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Archive for 12/02/08

Recuerdan que el Convenio de actuaciones en Costas de 1998 se renovó en 2007 con el PSOE al frente de Medio Ambiente

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado las declaraciones del consejero del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, que ha rechazado la propuesta de flexibilizar la aplicación de los deslindes de Costas para que se estudie caso por caso los expedientes de derribo. Según el portavoz en Tenerife de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, “tanto Ricardo Guerrero como más recientemente el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Candelaria, Domingo Ramos, primero culpan a CC y PP de haber firmado el Convenio de 1998 y ahora los culpan por querer flexibilizarlo ¿en qué quedamos? ¿qué manera es esta de hacer oposición?”, preguntó. Guerrero y Ramos han culpado públicamente de los derribos a los partidos que gobernaban en 1998, cuando en aplicación de la nueva Ley de Costas Antonio Castro, entonces consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en pacto CC-PP, y la Ministra de Medio Ambiente, del PP, Isabel Tocino, suscribieron el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras de costas (publicado en el BOC el 4 de marzo de 1998), cuyo anexo citaba las actuaciones propuestas para el cumplimiento de la nueva legislación de Costas. Hernández, considera que las críticas de Ricardo Guerrero “no tienen fundamento, porque la competencia dentro del dominio público es del Ministerio, es decir, del PSOE”. El citado convenio de 1998 “si bien incluía efectivamente esas propuestas de recuperación en frentes, paseos, playas y costas, ninguna de las cláusulas contemplaba cómo se iba a ejecutar esas previsiones”, sino que se derivaba a “lo que oportunamente acuerde la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control” creada en el marco del convenio. Así mismo, señala el portavoz de Los Verdes en Tenerife, el texto suscrito en 1998 recogía que “los estudios previos, anteproyectos y proyectos que sean precisos para la ejecución de las obras serán aprobados por la Administración que financie y contrate la actuación de que se trate, así como la actuación la licitación, contratación, ejecución, dirección, control, vigilancia y pago de las obras”, pero atribuía a la Comunidad Autónoma de Canarias exclusivamente “las actuaciones incluidas en el presente Convenio, que se realicen fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre una vez terminadas, corriendo por su cuenta los gastos de conservación, mantenimiento y explotación”. De esta manera, concluye Octavio Hernández “el convenio dejaba clara la responsabilidad directa del Ministerio en los núcleos irregulares que ocupaban el dominio público, como Cho Vito, si bien nada detallaba sobre la ejecución de las demoliciones más allá de una cita en el Anexo”. El Gobierno de canarias, concluye Hernández, “no puede flexibilizar el Convenio sin el acuerdo de la Administración central en la Comisión Bilateral, de manera que la denuncia de Ricardo Guerrero de que esa flexibilización obedecerá a intereses privados sólo se cumplirá si su partido gobierna y lo permite”.

Convenio de 2007

El portavoz verde recuerda al PSOE que la decisión final sobre las demoliciones de los núcleos costeros irregulares “no se tomó en 1998, sino en la reedición del Convenio en 2007”, a través de la Resolución de 23 de marzo, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral (BOE de 19 de abril de 2007). Los Verdes señalan que “a la fecha de conclusión del primer convenio, cuyo programa de ejecución de las obras estaba previsto para siete años, entre 1998 y 2004, ambos inclusive, no se habían ejecutado las demoliciones”. Octavio Hernández recrimina a Ricardo Guerrero “que haya ocultado que la segunda fase del convenio fue desarrollada durante la administración de Rodríguez Zapatero, después de 2004, con Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el Plan de Deslindes previsto hasta 2008 y el Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa”, que son instrumentos que sí contemplan la ejecución de actuaciones de recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados, limitándolas en una primera etapa a la costa mediterránea, la costa del golfo de Huelva y la de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

El portavoz de Los Verdes detalla que “a diferencia del texto de 1998, en 2007 se introducen nuevas cláusulas sobre las demoliciones”. Concretamente, la nueva redacción distingue entre obras y actuaciones convencionales y otras referidas a “tramos litorales urbanizados o afectados por la regresión litoral, o sometidos al efecto de procesos litorales degradantes”, y sobre la ejecución se recoge que “en ambos casos se abordarán, mediante acuerdo entre las partes, y en su caso mediante Convenios específicos a suscribir con Ayuntamientos y otras partes implicadas, actuaciones complejas para la transformación de dichos ámbitos costeros […]. Dichas actuaciones complejas incluirán las acciones urbanísticas y territoriales que sean necesarias, los procedimientos de expropiación, rescate, etc, que sean precisos, y las obras de competencia de la Dirección General de Costas que resulten necesarias, simultáneamente o con posterioridad a la finalización de aquellos para completar y rematar las operaciones de transformación litoral que se persiguen”.

Octavio Hernández, considera que Ricardo Guerrero ha ocultado que el convenio de 2007, elaborado y suscrito en desarrollo de la política y gestión del PSOE al frente del Ministerio y de Costas, es el que ejecuta estas demoliciones, que no son competencia de la Comunidad Autónoma, y además “contempla Convenios específicos con los ayuntamientos para facilitarlas”, de manera que “el PSOE no puede evadir su participación y responsabilidad, si no es por dejación, complacencia o connivencia por afinidad política con Costas y con el Ministerio, ya que los ayuntamientos costeros gobernados por el PSOE en Tenerife, cuya gestión del litoral ha sido absolutamente nefasta, están dejando fuera de ordenación los núcleos que invaden el dominio público en la redacción de los nuevos Planes Generales, aunque quieren seguir teniendo un voto cautivo en ellos”.

Especulación

Por último, Hernández señaló, en respuesta a la denuncia de Guerrero, que “va a ser imposible, desde un punto de vista legal, impedir la especulación urbanística en los nuevos frentes costeros creados por los deslindes y derribos, a no ser que se limite por ley la volumetría en el área de influencia, que es de competencia autonómica, como se contempla para los espacios y reservas naturales”. El candidato al congreso de Los Verdes-Grupo Verde explicó que “si se conceden viviendas de protección oficial o preferentes por compensación a los afectados por los derribos en el nuevo frente del deslinde, estas viviendas de todos modos podrán entrar en el mercado inmobiliario por descalificación pasados quince años o en un plazo incluso menor por otras causas”.

Relacionado:

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/19/pdfs/A17374-17376.pdf#

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