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Archive for 13 febrero 2008

Temen que el proyecto off-shore sólo llegue a ejecutarse en Gran Canaria

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han pedido “reflexión a las administraciones competentes en Canarias” ante el incidente que ha tenido lugar en Estados Unidos, donde un buque gasero de bandera española, el “Catalunya Spirit”, quedó a la deriva el pasado lunes por avería mientras se aproximaba al puerto de Boston con 138.000 toneladas de gas licuado en sus bodegas. Este barco, botado en 2003 por Izar para Gas natural y Repsol-YPF, ha sido remolcado a alta mar para proceder a su reparación, debido al riesgo de que encalle. El portavoz de Los Verdes en Tenerife y candidato al Congreso por Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, ha señalado que “es uno de los primeros incidentes graves con un buque gasero, pero no será el último porque la flota mundial crece mucho más rápido que las medidas de seguridad” y advirtió que “precisamente en Boston está en construcción una regasificadora mar adentro y lo sucedido con el Catalunya Spirit impulsa de manera definitiva esta alternativa frente a las instalaciones portuarias, ya que la deflagración accidental extendería sus efectos más de un kilómetro alrededor”. Hernández recordó, en referencia a Granadilla, que “proyectar un puerto gasero en una de las zonas de viento más potentes de la Unión Europea ha sido una temeridad, porque la maniobrabilidad del buque no se podrá garantizar en condiciones seguras”.

Off-shore en Gran Canaria

El candidato al Congreso considera que “Tenerife está quedando descolgada frente a los avances del Cabildo y la mancomunidad del Sureste en Gran Canaria, que presentaron con éxito una propuesta mar adentro alternativa el pasado 1 de febrero ante los directores generales de Industria, Medio Ambiente y Costas y el presidente de Puertos del Estado, que tiene visos de poder ser admitida finalmente”. La propuesta consiste en construir dos tanques de 150.000 metros cúbicos sobre una isla artificial de 300.000 metros cuadrados levantada en el mar a dos kilómetros de la costa con un dique de 400 metros para los buques gaseros y un gasoducto submarino hasta tierra. Octavio Hernández afirma que esta “capacidad de iniciativa contrasta con la dejación que en nuestra isla están haciendo todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo”. La consecuencia de esa pasividad, según Hernández, “será que la Administración central dará viabilidad a la instalación mar adentro en Gran Canaria porque podrá ajustar los sobrecostes gracias a que no habrá que hacer un desembolso equiparable en Tenerife, de manera que por la incompetencia y docilidad de CC, PP y PSOE en esta isla vamos a quedar descolgados y perder la oportunidad de contar con una tecnología más segura y avanzada”, concluyó. El portavoz de Los Verdes en Tenerife abogó por “ejecutar en Gran Canaria un proyecto off-shore de menor coste e impacto ambiental que el presentado en Madrid, para que no absorba la financiación que sería necesaria para situar una regasificadora similar en Granadilla”.

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Recuerdan que el Convenio de actuaciones en Costas de 1998 se renovó en 2007 con el PSOE al frente de Medio Ambiente

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado las declaraciones del consejero del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, que ha rechazado la propuesta de flexibilizar la aplicación de los deslindes de Costas para que se estudie caso por caso los expedientes de derribo. Según el portavoz en Tenerife de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, “tanto Ricardo Guerrero como más recientemente el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Candelaria, Domingo Ramos, primero culpan a CC y PP de haber firmado el Convenio de 1998 y ahora los culpan por querer flexibilizarlo ¿en qué quedamos? ¿qué manera es esta de hacer oposición?”, preguntó. Guerrero y Ramos han culpado públicamente de los derribos a los partidos que gobernaban en 1998, cuando en aplicación de la nueva Ley de Costas Antonio Castro, entonces consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en pacto CC-PP, y la Ministra de Medio Ambiente, del PP, Isabel Tocino, suscribieron el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras de costas (publicado en el BOC el 4 de marzo de 1998), cuyo anexo citaba las actuaciones propuestas para el cumplimiento de la nueva legislación de Costas. Hernández, considera que las críticas de Ricardo Guerrero “no tienen fundamento, porque la competencia dentro del dominio público es del Ministerio, es decir, del PSOE”. El citado convenio de 1998 “si bien incluía efectivamente esas propuestas de recuperación en frentes, paseos, playas y costas, ninguna de las cláusulas contemplaba cómo se iba a ejecutar esas previsiones”, sino que se derivaba a “lo que oportunamente acuerde la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control” creada en el marco del convenio. Así mismo, señala el portavoz de Los Verdes en Tenerife, el texto suscrito en 1998 recogía que “los estudios previos, anteproyectos y proyectos que sean precisos para la ejecución de las obras serán aprobados por la Administración que financie y contrate la actuación de que se trate, así como la actuación la licitación, contratación, ejecución, dirección, control, vigilancia y pago de las obras”, pero atribuía a la Comunidad Autónoma de Canarias exclusivamente “las actuaciones incluidas en el presente Convenio, que se realicen fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre una vez terminadas, corriendo por su cuenta los gastos de conservación, mantenimiento y explotación”. De esta manera, concluye Octavio Hernández “el convenio dejaba clara la responsabilidad directa del Ministerio en los núcleos irregulares que ocupaban el dominio público, como Cho Vito, si bien nada detallaba sobre la ejecución de las demoliciones más allá de una cita en el Anexo”. El Gobierno de canarias, concluye Hernández, “no puede flexibilizar el Convenio sin el acuerdo de la Administración central en la Comisión Bilateral, de manera que la denuncia de Ricardo Guerrero de que esa flexibilización obedecerá a intereses privados sólo se cumplirá si su partido gobierna y lo permite”.

Convenio de 2007

El portavoz verde recuerda al PSOE que la decisión final sobre las demoliciones de los núcleos costeros irregulares “no se tomó en 1998, sino en la reedición del Convenio en 2007”, a través de la Resolución de 23 de marzo, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral (BOE de 19 de abril de 2007). Los Verdes señalan que “a la fecha de conclusión del primer convenio, cuyo programa de ejecución de las obras estaba previsto para siete años, entre 1998 y 2004, ambos inclusive, no se habían ejecutado las demoliciones”. Octavio Hernández recrimina a Ricardo Guerrero “que haya ocultado que la segunda fase del convenio fue desarrollada durante la administración de Rodríguez Zapatero, después de 2004, con Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el Plan de Deslindes previsto hasta 2008 y el Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa”, que son instrumentos que sí contemplan la ejecución de actuaciones de recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados, limitándolas en una primera etapa a la costa mediterránea, la costa del golfo de Huelva y la de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

El portavoz de Los Verdes detalla que “a diferencia del texto de 1998, en 2007 se introducen nuevas cláusulas sobre las demoliciones”. Concretamente, la nueva redacción distingue entre obras y actuaciones convencionales y otras referidas a “tramos litorales urbanizados o afectados por la regresión litoral, o sometidos al efecto de procesos litorales degradantes”, y sobre la ejecución se recoge que “en ambos casos se abordarán, mediante acuerdo entre las partes, y en su caso mediante Convenios específicos a suscribir con Ayuntamientos y otras partes implicadas, actuaciones complejas para la transformación de dichos ámbitos costeros […]. Dichas actuaciones complejas incluirán las acciones urbanísticas y territoriales que sean necesarias, los procedimientos de expropiación, rescate, etc, que sean precisos, y las obras de competencia de la Dirección General de Costas que resulten necesarias, simultáneamente o con posterioridad a la finalización de aquellos para completar y rematar las operaciones de transformación litoral que se persiguen”.

Octavio Hernández, considera que Ricardo Guerrero ha ocultado que el convenio de 2007, elaborado y suscrito en desarrollo de la política y gestión del PSOE al frente del Ministerio y de Costas, es el que ejecuta estas demoliciones, que no son competencia de la Comunidad Autónoma, y además “contempla Convenios específicos con los ayuntamientos para facilitarlas”, de manera que “el PSOE no puede evadir su participación y responsabilidad, si no es por dejación, complacencia o connivencia por afinidad política con Costas y con el Ministerio, ya que los ayuntamientos costeros gobernados por el PSOE en Tenerife, cuya gestión del litoral ha sido absolutamente nefasta, están dejando fuera de ordenación los núcleos que invaden el dominio público en la redacción de los nuevos Planes Generales, aunque quieren seguir teniendo un voto cautivo en ellos”.

Especulación

Por último, Hernández señaló, en respuesta a la denuncia de Guerrero, que “va a ser imposible, desde un punto de vista legal, impedir la especulación urbanística en los nuevos frentes costeros creados por los deslindes y derribos, a no ser que se limite por ley la volumetría en el área de influencia, que es de competencia autonómica, como se contempla para los espacios y reservas naturales”. El candidato al congreso de Los Verdes-Grupo Verde explicó que “si se conceden viviendas de protección oficial o preferentes por compensación a los afectados por los derribos en el nuevo frente del deslinde, estas viviendas de todos modos podrán entrar en el mercado inmobiliario por descalificación pasados quince años o en un plazo incluso menor por otras causas”.

Relacionado:

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/19/pdfs/A17374-17376.pdf#

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Santa Cruz de Tenerife, 11 de febrero de 2008
 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han expresado su “estupor” por la última moción del PSOE en el Cabildo “que utiliza la demanda de una mejor compensación económica de los expropiados para encubrir que la ampliación de dos a cuatro carriles entre Adeje y Santiago del Teide supondrá más expropiaciones”. El portavoz de Los Verdes y candidato de Los Verdes-Grupo Verde al Congreso, Octavio Hernández, señaló que “el PSOE lleva años manteniendo una postura desarrollista que luego trata de esconder con cortinas de humo sobre la defensa del suelo rústico o, como ahora, presentándose como defensor de un buen precio para los afectados a la vez que pide más expropiaciones para que el viario tenga cuatro carriles y no dos”. Hernández sostiene que “no se puede estar a ambos lados de la pancarta prometiendo más fluidez en el tráfico, como hizo Santiago Pérez en la campaña de 2007, y haciendo al mismo tiempo pronunciamientos demagógicos contra la ocupación del suelo rústico a la que conducen esas mismas promesas electorales, o quejándose porque se paga poco a los expropiados de e3sas act2uaciones pedidas por ellos, a la vez que piden que se expropien más tierras para ampliar el ancho del anillo insular”. El candidato al Congreso critica que “para el PSOE los afectados no son víctimas de las expropiaciones que ellos defienden, sino de que se les pague poco por cada metro expropiado, presentándose como supuestos defensores de aquellos propietarios a los que en realidad han pretendido perjudicar porque a propuesta socialista se expropiarán más tierras, tapando con la petición de una compensación justa la injusticia de las expropiaciones que en realidad promueve ese partido”. Por último, Hernández avisó que “con el barril de petróleo a 100 dólares y subiendo, la idea de que los trabajadores del Norte de la isla se dejen la mitad del salario en combustible para ir a trabajar al Sur en su coche es cada vez más descabellada: la sostenibilidad pasa por generar empleo en el Norte limitando el transporte privado y desarrollando medios públicos para trasladarse al Sur, todo lo contrario de la filosofía del anillo insular que el PSOE defiende con más ahínco que CC y PP”. El portavoz verde se preguntó “cuántos vehículos usaran esos cuatro carriles cuando se ejecuten los proyectos del anillo ferroviario y del túnel por La Orotava”.

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Santa Cruz de Tenerife, 9 de febrero de 2008

Los Verdes piden que no se utilice a los dependientes fallecidos

Consideran que la Consejería de Bienestar Social ha asumido las críticas sobre el retraso en las ayudas

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han pedido a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales del 9 de marzo que “no se utilice en la arena política a los dependientes que han fallecido durante la tramitación de las ayudas a la dependencia”. El portavoz en Tenerife y candidato de Los Verdes-Grupo Verde al Congreso, Octavio Hernández, señaló que “las personas mayores enfermas o con discapacidad que padecen gran dependencia tienen un índice de mortalidad muy elevado y es una frivolidad relacionar la muerte natural de un paciente con el retraso de una ayuda gubernamental”. Hernández explicó que “estas personas que han fallecido tras haber sido valoradas como grandes dependientes no han sido desatendidas y cuando se implante definitivamente el sistema de ayudas individualizadas de atención aún seguirá habiendo un alto número de fallecidos, tanto entre los casos baremados como entre quienes hayan presentado solicitud, por la propia naturaleza de la gran dependencia”. Los Verdes no comparten las noticias y posicionamientos públicos que en la última semana “han echado mano de la pérdida familiar por fallecimiento del solicitante para continuar criticando el retraso que existe en la tramitación y resolución de los expedientes de grandes dependientes de Canarias”. Sin referirse explícitamente al PSOE, Hernández recordó que “la propia Ley de Dependencia se retrasó varios años por cuestiones presupuestarias, técnicas y de oportunidad, y a nadie se le ocurriría echarle en cara al Gobierno central el número de grandes dependientes que fallecieron sin verla siquiera publicada”. El portavoz de Los Verdes de Tenerife calificó de “estupidez” que se atribuya el retraso en la tramitación de las ayudas a una “supuesta intencionalidad política del gobierno canario para dañar electoralmente al PSOE, porque en todo caso el perjuicio electoral sería para los gestores, es decir, para el pacto CC-PP”, y destacó que “hay críticas burdamente demagógicas que no coinciden con la colaboración existente en el Consejo Territorial para la dependencia, donde se sientan y deciden los representantes del estado y las comunidades autónomas al margen del color político”. El candidato de Los Verdes-Grupo Verde por Tenerife hizo un llamamiento a “no frivolizar con las cosas serias”. En este sentido, Hernández valoró “de manera positiva la diligencia con que la Consejería de Bienestar Social está actuando en respuesta a las críticas recibidas” y explicó que “probablemente en marzo habrá una línea específica de ayudas para los casos ya baremados, aunque los reglamentos sigan su compleja tramitación sin haberse aprobado”.

No es dinero sino servicios

Por último, Los Verdes consideran que debe informarse a las familias que “las prestaciones económicas están siempre vinculadas a servicios establecidos legalmente y que existe la figura del copago”. Octavio Hernández criticó a los “portavoces políticos que agitan el tema de la dependencia haciendo creer a la gente que van a cobrar un dinero extra en sus ingresos, porque la filosofía del sistema es la de un salario indirecto mediante servicios que no tendrán que seguir asumiendo los familiares cuidadores, y un copago con cargo a la renta y patrimonio del beneficiario, que eventualmente participará en costear el programa de atención al que tenga derecho”.

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Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 2008

Denuncian que el Gobierno “maquilló los programas operativos para esconder que había justificado las inversiones de fondos europeos en puertos y aeropuertos diciendo que servirían al objetivo de atraer trabajadores europeos y de otras comunidades autónomas a Canarias”

En una nota de prensa, Los Verdes de Tenerife han criticado la “demagogia del Gobierno de Canarias sobre el Plan de Empleo para residentes” y han denunciado que “en la redacción de los Programas Operativos del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE) para Canarias del período 2007-2013, elaborada y aprobada por el Gobierno autónomo,  “se ha intentado encajar en las Directrices Comunitarias sobre el Crecimiento y la Cohesión el empleo del dinero europeo en infraestructuras como el puerto de Granadilla, las plantas regasificadoras que quiere Endesa o la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, utilizando para ello sin ningún pudor la movilidad de trabajadores hacia las islas”. El portavoz en Tenerife de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que “sorprendentemente, en la versión preliminar de estos documentos del FEDER y el FSE se afirma que el desarrollo de los puertos y aeropuertos en Canarias con el fin de atraer trabajadores de la Unión y de otras comunidades autónomas sirve a una directriz de la Unión Europea, justo lo contrario de lo que ha declarado el Consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez”.

Un gazapo delata al Gobierno

Según Hernández, “cuando Los Verdes denunciamos la incongruencia de esta directriz en enero, febrero y mayo de 2007, criticando la contradicción que supone en el discurso de Coalición Canaria y del Gobierno autónomo financiar infraestructuras de transporte con la excusa de atraer trabajadores del exterior y hablar a la vez de priorizar el empleo para los residentes, el documento del Programa Operativo del FEDER fue modificado, y se retiró la palabra ‘trabajadores’ del texto definitivo aprobado el 5 de diciembre pasado”. Sin embargo, prosigue el portavoz de Los Verdes, “olvidaron modificar también el documento del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, que incluye la misma directriz estableciendo como objetivo facilitar la atracción de trabajadores e inversiones mediante el desarrollo de infraestructuras portuarias y aeroportuarias”, texto que quedó aprobado con carácter definitivo el 20 de diciembre siguiente. Este “gazapo”, añade Hernández, “delata la demagogia e hipocresía del actual Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, así como la utilización torticera de la política de empleo para intentar justificar socialmente que los fondos europeos se destinen a infraestructuras”. Para el portavoz de Los Verdes, “es grave que Coalición Canaria hable de priorizar a los residentes en la política de empleo, mientras de tapadillo va a Bruselas a pedir dinero para puertos y aeropuertos con el argumento de que aumentará la atracción de trabajadores europeos hacia Canarias porque les facilita el desplazamiento”. Octavio Hernández retó al consejero Jorge Rodríguez a “explicar cómo casa con la priorización de los residentes en la política de empleo el uso de fondos europeos para que puedan venir más trabajadores españoles y comunitarios a las islas por macropuertos y terceras pistas”.

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Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2008

Esperan que la moción aprobada en el ayuntamiento de Santa Cruz permita hacer el peritaje para la fijación del deslinde

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife consideran “inaplicable”  la petición realizada por algunos colectivos para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desista de realizar una nueva tasación de los terrenos sujetos al litigio judicial de Las Teresitas y se acoja al peritaje encargado por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007, cuyo informe final fue entregado el pasado 31 de diciembre.  El portavoz de Los verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “los arquitectos contratados no realizaron un peritaje del deslinde marítimo-terrestre, sino del valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa en el momento de la compraventa”. Por esta razón, Hernández indica que “la pericial no es concluyente, sino orientativa, ya que no fija el deslinde sino propone distintas valoraciones en distintos supuestos a la espera de que se confirme o apruebe definitivamente una delimitación de la línea que es provisional y probable, según estos peritos, pero en ningún caso firme ni definitiva”. De esta manera, según Los Verdes, “la valoración que consta en el Sumario debe ser tomada con precaución porque está sujeta a variación, ya que una las lindes de las 11 parcelas, la que da al mar desde la playa, no ha sido fijada con plenas garantías por la Dirección General de Costas ni por ningún peritaje de la línea demanial, sobre cuya necesidad y conveniencia venimos insistiendo”. Por este motivo, el portavoz verde afirma que “ciertas prisas son muy malas consejeras” y rechaza la petición realizada al TSJC para que “se acoja a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecute con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”.

Costas entra en la trama

 

Octavio Hernández considera que la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero “va en la buena dirección al atribuir a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización de la delimitación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre que impide tanto la ejecución de obras como la valoración económica de las parcelas con plenas garantías de legalidad” y valora que “con todas las salvedades que se quiera poner, esa posición coincide con el principio de precaución que aplicaron los peritos contratados en su informe para el Sumario de la Fiscalía Anticorrupción”. Según Hernández “no tiene explicación por qué Costas no ha intervenido desde que el ayuntamiento le propuso un deslinde en el año 2001, por qué se dio por bueno primero y se dilató después en la provisionalidad durante seis años, por qué se justificó según una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 que, en realidad, nada concreta sobre el deslinde y más bien fue empleada presuntamente como subterfugio de apariencia legal en una delimitación que, como parece demostrado, era arbitraria y no se ajustaba a la Ley de Costas”. El portavoz insular de Los Verdes manifiesta su extrañeza porque “desde 2003 el Ministerio de Medio Ambiente viene aplicando un Plan de Deslindes hasta 2008, que en un caso de urgente necesidad como el de Las Teresitas no se ha ejecutado, sino demorado a un Convenio con el ayuntamiento que todavía a día de hoy está aparcado”. La moción del ayuntamiento de Santa Cruz, concluyen Los Verdes, “no sólo redunda en la necesidad de un peritaje de la línea demanial, imprescindible a nuestro juicio para fijar la tasación de los terrenos, toda vez que no hay unanimidad ni seguridad respecto al deslinde; sino que también permite situar en la operación de Las Teresitas a un actor que hasta ahora ha permanecido fuera de los focos de la trama: la Dirección General de Costas”.

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