar la central eléctrica ubicada en la isla de Santa Cruz de Tenerife (Candelaria 3 y 4), tras acogerse a la 3.ª opción del Decreto 2004, que traspuso la Directiva 2001 de la UE sobre limitar partículas de emisión de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre?

2. En caso de cesar su funcionamiento, ¿en qué va a consistir la reconversión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2005.—María Mercedes Coello Fernández-Trujillo y Gloria Elena Rivero Alcover, Diputadas.

Respuesta del Gobierno:

«BOCG. Congreso de los Diputados» Núm. D-339, de 22/02/2006 Pág.: 427
Contestación del Gobierno

184/052111

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes, y Rivero Alcocer, Gloria Elena (GS).

Respuesta:

La decisión sobre la fecha de cierre de una instalación, de acuerdo con la normativa vigente (Ley 54/1997, del sector eléctrico, y Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica) corresponde al titular de la misma.

Uno de los condicionantes que pueden influir de forma importante en las decisiones sobre el cierre de centrales térmicas, es el correspondiente al cumplimiento de los requisitos ambientales, en particular, los derivados del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se trasladó a la legislación española la Directiva Comunitaria 2001/80/CE, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión.

De acuerdo con lo establecido en la Directiva 2001/80/CE, y en el Real Decreto 430/2004, se permite, como excepción, que las grandes instalaciones de combustión existentes que no deseen acogerse a los requisitos de reducción de emisiones del Plan Nacional de Reducción de Emisiones para Grandes Instalaciones de Combustión, sólo podrán estar operativas, como máximo, 20.000 horas, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015.

La Central de Candelaria (Grupos 3 y 4), ubicada en la Isla de Santa Cruz de Tenerife, según notificación del titular de la misma al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, va a acogerse a la excepción de las 20.000 horas.

No obstante, no se conoce actualmente, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comunicaciones, en que va a consistir la reconversión de la Central de Candelaria (Grupos 3 y 4) cuando cierre y la fecha concreta en que se producirá el cese de actividad de esta Central, decisiones que corresponden al titular de la misma.

Madrid, 27 de enero de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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Los Verdes consideran que el PSOE “se ha metido en un jardín” con la central de Caletillas

Critican que Santiago Pérez, Ricardo Guerrero y Gumersindo García desconocieran la planificación del sistema eléctrico hasta leerlo en un comunicado de Los Verdes

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han respondido a los portavoces del PSOE en el Cabildo, Santiago Pérez y Ricardo Guerrero, y al alcalde de Candelaria, Gumersindo García, “que antes de tirarse a una piscina sin agua tenían que haber estudiado y actuado como partido y corporación ante las instancias competentes en la planificación del futuro de la central de Caletillas, en lugar de copiar deprisa y corriendo una información hecha pública por Los Verdes”. El portavoz de esta formación en Tenerife y candidato al Congreso por Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señaló que “el PSOE se ha metido en un jardín del que ahora no sabe cómo salir”. Hernández retó al alcalde de Candelaria a “demostrar que la planificación obligatoria no afecta a la central de Caletillas” y criticó que “este señor es un indocumentado y no tiene ni idea de cómo está regulada la planificación, no sabe que generación y transporte y electricidad y gas están integrados y obligatoriamente coordinados, ni que los sistemas aislados tienen reconocido un tratamiento especial en razón de su vulnerabilidad”. Octavio Hernández indicó que “las propuestas sobre Caletillas que aparecen en la planificación estatal fueron elaboradas por  un Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en Sistemas Eléctricos Aislados, integrado en el Grupo de Seguimiento de la Planificación, y proceden, como no puede ser de otra manera, del operador del sistema, Unelco-Endesa, y del gestor de la red, Red Eléctrica”. Hernández señala que “el Plan General de Candelaria se contradice y está desfasado respecto a las medidas de planificación eléctrica y las aplicadas a la central, y las mociones y posicionamientos del PSOE han partido de un desconocimiento negligente e irresponsable de cuál es la función y evolución prevista para Caletillas, que ahora no saben cómo encajar”. El portavoz reconoció haber “sentido vergüenza ajena al ver cómo los portavoces socialistas en el Cabildo copiaban nuestro comunicado y aterrizaban sin ruedas en la realidad para hacer electoralismo: Los Verdes no somos responsables de ese desaguisado, simplemente hemos puesto de manifiesto que el PSOE ha actuado con exclusivos fines de politiquería barata”. Hernández demandó que “Santiago Pérez, Ricardo Guerrero y Gumersindo García expliquen por qué no alegaron en abril de 2007 sobre la central de Caletillas durante la adaptación del PIOT a las Directrices, y sin embargo desde el grupo del PSOE en el Cabildo se pidió entonces y después que se incluyera la red de gas natural, que en la planificación obligatoria prevé un ramal a la central de Caletillas para ciclo combinado”. Resaltó que “los vecinos tienen que saber que el PSOE no hizo los deberes en 2006 y 2007, ni ante el Cabildo, ni ante el Gobierno de Canarias, ni ante el Gobierno central, y por eso emprender ahora una cruzada de demagogia sobre la central es políticamente impresentable, es un engaño que evade la propia responsabilidad”. Así mismo, se refirió a que la resolución sobre el informe de sostenibilidad ambiental “que culmina la tramitación del documento de planificación previa a la aprobación por el Gobierno central, fue firmada el 31 de enero pasado por el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, y por el Secretario General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, y sólo recibió alegaciones para Canarias por parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario; el ayuntamiento de Candelaria pudo intervenir a través de la FEMP o la FECAM o directamente a través de sus diputados y senadores, pero no lo hizo”. Como curiosidad, Octavio Hernández recordó a Santiago Pérez “que ha propuesto recientemente en el Parlamento una Ley para aplicar a los planes la denominada alternativa cero, que dicho informe de sostenibilidad descartó la alternativa cero sobre las propuestas que afectan, entre otros, a los equipos de generación de Caletillas dado que esa planificación “asume planes y objetivos ya aprobados y en vigor y cuya aplicabilidad no se cuestiona ni tiene sentido buscarles alternativas”, según aclara el documento”. “Esta no es la política energética de Los Verdes -concluyó-, es la política del PSOE”.

Bermúdez

El portavoz de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde también tuvo palabras para  responder a las declaraciones del consejero insular José Manuel Bermúdez sobre esta misma polémica: “Simplemente recordarle que no fue Santiago Pérez el responsable del tendido eléctrico por la autopista. La postura fue compartida por varios alcaldes de CC, que defendieron en contacto con nosotros una propuesta de soterramiento a través de una galería de servicios e incluso viajaron a Madrid a comprobar in situ la viabilidad de los tendidos subterráneos de Unión Fenosa, pero Unelco-Endesa, REE y el gobierno de Adán Martín, si bien admitieron pasarlo por la autopista, rechazaron soterrarlo ni completo, ni por tramos, como proponíamos”. Hernández explicó que “el trazado actual por la autopista cumple los requisitos especiales para el soterramiento”. Respecto a la oposición a la línea eléctrica por Vilaflor, Octavio Hernández alertó que “ahora se está barajando dentro de la planificación obligatoria la hipótesis de un gasoducto, que todavía no está aprobado, con un trazado muy parecido al del tendido de alta tensión de Vilaflor, el denominado Tramo Sur de Tenerife, de 19 kilómetros, por la Corona Forestal”.

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Los Verdes denuncian que el PSOE engaña a los vecinos sobre la central de Caletillas

Está previsto trasladar las turbinas de Arona y Guía de Isora a Candelaria

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han denunciado la “demagogia del PSOE sobre la central térmica de Caletillas”, ante las mociones presentadas por el grupo de gobierno de Candelaria el pasado 31 de enero y 14 de febrero en las que se solicita al Cabildo insular que incluya en el borrador del Plan Territorial Especial de Ordenación Energética un plazo para clausurar esta instalación en la misma fecha que prevé el Plan General de Ordenación, que fue aprobado en mayo de 2007 y fija un plazo de 8 años que vencería en junio de 2015 para que cese la actividad de la central. El portavoz de Los Verdes en Tenerife y candidato al Congreso por Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señaló que “con posterioridad a la aprobación del PGO en que se basan ambas mociones, el Ministerio de Industria dio a información pública, el 1 de agosto de 2007, el documento preliminar de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2007-2016, donde se establecen con carácter obligatorio según la Ley del sector eléctrico  las previsiones sobre las instalaciones que forman parte de la red de transporte de energía eléctrica, realizadas por el Gobierno con participación de la comunidad autónoma”. Hernández destaca que respecto a Tenerife, para elaborar este documento se creó un Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en Sistemas Eléctricos Aislados, integrado en el Grupo de Seguimiento de la Planificación, el cual “estima necesario como mínimo mantener las ubicaciones actuales de Granadilla y Caletillas, tanto por una justificación de carácter estratégico energético, como por la relativa proximidad de ambos emplazamientos a los centros de consumo más importantes, e incluso recomienda crear una tercera central en esta isla”. El portavoz de Los Verdes señala que “no nos consta que el ayuntamiento presentara alegaciones a esta planificación, de manera que las mociones al Cabildo son inútiles, extemporáneas y demagógicas, pues ninguna de las dos administraciones locales es competente en la planificación estructural del sistema eléctrico”. Además, el candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde indicó que “la hipótesis del PSOE es un engaño, porque si bien el PGO habla de cerrar la central en 2015, admite proyectos de ejecución de nuevas subestaciones y centros de transformación, que se proyectarán y tramitarán junto con las líneas de alta tensión que confluyan en ellos”. En este sentido, “el PGO no impide el desarrollo de las medidas obligatorias previstas por el Ministerio de Industria y además está desfasado respecto a las previsiones que establece esa Planificación para la central térmica de Caletillas”. Octavio Hernández señala que las emisiones de la central térmica verificadas en 2006 ascienden a 845.000 toneladas de CO2, SO2, Nox, partículas y otros compuestos, debido a que sus actuales equipos de generación son obsoletos, pero el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un Real Decreto en noviembre de 2006 sobre el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, que establece que la central térmica de Caletillas deberá pasar a casi 130.000 toneladas en el 2012 y para ello se va a dar de baja a los equipos actuales”. Hernández indica que “el PSOE pide el cierre en 2015 de la actual instalación, pero en 2015 la central no tendrá nada que ver con la que ahora existe, porque todos sus equipos van a ser sustituidos: se prevé dar de baja en el año 2011 a tres grupos diesel y uno de gas, y en el año 2012 a dos de vapor”. En su lugar, señalan Los Verdes, “la Planificación 2007-2016 del Ministerio ha previsto trasladar primero en 2008 las turbinas Twin Pack de Arona y de Guía de Isora a Candelaria, de 44 Mw cada una, y más adelante en 2010 está previsto poner en actividad 3 turbinas de ciclo combinado de gas natural, alimentadas por un ramal del futuro gasoducto que va a Santa Cruz, y una de vapor de 37 Mw cada una”. Las previsiones contempladas en el PGO para limitar las emisiones según un Plan Especial de Medidas Correctoras de UNELCO son “no concuerdan con esta planificación y resultan irreales”-concluye Hernández-  “porque los grupos de vapor ya están acogidos al límite de 20.000 horas de funcionamiento entre 2008 y 2015, recogido en la normativa de grandes instalaciones de combustión, por lo que tienen limitada su producción total y su vida útil y serán sustituidos, y el fuel dejará de ser el combustible empleado”. El portavoz de Los Verdes concluye que “el grupo de gobierno del PSOE de Candelaria está engañando a los vecinos, porque oculta o ignora que lo previsto es que la central se quede en Caletillas cambiando toda su tecnología, porque se basa en un PGO que no se ajusta a la realidad ni a la obligatoriedad de planes de superior jerarquía y porque habla del año 2015 sin pronunciarse sobre la sustitución ya prevista de los equipos existentes antes de esa fecha, ni sobre el traslado de aquí a un año de las polémicas turbinas de Arona y Guía de Isora a Candelaria, que emiten 123.000 toneladas de gases contaminantes según el Plan Nacional de Asignación”.

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Los Verdes considera «difícilmente explicable» la conducta de Macario Benítez en la montaña Carbonero.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 2008

Los Verdes considera “difícilmente explicable” la conducta de Macario Benítez en la montaña Carbonero

Así lo informan a la Fiscalía mediante una “pormenorizada descripción de los hechos”

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han considerado “difícilmente explicable la conducta del alcalde de El Rosario, Macario Benítez, del PSC-PSOE, en el tratamiento dado por el Plan General de Ordenación a los terrenos de la montaña Carbonero y su entorno”. Así se desprende del informe que han elaborado para la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante una “pormenorizada descripción de los hechos, cuya secuencia es compleja”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “hemos detectado hasta seis diseños distintos de calificación y distribución de usos para los mismos terrenos y hasta seis decisiones en sesión plenaria relacionadas con la redacción del Plan General donde el grupo de gobierno presidido por Macario Benítez respaldó tales propuestas desde 2003 hasta 2007, en medio de las críticas que advertían irregularidades en la montaña y con el voto en contra de la oposición”. Hernández considera que “hay que partir de la presunción de inocencia y esperamos que la Fiscalía abra diligencias para que el alcalde, los concejales o los técnicos, no sólo del ayuntamiento sino también del Cabildo y la Consejería de Medio Ambiente y de la empresa redactora, puedan explicar lo sucedido en torno a estos terrenos que incluyen una propiedad de Macario Benítez”. El portavoz insular de Los Verdes relata que, tras el intento de planificar el municipio, el ayuntamiento solicitó a la empresa Gesplan la redacción del PGO, aunque el documento sería encargado más tarde a la consultora Estudio Luengo S.L.. Tras varios retrasos, la redacción propuesta por Gesplan fue impulsada después de las elecciones de mayo de 2003, cuando ya el Plan Insular de Ordenación (PIOT) estaba aprobado. Octavio Hernández señala como “llamativa curiosidad” que el alcalde negara en declaraciones a la prensa en 2006 que fueran de su propiedad las tierras que posee al pie del cono volcánico de Carbonero, alegando que pertenecían a su familia. “Desde principios de 2004, cuando se retira el documento de Gesplan –señala Hernández- comienza un auténtico vía crucis para la familia propietaria de la montaña, que ve frustradas varias alegaciones sucesivas y sufre una expulsión del padrón de habitantes decretada por el alcalde y anulada luego por una contundente sentencia de los tribunales, todo ello mientras rechaza la propuesta municipal de urbanizar”. A lo largo de los años transcurridos desde que se reinició la tramitación del PGO y Macario Benítez puso a su nombre las fincas en la base de la montaña, “el objetivo de urbanizar este suelo rústico protegido ha sido reafirmado casi en cada nueva propuesta de redacción del ayuntamiento, a la vez que el grupo de gobierno y el equipo redactor, a través de la concejala de urbanismo Ana Lupe Mora, declinaban las peticiones de reservar un uso agrícola respetando el PIOT, que considera estas tierras entre las mejores de Tenerife para cultivos de secano”. Para el partido ecologista, esta negativa resulta “llamativa, tratándose de propiedades del alcalde, sobre todo porque él mismo negó en la prensa que los terrenos fueran suyos, pero lo eran”. Los Verdes decidieron trasladar un informe a la Fiscalía tras las declaraciones a la prensa de la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, la semana pasada, en las que explicaba que el visto bueno técnico de la corporación insular se había dado a propuesta del ayuntamiento y declaraba desconocer que el alcalde era uno de los propietarios afectados por esas decisiones administrativas sobre el Área de Regulación Homogénea de montaña Carbonero. Octavio Hernández destacó que tanto el anterior consejero insular de Planificación, José Manuel Bermúdez, como el Viceconsejero de Ordenación del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, “dieron la razón a la familia propietaria antes de la aprobación definitiva del PGO, y este último incluso apuntó públicamente la posibilidad de irregularidades, que ahora la Fiscalía podrá analizar con más detalle”.

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Los Verdes insisten en los riesgos de las regasificadoras terrestres.

Temen que el proyecto off-shore sólo llegue a ejecutarse en Gran Canaria

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han pedido “reflexión a las administraciones competentes en Canarias” ante el incidente que ha tenido lugar en Estados Unidos, donde un buque gasero de bandera española, el “Catalunya Spirit”, quedó a la deriva el pasado lunes por avería mientras se aproximaba al puerto de Boston con 138.000 toneladas de gas licuado en sus bodegas. Este barco, botado en 2003 por Izar para Gas natural y Repsol-YPF, ha sido remolcado a alta mar para proceder a su reparación, debido al riesgo de que encalle. El portavoz de Los Verdes en Tenerife y candidato al Congreso por Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, ha señalado que “es uno de los primeros incidentes graves con un buque gasero, pero no será el último porque la flota mundial crece mucho más rápido que las medidas de seguridad” y advirtió que “precisamente en Boston está en construcción una regasificadora mar adentro y lo sucedido con el Catalunya Spirit impulsa de manera definitiva esta alternativa frente a las instalaciones portuarias, ya que la deflagración accidental extendería sus efectos más de un kilómetro alrededor”. Hernández recordó, en referencia a Granadilla, que “proyectar un puerto gasero en una de las zonas de viento más potentes de la Unión Europea ha sido una temeridad, porque la maniobrabilidad del buque no se podrá garantizar en condiciones seguras”.

Off-shore en Gran Canaria

El candidato al Congreso considera que “Tenerife está quedando descolgada frente a los avances del Cabildo y la mancomunidad del Sureste en Gran Canaria, que presentaron con éxito una propuesta mar adentro alternativa el pasado 1 de febrero ante los directores generales de Industria, Medio Ambiente y Costas y el presidente de Puertos del Estado, que tiene visos de poder ser admitida finalmente”. La propuesta consiste en construir dos tanques de 150.000 metros cúbicos sobre una isla artificial de 300.000 metros cuadrados levantada en el mar a dos kilómetros de la costa con un dique de 400 metros para los buques gaseros y un gasoducto submarino hasta tierra. Octavio Hernández afirma que esta “capacidad de iniciativa contrasta con la dejación que en nuestra isla están haciendo todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo”. La consecuencia de esa pasividad, según Hernández, “será que la Administración central dará viabilidad a la instalación mar adentro en Gran Canaria porque podrá ajustar los sobrecostes gracias a que no habrá que hacer un desembolso equiparable en Tenerife, de manera que por la incompetencia y docilidad de CC, PP y PSOE en esta isla vamos a quedar descolgados y perder la oportunidad de contar con una tecnología más segura y avanzada”, concluyó. El portavoz de Los Verdes en Tenerife abogó por “ejecutar en Gran Canaria un proyecto off-shore de menor coste e impacto ambiental que el presentado en Madrid, para que no absorba la financiación que sería necesaria para situar una regasificadora similar en Granadilla”.

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Los Verdes rechazan las declaraciones de Ricardo Guerrero sobre los derribos de Costas.

Recuerdan que el Convenio de actuaciones en Costas de 1998 se renovó en 2007 con el PSOE al frente de Medio Ambiente

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado las declaraciones del consejero del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, que ha rechazado la propuesta de flexibilizar la aplicación de los deslindes de Costas para que se estudie caso por caso los expedientes de derribo. Según el portavoz en Tenerife de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, “tanto Ricardo Guerrero como más recientemente el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Candelaria, Domingo Ramos, primero culpan a CC y PP de haber firmado el Convenio de 1998 y ahora los culpan por querer flexibilizarlo ¿en qué quedamos? ¿qué manera es esta de hacer oposición?”, preguntó. Guerrero y Ramos han culpado públicamente de los derribos a los partidos que gobernaban en 1998, cuando en aplicación de la nueva Ley de Costas Antonio Castro, entonces consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en pacto CC-PP, y la Ministra de Medio Ambiente, del PP, Isabel Tocino, suscribieron el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras de costas (publicado en el BOC el 4 de marzo de 1998), cuyo anexo citaba las actuaciones propuestas para el cumplimiento de la nueva legislación de Costas. Hernández, considera que las críticas de Ricardo Guerrero “no tienen fundamento, porque la competencia dentro del dominio público es del Ministerio, es decir, del PSOE”. El citado convenio de 1998 “si bien incluía efectivamente esas propuestas de recuperación en frentes, paseos, playas y costas, ninguna de las cláusulas contemplaba cómo se iba a ejecutar esas previsiones”, sino que se derivaba a “lo que oportunamente acuerde la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control” creada en el marco del convenio. Así mismo, señala el portavoz de Los Verdes en Tenerife, el texto suscrito en 1998 recogía que “los estudios previos, anteproyectos y proyectos que sean precisos para la ejecución de las obras serán aprobados por la Administración que financie y contrate la actuación de que se trate, así como la actuación la licitación, contratación, ejecución, dirección, control, vigilancia y pago de las obras”, pero atribuía a la Comunidad Autónoma de Canarias exclusivamente “las actuaciones incluidas en el presente Convenio, que se realicen fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre una vez terminadas, corriendo por su cuenta los gastos de conservación, mantenimiento y explotación”. De esta manera, concluye Octavio Hernández “el convenio dejaba clara la responsabilidad directa del Ministerio en los núcleos irregulares que ocupaban el dominio público, como Cho Vito, si bien nada detallaba sobre la ejecución de las demoliciones más allá de una cita en el Anexo”. El Gobierno de canarias, concluye Hernández, “no puede flexibilizar el Convenio sin el acuerdo de la Administración central en la Comisión Bilateral, de manera que la denuncia de Ricardo Guerrero de que esa flexibilización obedecerá a intereses privados sólo se cumplirá si su partido gobierna y lo permite”.

Convenio de 2007

El portavoz verde recuerda al PSOE que la decisión final sobre las demoliciones de los núcleos costeros irregulares “no se tomó en 1998, sino en la reedición del Convenio en 2007”, a través de la Resolución de 23 de marzo, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral (BOE de 19 de abril de 2007). Los Verdes señalan que “a la fecha de conclusión del primer convenio, cuyo programa de ejecución de las obras estaba previsto para siete años, entre 1998 y 2004, ambos inclusive, no se habían ejecutado las demoliciones”. Octavio Hernández recrimina a Ricardo Guerrero “que haya ocultado que la segunda fase del convenio fue desarrollada durante la administración de Rodríguez Zapatero, después de 2004, con Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el Plan de Deslindes previsto hasta 2008 y el Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa”, que son instrumentos que sí contemplan la ejecución de actuaciones de recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados, limitándolas en una primera etapa a la costa mediterránea, la costa del golfo de Huelva y la de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

El portavoz de Los Verdes detalla que “a diferencia del texto de 1998, en 2007 se introducen nuevas cláusulas sobre las demoliciones”. Concretamente, la nueva redacción distingue entre obras y actuaciones convencionales y otras referidas a “tramos litorales urbanizados o afectados por la regresión litoral, o sometidos al efecto de procesos litorales degradantes”, y sobre la ejecución se recoge que “en ambos casos se abordarán, mediante acuerdo entre las partes, y en su caso mediante Convenios específicos a suscribir con Ayuntamientos y otras partes implicadas, actuaciones complejas para la transformación de dichos ámbitos costeros […]. Dichas actuaciones complejas incluirán las acciones urbanísticas y territoriales que sean necesarias, los procedimientos de expropiación, rescate, etc, que sean precisos, y las obras de competencia de la Dirección General de Costas que resulten necesarias, simultáneamente o con posterioridad a la finalización de aquellos para completar y rematar las operaciones de transformación litoral que se persiguen”.

Octavio Hernández, considera que Ricardo Guerrero ha ocultado que el convenio de 2007, elaborado y suscrito en desarrollo de la política y gestión del PSOE al frente del Ministerio y de Costas, es el que ejecuta estas demoliciones, que no son competencia de la Comunidad Autónoma, y además “contempla Convenios específicos con los ayuntamientos para facilitarlas”, de manera que “el PSOE no puede evadir su participación y responsabilidad, si no es por dejación, complacencia o connivencia por afinidad política con Costas y con el Ministerio, ya que los ayuntamientos costeros gobernados por el PSOE en Tenerife, cuya gestión del litoral ha sido absolutamente nefasta, están dejando fuera de ordenación los núcleos que invaden el dominio público en la redacción de los nuevos Planes Generales, aunque quieren seguir teniendo un voto cautivo en ellos”.

Especulación

Por último, Hernández señaló, en respuesta a la denuncia de Guerrero, que “va a ser imposible, desde un punto de vista legal, impedir la especulación urbanística en los nuevos frentes costeros creados por los deslindes y derribos, a no ser que se limite por ley la volumetría en el área de influencia, que es de competencia autonómica, como se contempla para los espacios y reservas naturales”. El candidato al congreso de Los Verdes-Grupo Verde explicó que “si se conceden viviendas de protección oficial o preferentes por compensación a los afectados por los derribos en el nuevo frente del deslinde, estas viviendas de todos modos podrán entrar en el mercado inmobiliario por descalificación pasados quince años o en un plazo incluso menor por otras causas”.

Relacionado:

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/19/pdfs/A17374-17376.pdf#

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Los Verdes consideran que el PSOE condena y pretende defender a la vez a los afectados del anillo insular.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de febrero de 2008
 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han expresado su «estupor» por la última moción del PSOE en el Cabildo “que utiliza la demanda de una mejor compensación económica de los expropiados para encubrir que la ampliación de dos a cuatro carriles entre Adeje y Santiago del Teide supondrá más expropiaciones”. El portavoz de Los Verdes y candidato de Los Verdes-Grupo Verde al Congreso, Octavio Hernández, señaló que “el PSOE lleva años manteniendo una postura desarrollista que luego trata de esconder con cortinas de humo sobre la defensa del suelo rústico o, como ahora, presentándose como defensor de un buen precio para los afectados a la vez que pide más expropiaciones para que el viario tenga cuatro carriles y no dos”. Hernández sostiene que “no se puede estar a ambos lados de la pancarta prometiendo más fluidez en el tráfico, como hizo Santiago Pérez en la campaña de 2007, y haciendo al mismo tiempo pronunciamientos demagógicos contra la ocupación del suelo rústico a la que conducen esas mismas promesas electorales, o quejándose porque se paga poco a los expropiados de e3sas act2uaciones pedidas por ellos, a la vez que piden que se expropien más tierras para ampliar el ancho del anillo insular”. El candidato al Congreso critica que “para el PSOE los afectados no son víctimas de las expropiaciones que ellos defienden, sino de que se les pague poco por cada metro expropiado, presentándose como supuestos defensores de aquellos propietarios a los que en realidad han pretendido perjudicar porque a propuesta socialista se expropiarán más tierras, tapando con la petición de una compensación justa la injusticia de las expropiaciones que en realidad promueve ese partido”. Por último, Hernández avisó que “con el barril de petróleo a 100 dólares y subiendo, la idea de que los trabajadores del Norte de la isla se dejen la mitad del salario en combustible para ir a trabajar al Sur en su coche es cada vez más descabellada: la sostenibilidad pasa por generar empleo en el Norte limitando el transporte privado y desarrollando medios públicos para trasladarse al Sur, todo lo contrario de la filosofía del anillo insular que el PSOE defiende con más ahínco que CC y PP”. El portavoz verde se preguntó “cuántos vehículos usaran esos cuatro carriles cuando se ejecuten los proyectos del anillo ferroviario y del túnel por La Orotava”.

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