Los Verdes exigen al Gobierno de Canarias que cumpla las ayudas a las hipotecas

 

Consideran que se ha renunciado a las ayudas personales para subvencionar a los constructores la conversión de vivienda libre en VPO

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado “el juego del sí pero no de Paulino Rivero y José Manuel Soria sobre el plan de ayudas para costear, por dos años, la conversión a fijos de los tipos de interés variables de las hipotecas”. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife, Octavio Hernández, señaló que “la medida estaba incluida en el programa del pacto de gobierno de CC y PP, fue reiteradamente anunciada durante meses antes de las elecciones tanto por Paulino Rivero como por José Manuel Soria, se anunció después de un Consejo de Gobierno en octubre pasado diciendo que se cumpliría cueste lo que cueste –en palabras del propio Rivero- y que se convocaría un concurso público para las entidades financieras interesadas, y se anunció su inclusión en los Presupuestos de 2008, pero ahora el presidente dice que se suspende ese plan de ayudas y lanza un mensaje equívoco sobre si se mantendrá o no el compromiso este año”. Hernández indica que “no es presentable haber hecho tantas declaraciones prometiendo ayudas sin límite y a saco roto para recoger velas a la hora de convertir las palabras en hechos”. El portavoz de Los Verdes considera que “el anuncio de suspensión sine die de las ayudas hipotecarias coincide con el anuncio de que se financiará a los constructores con 3.000 euros la conversión de vivienda libre en viviendas de protección oficial, una medida que paradójicamente no contribuye a que bajen los precios en el mercado inmobiliario, sino a amortiguar su caída y mantenerlos altos, redundando en la inviabilidad de las propias hipotecas para el mercado de vivienda libre”. Octavio Hernández ironizó afirmando que “Paulino Rivero no nos engañó al decirnos que su gobierno era un gobierno pensado para las personas, es que se le olvidó aclararnos que las personas en las que estaba pensando eran empresarios”. Añade que “el gobierno de CC y PP está reduciendo el apuntalamiento de las políticas sociales a aquellas en cuya financiación participa la Administración central, mientras orienta la financiación extraordinaria de competencia autonómica a los constructores, tal y como éstos han pedido públicamente”.

 

Zapatero sí cumple

 

El portavoz verde se refirió a la firma en estos días en Madrid de un acuerdo ministerial por el que las operaciones de ampliación del plazo de amortización de los préstamos hipotecarios, cuando exista acuerdo entre la entidad de crédito y el cliente, se realizarán sin coste alguno para el prestatario durante un periodo de dos años. También destacan Los Verdes el cumplimiento por la Administración central del Real Decreto-Ley 2/20087 de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, que dispuso la exención del gravamen del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios que se refieran a la ampliación de los plazos. Hernández considera un “contraste muy llamativo para evaluar la seriedad de un gobierno que el gabinete de Zapatero haya obligado al Ministro Solbes a aceptar las ayudas a las hipotecas, al mismo tiempo que en Canarias el gabinete de Paulino Rivero y José Manuel Soria hace exactamente lo contrario y se desdice ahora de las ayudas prometidas, para financiar, en cambio, a los constructores”. Los Verdes consideran que “el voto de Ana Oramas en el Congreso a favor de las medidas hipotecarias del gobierno de Zapatero es puramente testimonial y no exime a Paulino Rivero de cumplir en 2008 un compromiso que anunció hace meses a los cuatro vientos”.

Anuncio publicitario

Read Full Post »

Los Verdes piden moratoria a la producción de biodiésel en Tenerife por la crisis de los alimentos

Piden una moratoria al proyecto de DISA en Granadilla y la suspensión de los acuerdos del Cabildo de Tenerife con Senegal para producir biodiésel

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han hecho eco de la reunión extraordinaria de Naciones Unidas que en estos días se celebra en Berna, Suiza, para abordar un plan de choque con el que intentar atajar la crisis alimentaria provocada por el alarmante incremento de precios de los granos básicos que constituyen la base de la dieta mundial. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, señala que Mauritania y Senegal se encuentran “entre los más de 50 países que han caído ya o caerán durante este año en una situación de hambruna masiva, revueltas por la escasez y los precios y desestabilización”. Hernández advierte que “el relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, ha calificado la ocupación de suelo agrícola para la producción de biocombustibles como un crimen contra la humanidad y existe consenso internacional en que abastecer con biomasa de cultivo energético a la industria europea de agrocombustibles sólo es posible ocupando tierras fértiles de África que son imprescindibles para el autoabastecimiento alimentario de supervivencia de la población”. El portavoz verde señala que “los costes humanos y ambientales de los cultivos energéticos están siendo de tal envergadura que nadie puede permanecer impasible o ajeno a la situación, porque el impacto es a escala planetaria y nos afectará a todos”. Por ello, Los Verdes de Tenerife se han sumado al llamamiento internacional realizado en estos días por Naciones Unidas y en España por Ecologistas en Acción para que se declare una moratoria para todos los proyectos de agrocombustibles, impedir toda importación de materia prima y destinar los cultivos previstos para fines energéticos a la población carente de alimentos en vez de convertirlos en combustibles, cancelar los subsidios gubernamentales destinados a las transnacionales agroalimentarias que están eliminando  granjas familiares por medio del dumping y la especulación de precios, y convertir la soberanía alimentaria en el principio rector de toda política agrícola y comercial.

En este sentido, Octavio Hernández ha pedido que, dentro de las acciones propuestas por Naciones Unidas y las que actualmente se han solicitado a la Comisión Europea y al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se declare una moratoria al proyecto de DISA en Granadilla y la suspensión de los acuerdos del Cabildo de Tenerife con Senegal para producir biodiésel. Dicha industria, con apoyo del Gobierno de Canarias, ha previsto comenzar a producir 150.000 toneladas anuales de biodiésel a partir del segundo semestre de 2009, abastecido con aceite procedente del cultivo de 321.000 hectáreas de Jatropha Curcas, siguiendo los acuerdos suscritos por el Cabildo de Tenerife con la República de Senegal. Los Verdes-Grupo Verde consideran que la corporación insular “tiene que dejar en suspenso dichos acuerdos, porque Senegal debe dedicar esas tierras fértiles a alimentar a la población o de lo contrario el proyecto de DISA será corresponsable de la hambruna masiva y la desestabilización del país”.

Read Full Post »

Los Verdes piden al Cabildo que suspenda el acuerdo con Senegal para producir biodiésel

LOS AGROCOMBUSTIBLES NO SON UNA ALTERNATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO

 

INEFICIENTES.- La diferencia de precio de un litro de gasóleo y uno de biodiésel se sitúa entre 30 y 40 céntimos de euro. Por ello, los costes de plantación, agua, fertilizantes, recolección, procesamiento y de transporte a Tenerife, unidos a los costes de los productos químicos añadidos y de fabricación en la planta y reexpedición al mercado, hacen que esta producción sea ineficiente desde un punto de vista económico. La industria está falsificando las cifras para ocultar el hecho de que se gasta más energía en producir este combustible que la que se obtiene como producto final.

 

INSOSTENIBLES.- Las oleaginosas requieren muchos nutrientes del suelo, empobreciéndolo si no se agregan grandes cantidades de abono, así que los costes de fertilizantes –que son derivados del petróleo- deberían añadirse a la contabilidad del biodiésel. Ahora bien, si se recorta el gasto de fertilización para abaratar el combustible final, entonces la concentración de fósforo, potasio, nitrógeno y azufre en el suelo bajará drásticamente. Los territorios de plantación se convertirían en exportadores netos de suelo fértil, contenido en la planta transportada a Tenerife. Estas plantaciones aceleran la degradación del suelo cultivable.

 

SEGUNDA GENERACIÓN BTL.- Los denominados agrocombustibles de segunda generación utilizan materias primas no convencionales, como lignocelulosas (bagaza, paja, mazorcas, residuos forestales, lejías negras de la industria del papel) o se obtienen a partir de procesos complejos, como la síntesis Fischer-Tropsch. En la transición se experimenta con aceites y grasas de bajo coste, como aceites usados, grasas animales o biomasa acuática. Los agrocombustibles de segunda generación se denominan BTL, Biomass To Liquids, mediante el proceso químico que transforma biomasa lignocelulósica en hidrocarburos líquidos para producir combustible diésel sintético. El BTL emplea materia prima renovable que no compite con los alimentos, y produce 4.000 litros por hectárea, frente a los 1.300 litros por hectárea del biodiésel convencional. Sin embargo, su elevado coste y requerimientos tecnológicos retrasarán su implantación frente a los agrocombustibles de primera generación actuales.

 

 

EXISTE GRAN ALARMA INTERNACIONAL POR EL IMPACTO ECONÓMICO, ALIMENTARIO Y MEDIOAMBIENTAL DE LOS AGROCOMBUSTIBLES

 

– El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reunidos en Washington a mediados de este mes de abril en el encuentro semestral de los ministros de Economía de 185 estados culparon abiertamente a los agrocombustibles del alza del precio de los alimentos un 48 por ciento desde finales de 2006, que «podría agravar la pobreza de 100 millones de personas». Señalaron que “está en juego es la estabilidad política de muchos países». “Las metas de biocombustibles de Estados Unidos y la Unión Europea han llevado a este tipo de crisis», señalan el FMI y el BM.

 

– Al mismo tiempo, un informe del comité científico de la Agencia Europea del Medio Ambiente, formado por 20 científicos de 15 países miembros, recomienda a la Unión Europea que suspenda el objetivo de alcanzar la cuota del 10% de agrocombustibles en 2020, proponiendo la elaboración de un nuevo estudio científico sobre los riesgos y beneficios, basándose en cuatro puntos:

 

–          Ineficaces en la lucha contra el cambio climático. La producción actual de biocarburantes, basada en la tecnología de primera generación, no conlleva un uso óptimo de los recursos de biomasa que logren reducir ni la utilización de combustibles fósiles ni la emisión de gases de efecto invernadero.

–          No son energéticamente eficientes. El uso de biomasa implica la combustión de recursos finitos que pueden ser importantes para el bienestar ambiental y deben ser preservados.

–          Incrementan de las presiones sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. La cantidad de superficie cultivable necesaria para cubrir los objetivos de la UE no se puede alcanzar sin dañar el medio ambiente en el continente, incluso con una importante aportación de los agrocombustibles de segunda generación.

–          La producción de importación no es sostenible. Alcanzar la cuota del 10% requerirá la importación de una gran cantidad de materia vegetal o agrocarburantes, proceso que acelerará la destrucción de los bosques y selvas tropicales, debido al incremento de la producción, que no es sostenible fuera de Europa.

 

Aunque el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, afirmó que se mantedría el objetivo pese a la alarma existente, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha admitido esta semana la realización de un estudio “sin tabúes”.

 

– Hasta ahora sólo se ha logrado sustituir un 1% de carburantes por agrocarburantes. Para lograr el objetivo del 5% previsto aproximadamente para 2010 en la Unión Europea se requiere una superficie de 17 o 18 millones de hectáreas, que es la extensión de tierra de cultivo de España. Los biocarburantes enfrentan al usuario de un coche (que precisa entre media o una hectárea de cultivo para mantener el vehículo), con los demandantes de alimentos de países en desarrollo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La FAO señala que los productos alimenticios subieron un 23% a nivel mundial entre el 2006 y 2007. Los granos aumentaron un 42%, los aceites 50% y los lácteos un 80%.

 

– Según la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambrunas, FEWS NET, en África Occidental, durante la temporada agrícola 2007/08, los déficit de producción localizados y el aumento de los precios en algunas áreas señalan claramente un aumento de la inseguridad alimentaria. Según la FAO la subida de precios de productos alimentarios y de la energía está provocando disturbios en Egipto, Camerún, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Madagascar, Etiopía, y se prevé también muy pronto en Níger y Nigeria. La importación de cereales en estos países se ha duplicado, según la FAO, debido a las inundaciones y sequías provocadas por el cambio climático. La fuerte inflación se debe también a la subida del precio del petróleo, que encarece los fertilizantes y el transporte de los productos; así como a la dedicación de una mayor cantidad de grano para alimento del ganado y a la fabricación de los agrocarburantes. Las reservas están en sus mínimos de los últimos treinta años. La FAO ha convocado una Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial y los Retos del Cambio Climático y la Bioenergía, que se celebrará del 3 al 5 de junio en Roma.

 

 

LA PLANTA DE BIODIÉSEL DE DISA PREVISTA EN GRANADILLA NO ES SOSTENIBLE

 

PRESUPUESTO INFLADO.- La planta prevista por DISA para el segundo semestre de 2009 producirá 150.000 toneladas de biodiésel, cantidad que supera en 63.000 toneladas la obligación europea en materia de transporte a partir de 2010. La mayor planta de biodiésel española produce 50.000 toneladas al año y absorberá el 7% de la producción de aceite de girasol, pero sólo podrá abastecer un 0,01% del consumo de gasóleo de la Comunidad de Madrid. Frente a la inversión prevista de 44,5 millones de euros anunciada por DISA, una planta de biodiésel con capacidad para producir 100.000 toneladas cuesta menos de 20 millones de euros en Estados Unidos. La multinacional IBS estáconstruyendo 20 plantas de biodiésel con una inversión de 35 millones de euros hasta 2008. El presupuesto del proyecto de DISA parece claramente inflado y constituye una inversión inamortizable sin subvenciones.

 

RIC ENERGÉTICA.- El biodiésel que se vende en las estaciones de servicio es en realidad una mezcla de un 20-25 por ciento de combustible de aceite con un 75-80 por ciento de gasóleo. La única ventaja de esta mezcla es que permite a la empresa productora vender gasóleo acogiéndose a la exención del impuesto de hidrocarburos, unos 27 céntimos de euro por litro. El proyecto de DISA es una RIC energética –en referencia a la Reserva de Inversiones de Canarias. Al final de la cadena nos encontramos con que el biodiésel mezclado con gasóleo no aportaría nada significativo desde un punto de vista ecológico, excepto para eludir los impuestos que gravan el 70% del precio de los derivados del petróleo. Es decir, la única justificación económica del biodiésel podría resultar una evasión de impuestos basada en el cambio climático para seguir vendiendo gasóleo pero sin pagar impuestos.

 

 

EL ACUERDO DEL CABILDO CON SENEGAL DEBE SUSPENDERSE POR LAS CRECIENTES OBJECIONES A LOS AGROCARBURANTES Y POR RAZONES DE SEGURIDAD

 

CONVENIO CON SENEGAL.- El Cabildo firmó en enero de 2007 un protocolo de colaboración con Senegal para el estudio y producción de agrocarburante, biodieesel a partir de aceite vegetal. Antes del 2015 el Cabildo, a través de Cultesa, se ha comprometido a tener plantadas en Senegal 321.000 hectáreas de Jathropa Curcas, equivalente a cerca de un 15% de las tierras arables de cultivo del país, distribuyéndose la superficie por unidades de 1.000 hectáreas. La República de Senegal a través del plan REVA (regreso a la agricultura) pretende la regeneración de la economía rural mediante la creación de empleo para unos 300.000 jóvenes, dedicados hoy mayoritariamente a la pesca. Senegal también ha firmado acuerdos para cultivos experimentales en unas 50.000 hectáreas con Brasil e India. Más del 80 por ciento del territorio de Senegal no es cultivable y el 20% de uso agrario se destina a cacahuetes de exportación, millo, sorgo, arroz, algodón y hortalizas. Las plantaciones de cacahuete, que ocupan ya el 40% de las tierras de cultivo. El millo, la mandioca y el arroz son cultivos de autosubsistencia, pero áun así Senegal debe importar el 50% de su consumo de arroz de países asiáticos.

 

CONFLICTO POR EL AGUA Y EL SUELO FÉRTIL EN EL RÍO SENEGAL.- Cada año en la estación seca antes de las lluvias de mayo y junio, un millón de cabezas de ganado mauritano, entre el 5 y el 10% de la ganadería del país, cruza la frontera en Senegal y Malí para conseguir agua y pasto antes de que las lluvias aneguen los llanos áridos de Mauritania. La ganadería y el uso masivo de leña como combustible ha provocado la expansión del desierto mauritano y la proliferación de la langosta. La población se ha triplicado y más del 80% de la superficie cultivable se ha desertizado. En 1989 una ola de violencia por los pastizales para la ganadería en el río Senegal provocó cientos de muertes y el desplazamiento a Senegal de más de 70.000 negros mauritanos. España, junto a otros países, participó entonces poniendo los medios aéreos y logísticos para la deportación. Aunque está previsto su regreso a Mauritania, decenas de  miles malviven todavía desarraigados en Senegal.

 

ALERTA TERRORISTA.- El pasado mes de diciembre fueron asesinados en Mauritania cuatro turistas franceses y otros tres militares mauritanos y las amenazas de grupos “salafistas” vinculados a Al Qaeda provocó en enero la suspensión, por primera vez en su historia, del rally París-Dakar. Según el Observatorio Internacional de Terrorismo, se ha instalado de forma permanente una región salafista con varios grupos que entrenan kamikaces y abarcan desde el Sahara Occidental hasta Mali. Estas organizaciones estarían formadas por cuatro regiones militares dirigidas por varios emires locales y con instrumentos y medios sofisticados. Esta misma semana la policía italiana clausuró varios blogs de internet y se realizaron detenciones en Senegal, vinculados a la web Al- Ekhlas, vinculada a Al-Qaeda.

 

LOS VERDES SE SUMAN A LA MORATORIA SOLICITADA POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

 

En España, el objetivo anunciado por el Ministerio de Industria en 2006 es alcanzar en 2010 una mezcla mínima del 5,75% de biocarburante en 2010 en refinerías o en depósitos de CLH. Ecologistas en Acción ha instado a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, a:

 

q       adoptar la misma cautela que otros países europeos como Reino Unido o Alemania.

q       declarar una moratoria para todos los proyectos de agrocombustibles

q       impedir toda importación de materia prima y destinar los cultivos (previstos para fines energéticos) a la población carente de alimentos en vez de convertirlos en combustibles,

q       cancelar los subsidios gubernamentales destinados a las transnacionales agroalimentarias que están eliminando  granjas familiares en España, en Europa y en el Sur por medio de prácticas como el dumping, y

q       convertir la soberanía alimentaria en el principio rector de toda política agrícola y comercial.

 

Los Verdes-Grupo Verde solicitamos, por todas estas razones, una moratoria al proyecto de DISA en Granadilla y la suspensión de los acuerdos del Cabildo de Tenerife con Senegal para producir biodiésel.

Read Full Post »

Los Verdes califican de “egoísmo patético” las propuestas de Fepeco en vivienda de VPO

 

Consideran que la “reconversión” supondrá pagar con los impuestos de todos los beneficios especulativos de empresas exentas de impuestos

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han manifestado su “radical desacuerdo con las propuestas de un egoísmo patético que últimamente salen de la patronal de la construcción, Fepeco”. El portavoz en Tenerife de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que “los constructores pretenden utilizar fondos públicos a toda costa con tal de que no bajen los precios de la vivienda por la sobreoferta y el parón hipotecario, y suspiran por que paguemos con los impuestos de todos los beneficios especulativos de empresas que están exentas de impuestos gracias a la RIC”. Así se refirió el portavoz verde a la última propuesta de la patronal, que ha instado al Gobierno de Canarias a la integración en el parque público de vivienda de las promociones que tienen difícil salida en el mercado por la crisis, mediante la recalificación de viviendas de promoción privada en viviendas de protección oficial. Los Verdes-Grupo Verde consideran que “los empresarios no quieren bajar los precios desorbitados de los últimos años, sino alterar el mercado con esta recalificación mediante los acuerdos hipotecarios en vivienda protegida y las subvenciones públicas a la adquisición de VPO”. Hernández explica que las facilidades publicas en forma de préstamos, subsidios y ayudas directas para la compra en el Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008, en el caso de la Comunidad autónoma oscilan entre 3.000 y hasta 12.000 euros para el comprador y hasta 13.000 euros para el promotor “que saldrían del erario público e irían a parar al bolsillo del constructor, apalancando los precios con fondos públicos para que no bajen y no perder dinero”. Los Verdes consideran que  “las restricciones hipotecarias y la caída en la compra de viviendas se deben a la saturación del mercado y deben resolverse según la ley de la oferta y la demanda, bajando los precios en la libre competencia, no evadiéndola mediante privilegios fiscales o subsidiarios”. Octavio Hernández recuerda que el objetivo del Plan de Vivienda de Canarias es, según indica en la exposición de motivos el propio Gobierno, “favorecer su acceso a los sectores de la población más desfavorecidos o que con menores recursos económicos no pueden acceder a una vivienda digna a los precios actuales del mercado”. Sin embargo, critica Hernández, “Fepeco pretende convertirlo en un plan para favorecer la venta a los sectores de la población más privilegiados que han ganado dinero a manos llenas en la última década porque no pueden vender las viviendas con los precios actuales del mercado, y se resisten a bajarlos, ni construirlas, con los límites de riesgo financiero y tipos de interés actuales, por la gran cantidad de viviendas que hay vacías debido a que la renta familiar disponible no permite a la gente comprarlas”. Los Verdes consideran que “las administraciones deben resistir las presiones de la patronal y dejar que bajen los precios para que tenga salida el parque privado de viviendas al menor coste para el erario público y para los compradores, y se racionalice así de manera espontánea y no por una vía intervensionista el sector de la construcción e inmobiliario, que está claramente hipertrofiado, sobrepreciado y sobredimensionado”.

Read Full Post »

Los Verdes no admiten presiones para que cambien su postura sobre el túnel

A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha señalado que su formación “no admite presiones para que nos opongamos de manera irracional y partiendo de puras especulaciones al túnel transversal Güímar-La Orotava”. Hernández destacó que “las peleas de patio de colegio pretendidas para desacreditrar la posición de mi partido, Los Verdes-Grupo Verde, no pueden ocultar a la opinión pública que en el PSOE el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, y el portavoz en La Laguna, Gustavo Matos, se han pronunciado a favor de ejecutar el proyecto y ya hasta buscan salida a los áridos de la obra, en tanto que la posición de Los Verdes es analizar los pros y los contras antes de un pronunciamiento favorable y lo único que hemos dicho es que estamos dispuestos a estudiar la idea desde una actitud positiva”. El portavoz verde afirma que “nuestra posición ha sido en todo momento un llamado a la racionalidad en este debate y a la seriedad de los planteamientos porque la propuesta de este enlace no está definida y lo que tenemos por ahora es una red de galerías con alguna que está a decenas de metros de conectar el Sur y el Norte, de donde surge originalmente la idea de hacer un túnel”. Hernández indicó que “el estudio encargado por el Cabildo ha partido de estimaciones con los datos de la red de galerías, y la viabilidad técnica así como su impacto ambiental requiere estudios que todavía no se han hecho, de manera que todo lo que se diga es especulativo y solamente es posible pronunciarse sobre una idea general”. Octavio Hernández insistió en que “en la última semana se ha desatado una violenta campaña de descrédito donde parece que vale todo para intentar deslucir la seriedad de nuestro planteamiento político, porque al PSOE nunca le ha gustado que haya partidos independientes a su izquierda, sino dóciles palanquines y recaderos”. Hernández destacó que “nuestra posición de valorar la idea siempre se ha basado en que no está claro que el ecologismo deba oponerse por sistema a los túneles, pues el impacto ecológico en subterráneo es sensiblemente menor, ya que altera mucho menos los ecosistemas y reduce significativamente la distancia del recorrido, frente a la misma solución en superficie y, para ser serios, debe analizarse sobre plano con la ubicación exacta de las bocas de entrada y salida, además del trazado, y nada de eso está definido ni cerrado en este caso”.

 

Read Full Post »

Los Verdes consideran que el debate parlamentario sobre Caletillas “está fuera de la realidad”

 

Consideran que el futuro de la central eléctrica ya está decidido entre Unelco y el Estado

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado el debate parlamentario celebrado este jueves sobre el desmantelamiento de la central de Caletillas como “una discusión bizantina ajena a la realidad”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señaló que “la planificación estatal ya contempla en la práctica cómo va a ser el futuro de la central, cuyo cierre, mantenimiento y transformación son competencia de la empresa propietaria, Unelco, que tiene la última palabra y eso lo saben el Cabildo, el Gobierno y el ayuntamiento de Candelaria, así que el debate parlamentario ha sido un brindis al sol”. Respecto a la fecha de cierre de la instalación, en el debate en pleno de la Ley de Directrices en abril de 2003, el PSOE propuso fijar en 8 años –es decir, en 2011- la fecha para que la central de Caletillas abandonara su función generadora: “concretar ese plazo y no dejarlo abierto”. Esta enmienda 30 a la directriz 36 del proyecto de Ley, explican Los Verdes, defendida por el PSOE a instancia del ayuntamiento, fue rechazada con el argumento de que la fecha debe fijarla el planeamiento energético al que la propia directriz traslada la decisión, pues se entendía que no resultaba coherente que el Parlamento sobrepusiera ese detalle al futuro plan y se desconocían los requisitos técnicos y la propia evolución del sistema eléctrico para adoptar esa decisión en sede parlamentaria. Hernández destaca que el grupo del PSOE en el Cabildo presentó una moción en la misma línea de fijar un plazo para Caletillas, pero en la transacción finalmente se adoptó por unanimidad –con el voto favorable del PSOE- una propuesta de Coalición Canaria que acordó «…instar a la compañía Endesa al inmediato desmantelamiento de aquellos grupos de generación de la central de Las Caletillas que no estén en uso, con la consecuente desaparición de las chimeneas de los mismos y la liberación de espacios ocupados…». para Los Verdes, “esta moción reconocía que Unelco-Endesa, como titular de las instalaciones, tiene la última palabra en cuanto al cierre”. En enero de 2006, el Gobierno central respondió lo mismo a preguntas del PSOE: “La decisión sobre la fecha de cierre de una instalación, de acuerdo con la normativa vigente (Ley 54/1997, del sector eléctrico, y Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica) corresponde al titular de la misma”. La moción del Cabildo diferencia claramente entre cierre de la central y desmantelamiento y sustitución de los equipos obsoletos, señala el portavoz verde. La posición de Unelco-Endesa –detalla- se ajustó a este mismo criterio: debido a que Caletillas no podía cumplir el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se trasladó a la legislación española la Directiva Comunitaria 2001/80/CE, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión, siendo ésta causa suficiente para ordenar de oficio su cierre, la compañía se acogió a una excepción prevista en esa norma, que le permite en caso de que Caletillas no pudiera cumplir el Plan de Emisiones mantener la central operativa un máximo de 20.000 horas, “desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015”. Los Verdes consideran que de esta manera, Unelco ganaba tiempo hasta 2015 para retirar los equipos de generación obsoletos y sustituirlos antes de esa fecha por otros menos contaminantes que sí cumplieran el Plan de Emisiones. En 2006 se verificaron en Caletillas 845.000 toneladas. “Después de una negociación que previó para Canarias una moratoria en razón de las especiales características y vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un Real Decreto en noviembre de 2006 sobre el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, que establece que la central térmica de Caletillas deberá pasar a casi 130.000 toneladas al final del período, en el año 2012”. En el ínterin, prosigue el comunicado,entre la respuesta del Gobierno central al PSOE de enero y el Decreto de Emisiones de noviembre, durante la revisión que por Ley debe hacerse de la planificación eléctrica cada cuatro años, Unelco trasladó al Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en Sistemas Eléctricos Aislados integrado en el Grupo de Seguimiento de la Planificación, la necesidad de mantener la ubicación de la central sustituyendo los equipos obsoletos, con el compromiso adquirido de ajustarse al Plan de Emisiones antes del 31 de diciembre de 2015, pues de lo contrario tendría que cerrar Caletillas. De hecho, en la Planificación estatal para 2007-2016 se propuso el año 2012 –“curiosamente coincidiendo con la enmienda del PSOE de 2003”- para que Caletillas cumpla el Plan de Emisiones. Adelantándose en tres años al límite establecido de 20.000 horas de funcionamiento, según Los Verdes Unelco evita así el cierre. Para poder retirar los equipos obsoletos la compañía trasladaría a Candelaria las turbinas de Arona y Guía de Isora, que en 2006 emitieron 123.000 toneladas de gases contaminantes según el Plan Nacional de Asignación.

 

También puede cerrarse de oficio

 

Octavio Hernández concluye que “es evidente, a nuestro juicio, que estas decisiones restaban de facto eficacia real a la previsión de la directriz 36.8 de la Ley de Directrices de 2003. Tal y como se había objetado durante el debate de la enmienda del PSOE, la tecnología y la propia evolución del sistema eléctrico convertían en extemporánea esa disposición en el caso de Caletillas”. Además –argumenta el portavoz-, también en 2006 el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, vino a asumir con plenitud el contenido efectivo de aquella directriz, en el Capítulo II del Título V sobre “Autorización de Cierre”, el artículo 47 estableció: “2. La Administración podrá iniciar de oficio el procedimiento de cierre y desmantelamiento de determinadas instalaciones en los supuestos establecidos en el artículo 30 [falsificación documental en la autorización o  manifiesta ilegalidad de las instalaciones] y, así como, cuando la inadecuada conservación y mantenimiento de las mismas pueda ocasionar: a) peligro para las personas, la flora, la fauna, los bienes y el medio ambiente; o b) restricciones técnicas que afecten a la calidad del servicio eléctrico, disponibilidad de la instalación o a la eficiencia energética.

3. En aquellos supuestos donde la Administración competente en materia de energía, actúe de oficio en los términos establecidos anteriormente, se formulará una propuesta de resolución en la que se justificará la necesidad del cierre de la correspondiente instalación, la cuál se comunicará al titular de la misma. En dicha propuesta de resolución se establecerá el plazo para que el citado titular presente los documentos a que hace mención este Capítulo y se culmine el procedimiento. Transcurrido el plazo sin que el titular aporte los citados documentos, se dictará resolución de desconexión de la instalación y el precinto de la misma, todo ello sin perjuicio de los recursos que en derecho asistan al titular.”

“Por tanto –concluye Hernández- es necesario entender que la directriz 36.8 no es imprescindible para que Caletillas pudiera ser cerrada de oficio por el Gobierno canario”. Ahora bien, el Artículo 49 del Decreto 161/2006 dicta que “En el caso de que las instalaciones [cuyo cierre se insta] estén conectadas a la red eléctrica insular, la Administración deberá recabar informe previo de la empresa distribuidora, transportista o generadora según el caso, y también del operador del sistema si afectara a la red de transporte o a la generación del sistema eléctrico insular. Dicho informe se emitirá en un plazo máximo de 20 días y en él se informará sobre si el cierre de la instalación, implicaría menoscabo en el grado de funcionamiento y disponibilidad de la red o generación eléctrica de la zona afectada o del sistema insular correspondiente”. Por tanto, insisten Los Verdes “la última palabra corresponde, en cualquier caso, a la compañía titular de la central, pues la decisión coexiste con la obligatoriedad de garantizar el suministro eléctrico, que es un principio de superior jerarquía normativa”. Octavio hernández apela a “la lógica de Perogrullo, pues no se puede, en definitiva, cerrar sin más la central y dejar sin luz a la gente, ni tampoco decretar el cierre sin las debidas garantías respecto al conjunto del sistema eléctrico. Y por otra parte, esa garantía ha de compatibilizarse con otros derechos afectados, como el derecho a un medio ambiente sano, cumpliendo la legislación sobre emisiones contaminantes”.

 

Posición de Los Verdes

 

El portavoz en Tenerife del partido ecologista expuso la postura que ha venido defendiendo, en conflicto con el PSOE: “Partiendo de no confundir los deseos con la realidad, a fecha de hoy Los Verdes decimos a los vecinos afectados que, tal y como están las cosas, la central de Caletillas no se desmantelará en 2015, pero las instalaciones no tendrán nada que ver con las actuales y se habrá reducido de manera significativa su contaminación”. Con esta previsión, Octavio Hernández aclaró que “no presentamos alegaciones a la Autorización Ambiental Integrada de Caletillas porque esperamos que Unelco-Endesa corrija dentro del plazo legal que tiene concedido las circunstancias que, según el decreto 161/2006, podrían justificar el cierre de oficio a iniciativa del Gobierno canario”. En cambio, añade el portavoz, “sí nos preocupa que cuando se revise la actual Planificación eléctrica dentro de cuatro años, se hayan cumplido los plazos para la reducción de emisiones y que las turbinas trasladadas de Oroteanda y Chío a Candelaria sean retiradas antes del año 2013 cuando funcionen los nuevos equipos de generación”. Los Verdes consideran que “de mantenerse esas turbinas en funcionamiento de manera adicional estaríamos ante un nuevo incumplimiento del Plan de Emisiones. Si eso ocurriera es entonces cuando tendría que solicitarse el cierre de oficio y Los Verdes apoyaremos esa decisión, que no depende tanto, como hemos defendido, de la Ley de Directrices ni del Cabildo de Tenerife, como pretende el PSOE”.

Read Full Post »

Costas da la razón a Los Verdes y ejecuta un nuevo deslinde

El Jefe de la Demarcación admite que se realizan sondeos geotécnicos para fijar la línea demanial

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado hoy la confirmación de que la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife está realizando un peritaje mediante sondeos y un estudio geomorfológico para determinar la línea demanial de la playa antigua de piedra, a partir de la cual se debe establecer un nuevo dominio público marítimo-terrestre que, con toda probabilidad, ampliará el perímetro de competencia estatal de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha mostrado “satisfacción al comprobar que Costas ejecuta la actuación que veníamos solicitando públicamente desde el año pasado”, que ha sido confirmada a la prensa por el Jefe de la Demarcación provincial, Carlos González Pérez. Hernández considera que el peritaje de la línea demanial “se está haciendo tal y como Los Verdes planteamos y se confirma igualmente que las conclusiones de estos estudios serán el aldabonazo para concretar soluciones con valor jurídico en los litigios pendientes sobre la playa, como la ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia acerca de la tasación de las once parcelas del frente de Las Teresitas”. Según el portavoz, “el peritaje consiste en identificar bajo la arena hasta dónde llegaban los temporales, los procesos de sedimentación por tormentas o las pleamares vivas que batían la playa antigua de piedra”. El portavoz de Los Verdes concluye que “ninguno de los expedientes judiciales podía sustanciarse sin esta actuación, porque la pericial que consta en el Sumario de la querella de Las Teresitas no fue concluyente, sino orientativa, ya que no fijaba el deslinde sino propuso distintas valoraciones a la espera de que se confirmara o aprobara definitivamente una delimitación que no era firme ni definitiva porque había distintas interpretaciones no compatibles ni intercambiables”. El peritaje que la Demarcación de Costas está ejecutando “confirma también nuestra posición –afirma Hernández- de que no era viable la petición formulada al TSJC para que se acogiera a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecutara con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”. Para Octavio Hernández, “Costas reconoce implícitamente su error y está confirmando en la práctica que la linde que da al mar desde la playa no estaba fijada con plenas garantías, tal y como habíamos insistido”. El portavoz verde considera confirmada también “la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero que atribuía a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización del deslinde para continuar la remodelación de la playa”.

 

A la espera de la Abogacía del Estado

 

Los Verdes consideran que “ahora falta ver qué dice el informe de la Abogacía del Estado que Costas pidió a la vez que retrasaba firmar el Convenio comprometido en su día con el ayuntamiento”. La Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse por segunda vez acerca de la titularidad de las cinco parcelas cedidas gratuitamente en 2006 por la corporación a la Dirección General, “que no nos consta que formaran parte del paquete de la compraventa con Inversiones Las Teresitas”, sostiene Hernández. La firma del Convenio pretendía que Costas recibiera la gestión de los servicios en las instalaciones que ocuparían el espacio demanial, y a cambio Costas daría concesión administrativa para que las mismas ocuparan, en el avance de las obras, el dominio público. Con ese fin, el 9 de agosto de 2006 el ayuntamiento publicó un anuncio en virtud del acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión de carácter extraordinario celebrada el día 22 de junio de 2006, para la cesión gratuita de cinco parcelas de su titularidad a favor de la Dirección General de Costas, con destino a la ejecución del “Proyecto de Ordenación de la Playa de las Teresitas, fase 1”. Con esta cesión se cumplía el requisito para firmar el Convenio. Los 48.118,41 metros cuadrados cedidos a Costas, hasta donde nosotros sabemos,  no formaban parte de los 110.000 metros cuadrados que adquirió el ayuntamiento en 2001 a Inversiones Las Teresitas por 30.050.605,22 euros. La superficie útil ocupada por los aparcamientos y locales comerciales es de 9.281 metros cuadrados. Octavio Hernández considera que “Costas tiene responsabilidad, por acción u omisión, en los problemas legales que han surgido y con el antecedente de un informe favorable a las tesis del ayuntamiento en este punto, sería extraño que la propia Abogacía del Estado se contradijera a sí misma en un segundo informe”.

Read Full Post »

Los Verdes creen que las administraciones no deben bajar más los impuestos a los constructores

Coinciden con el Ministro Solbes en que el sector está sobredimensionado y debe ser “corregido por el mercado”

 

A través de un comunicado, Los Verdes han valorado hoy las declaraciones que viene realizando el presidente de la patronal tinerfeña de la construcción (Fepeco), Antonio Plasencia, donde pide que las administraciones públicas intervengan en el mercado inmobiliario mediante rebajas en la imposición vinculada a la vivienda, reduciendo a la mitad el IGIC y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en el caso de la comunidad autónoma, y las licencias de construcción, por los ayuntamientos. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, se mostró “partidario de la doctrina Solbes en esta cuestión”, en referencia al ministro de Economía, Pedro Solbes. Hernández recuerda que a mediados de febrero pasado el ministro se mostró “en radical desacuerdo con que el Estado deba sustituir o respaldar ante la crisis a las empresas constructoras e inmobiliarias que han apostado, de una forma más atrevida que otras, por ganar mucho dinero”. El portavoz de Los Verdes considera que “Fepeco ha destacado siempre por su crítica al intervensionismo público exigiendo deshacer la capacidad reguladora de los poderes públicos en el libre mercado, pero ahora no quieren probar su propia receta”. Hernández recuerda a Antonio Plasencia que “las empresas de la construcción ya se benefician de la Reserva de Inversiones y los precios de la vivienda y los beneficios pueden descender con cargo a esta desgravación fiscal, no puede ser que pretendan reducir más los ingresos fiscales de las administraciones públicas cuando la RIC ya desgrava aquí el 90 por ciento del Impuesto de Sociedades, porque entraríamos en el comunismo para los constructores y el salvajismo para los trabajadores”. El portavoz verde destaca que “el sector de la construcción de las islas está sobredimensionado en todos los sentidos y la crisis es una oportunidad impuesta por el propio mercado para corregir una situación que era cada vez más insostenible y peligrosa para el conjunto de la economía, por lo que la Administración debe resistir todos las presiones y arbitrar medidas que no impidan la racionalización y adelgazamiento del sector”. Octavio Hernández detalla que “desde 2001 el número de empresas constructoras ha crecido en Canarias a un ritmo del 10 por ciento anual, sumando mil nuevas sociedades al año hasta alcanzar más de 17.000 en la actualidad, en unas islas de territorio limitado donde sólo un 25 por ciento del suelo no se encuentra ya ocupado o protegido, en tanto que el número de inmobiliarias se ha triplicado”. Los Verdes rechazan la postura de Fepeco “porque choca frontalmente con el objetivo de culminar los planes generales de ordenación pendientes en más del 90 por ciento de los municipios canarios, durante cuya tramitación están suspendidas las licencias, y la idea de permitirlas mientras no estén aprobados provocaría un caos en la ordenación territorial que haría inviable el propio objetivo del planeamiento y de la legislación del suelo”. Hernández sostiene que “las nuevas rebajas fiscales propuestas por Fepeco no son medidas anticíclicas, sino antieconómicas, porque reducirían todavía más la capacidad financiera de las administraciones para afrontar las consecuencias sociales del desempleo y distorsionarían la depuración del sector en un marco de libre competencia, donde quienes no hayan sido prudentes deben afrontar las consecuencias de sus malas decisiones”. El portavoz verde apeló a “no ofender el principio de igualdad para todos ante la crisis” y concluyó que “si un empresario decidió dedicarse a una actividad fácil pero insostenible y no ha sabido administrar bien sus beneficios y privilegios fiscales de la última década, debe afrontar las consecuencias en lugar de pasarle el problema a las administraciones públicas, y le toca perder frente a los empresarios que sí han sabido prepararse para el fin de la euforia y cuentan con margen de diversificación”.

Read Full Post »

Los Verdes manifiesta “preocupación” por la forma de gestión del futuro túnel transversal

 

A raíz de una conversación de Salvador Iglesias grabada en el marco de la “Operación Góndola”

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han manifestado su preocupación por la forma de gestión que podría estar estudiando el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para la construcción y explotación del futuro túnel transversal que uniría los valles de La Orotava y Güímar. Los Verdes ya destacaron la semana pasada unas confidencias realizadas por el anterior director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias, al constructor Santiago Santana Cazorla, grabadas casualmente por la policía en el marco de las investigaciones de la “Operación Góndola”, que se conocieron al desclasificarse parte del sumario. En dicha conversación, Iglesias dijo que el túnel va a ser “el mejor negocio de las Islas Canarias en los últimos doscientos años”, y lo argumentó señalando que se daría una “concesión administrativa” a través del “nuevo instrumento fiscal”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “en la Unión Europea son comunes formas de gestión privada de tramos de vías a través de peajes ligados a la financiación de su construcción, un sistema que aún no se ha ensayado en Canarias pero que el Régimen Económico y Fiscal contempla, por ejemplo, para viviendas en alquiler: el empresario construye con fondo RIC y luego se resarce a través del alquiler con un beneficio”. Hernández señala que “esto es como lavar dinero evadido a la Hacienda pública y además con lucro”.

El portavoz verde indica que en la actualidad “las grandes constructoras de túneles pueden obtener el concurso para la ejecución con financiación pública, quedando la explotación en manos de la Administración, como los túneles de El Hierro, o bien financiar el proyecto con fondos propios o mediante créditos sindicados, pudiendo adjudicarse el diseño, construcción, viarios de acceso y desdoblamientos, explotación y mantenimiento, mediante una concesión administrativa para el cobro de peajes que permita resarcirse de la inversión, los intereses, más un beneficio”. De la conversación de Salvador Iglesias se deduce, según Los Verdes, que para la construcción y puesta en servicio del túnel transversal “se ensayaría esta segunda forma de gestión privada”. Hernández señala que “la peculiaridad sería que, mientras en Europa la constructora financia con fondos y riesgo crediticio propios, en Canarias se iría en UTE con empresas beneficiarias de la Reserva de Inversiones, que aportarían esos fondos ociosos detraídos del impuesto de Sociedades a la financiación de la obra, para resarcirse luego cobrando un peaje a los futuros usuarios por atravesar el túnel”.

En la actualidad, este tipo de concesiones es de competencia estatal según la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas y está prevista la implantación de un servicio europeo de telepeaje mediante sistemas de cobro automatizados. El portavoz verde considera que “la RIC sería una auténtica perversión fiscal en el sistema de concesiones administrativas, porque sus fondos no son dinero privado, sino dinero público privatizado mediante un privilegio que, en la concesión del túnel, se invertiría en sustitución de los fondos públicos, obteniendo un rendimiento en la explotación del servicio y, bordeando ya el surrealismo, esos rendimientos volverían a la Reserva de Inversiones al ser declarados: al empresario le saldría casi gratis y con pingües beneficios, pero a los usuarios les supondría tener que pagar un peaje durante treinta o cuarenta años”. Los Verdes consideran que “este tipo de concesión administrativa no es rechazable en sí misma como forma de financiación y gestión, pero la aplicación de fondos RIC constituiría una distorsión escandalosa del sistema, pues si esos fondos se hubieran mantenido públicos mediante el impuesto de Sociedades la obra se podría financiar con cargo al Estado sin dar lugar al peaje privado, y el tránsito sería gratuito o bien habría un peaje de precio público como fuente de ingresos de la Administración”.

Read Full Post »

Los Verdes censuran al PSOE su postura sobre el servicio de cardiología del HUC

 

Insisten en que la morbimortalidad por cardiopatía de Canarias siempre ha sido el mayor del estado respecto a la media, como revelan todos los estudios publicados

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado la postura del grupo del PSOE en el cabildo de Tenerife “por dañar de manera irresponsable a la sanidad pública”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández,  considera “lamentable la politización que ha hecho el PSOE con este delicado asunto” y asegura que “Santiago Pérez y Ana Lupe Mora están interviniendo públicamente sin la debida precaución, discreción y prudencia que requiere un tema tan sensible”. Hernández insiste en que “no corresponde a los partidos políticos establecer las causas de los índices de mortalidad en los distintos servicios hospitalarios y ya el órgano colegial había tomado cartas en el asunto trasladándolo a la Fiscalía, de manera que la petición de Santiago Pérez es extemporánea”. Hernández recuerda que tanto la Fiscalía como el Diputado del Común “ya desestimaron otras denuncias previas” y advierte que “Canarias presenta singularidades epidemiológicas muy marcadas en los indicadores de enfermedades coronarias por causas genéticas, socioeconómicas, demográficas e incluso estadísticas, se atribuya de manera preferente a una mala praxis profesional y se personalice en el personal del servicio unos datos sobre mortalidad que deben ser tomados con extrema precaución”. El portavoz verde señala que “los factores asociados a la morbimortalidad cardiaca en Canarias no solo colocan al archipiélago en una posición especial y muy superior respecto a la media estatal en riesgo coronario y decesos por cardiopatía isquémica y diabetes mellitus, sino que relativizan el factor humano atribuible a las causas de muerte por posibles errores médicos, y por ello la postura del PSOE cabe calificarla de campaña de hostigamiento contra el servicio de cirugía”. Hernández señaló como “otros factores determinantes que no se han tomado en consideración antes de hacer acusaciones públicas” la diabetes mellitus y el síndrome metabólico asociado, los valores  de colesterol y lipoproteínas, determinados genotipos, el envejecimiento de la población, el sedentarismo en hombres y mujeres, la hipertensión, obesidad y sobrepeso, el tabaquismo, las listas de espera en Urgencias, o los indicadores socioeconómicos de pobreza en el acceso a los servicios públicos sanitarios. El portavoz verde se pregunta “por qué el PSOE no los tiene en cuenta en la relación causa-efecto y la atribuye de manera unilateral al personal sanitario”. Según los estudios publicados, Canarias se encuentra en el grupo de cabeza de mayor mortalidad cardiovascular junto a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, con la tasa más alta de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y una tasa por enfermedad cerebrovascular relativamente baja.

Un estudio publicado en 2003, “Tendencias en la mortalidad por cardiopatía isquémica en 50 provincias españolas”, al analizar comparativamente la mortalidad provincial por cardiopatía isquémica en los cuatrienios 1988-1991 y 1994-1997 en la población de 35-64 años destacó “la enorme diferencia en la magnitud de las tasas entre las distintas provincias”, atribuyendo a Canarias las mayores cifras. Según este estudio la tasa global para España fue de 101,11 en varones y de 44,89 en mujeres, y respecto a esa media por sexos en Santa Cruz de Tenerife alcanzaba 150,51 y 70,88 y en Las Palmas 164,42 y 75,30 respectivamente.

El Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular del Servicio Canario de Salud, elaborado en el año 2000, situaba las tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular en la provincia tinerfeña por encima del 40%, empleando datos de 1995, considerando que esta afección “lidera todas las causas de muerte”.

Uno de los últimos estudios, publicado en la revista Medicina Clínica en 2006, concluyó que en Canarias la prevalencia bruta de obesidad alcanza el 30%, la de sobrepeso el 39%, la de tabaquismo el 26%, la de hipertensión arterial el 40% y la de diabetes mellitus el 12%. El estudio compara esta situación con las estimaciones publicadas para Gerona y concluye que “en promedio, el riesgo coronario calibrado en Canarias es un 89% más alto (un 94% en varones y un 87% en mujeres), lo cual se corresponde con la distancia entre ambas poblaciones en las estadísticas nacionales de mortalidad”.

 

 

Relacionado:

 

Tendencias en la mortalidad por cardiopatía isquémica en 50 provincias españolas.

Rev Esp Cardiol 2003; 56: 850 – 856

http://www.revespcardiol.org/cgi-bin/wdbcgi.exe/cardio/mrevista_cardio.fulltext?pident=13051611

 

 

Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular del Servicio Canario de Salud.

Año 2000: http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/6/6_1/cardiovascular/pdf/Programa_de_riesgo_cardiovascular.pdf

 

Mortalidad por Enfermedad Cardiovascular y por Areas de Salud

 

Fuerteventura                                      31,43%

Lanzarote                                            34,59%

Gran Canaria                                       36,02%

 

Tenerife                                              38,04%

La Palma                                            40,77%

La Gomera                                          41,26%

El Hierro                                              44,74%

 

(Fuente: ICE 1995)

 

Estimación del riesgo coronario en la población de Canarias aplicando la ecuación de Framingham.

Medicina clínica, ISSN 0025-7753, Vol. 126, Nº. 14, 2006 , pags. 521-526

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1962524

Read Full Post »