Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 3/04/08

Se preguntan en manos de qué Gobierno deja Ben Magec la ILP sobre la moratoria

A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha calificado de “bochorno” el contenido de las grabaciones realizadas por la Policía Nacional de conversaciones de altos cargos del Gobierno autónomo anterior, uno de ellos en activo actualmente en el ejecutivo de Paulino Rivero, con el empresario Santiago Santana Cazorla. Hernández considera “muy instructivas” estas pesquisas “para comprender las complicidades entre políticos y empresarios hurdidas presuntamente para sortear una legislación inconveniente evadiendo las reservas de los técnicos del servicio jurídico”. Las grabaciones, a juicio de Los Verdes, “traslucen en general una continua tensión entre las decisiones de favorecer determinadas inversiones privadas y las reservas sobre su encaje legal”. El portavoz de Los Verdes asegura que “nos parece correcto que el juez remitiera el auto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque en las grabaciones se roza la prevaricación urbanística y el tráfico de influencias, aunque eso tendría que determinarlo un fiscal”. Octavio Hernández se pregunta, a la vista de las transcripciones, “en manos de qué Gobierno deja Ben Magec la Iniciativa Legislativa Popular sobre la moratoria, porque la sensación que queda tras comprobar de qué cosas hablan los responsables gubernamentales es que hacemos el tonto creyendo en las instituciones y presentando propuestas para el interés general y el desarrollo sotenible”.

Túnel

Hernández resaltó un detalle de la conversación entre Salvador Iglesias y Santa Cazorla del 28 de diciembre de 2006, donde tras bromear sobre el pleito insular hacen referencia a las infraestructuras existentes y proyectadas en Tenerife. Concretamente, Los Verdes llaman la atención sobre el proyecto de túnel para unir los valles de La Orotava y Güímar, que en los últimos días ha estado de actualidad en Tenerife. El extracto recogido en la transcripción policial dice así:

SALVADOR: el tranvía

SANTIAGO: El tranvía, el tranvía

SALVADOR: Sí, sí

SANTIAGO: Eso ya es terrible ¿sabes?

SALVADOR: Mira cuando tenga yo, para reyes me lo dices que vamos a hacer un túnel aquí pa unir el norte y el sur, o sea el mejor negocio de las Islas Canarias en los últimos doscientos años, ¡acuérdate!

SANTIAGO: pa alquilarlo ¿no?

SALVADOR: No claro, una concesión administrativa ¡coño!

SANTIAGO: Si, eso tiene una buena cosa

SALVADOR: Ya lo creo que sí, además ya el nuevo instrumento fiscal, la regulación legal actual, la reforma última eh… prácticamente lo permite ya eso, eso ya no tiene dificultad, hay que anticiparse a los tiempos

SANTIAGO: Hay que anticiparse sí, sí

El portavoz de Los Verdes en Tenerife considera que la referencia a la concesión administrativa y la RIC “recuerda la escandalosa concesión privada por cincuenta años de la gestión del negocio ideado con Chillida en la montaña de Tindaya”. Octavio Hernández se pregunta “si esta es la visión de interés general que el Gobierno tiene sobre el túnel transversal La Orotava-Güímar”.

Anuncios

Read Full Post »

Consideran que es una “posible vía de defensa de los derechos legítimos de los propietarios afectados”

A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha cuestionado el anuncio realizado por la concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, en una reunión celebrada el pasado 27 de marzo con la Asociación de Vecinos Los Pedacillos de El Suculum, donde afirmó que los propietarios de las parcelas 77 y 99 no recuperarían sus terrenos porque el Plan General de 1992 y su actual revisión contemplan ubicar en ellos un parque y un colegio. Hernández señala que “no pueden ser expropiados si no es por utilidad pública y no tienen por qué participar contra su voluntad en la urbanización de Mapfre, pero además pueden solicitar al Registro de la Propiedad a través de su representante legal que devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno del ayuntamiento el 23 de mayo de 1989”. Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos solicitados por Luz Reverón reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”. Octavio Hernández recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”.

En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992 y este planeamiento contempló entre otros como usos dotacionales fruto de la compensación un parque y un colegio en las parcelas 77 y 99. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. “Ahora bien –destaca Hernández-, ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades: la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz verde, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.

Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación de 1989, tendría que rehacerse la compensación y la urbanización contando con la nueva información sobre las propiedades y, entre otras consecuencias, Mapfre tendría que dar al ayuntamiento el 10 por ciento de aprovechamiento para uso dotacional en los terrenos propios que pretende urbanizar y no en los ajenos que se deben excluir de la compensación y no pueden reintegrarse a la Junta contra la voluntad de sus propietarios ni expropiarse si no hay razones de utilidad pública”. El portavoz insular de Los Verdes estima que tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 “tendrían que ser modificados por el ayuntamiento si el Registro de la Propiedad le devuelve la reparcelación y, en ese supuesto, el grupo de gobierno y el pleno tendrían la oportunidad de restaurar los derechos de los legítimos propietarios excluyendo cualquier proceso expropiatorio para uso público, porque el Plan General de Ordenación está todavía abierto a modificaciones”. “El ayuntamiento –explica Hernández- siempre podría mantener el uso dotacional en los mismos terrenos en el nuevo PGO, pero sería una decisión discrecional a voluntad del grupo de gobierno y del pleno, y no una obligación heredada del PGO de 1992, como ha defendido Luz Reverón. Sobra decir que una decisión así sería inmoral y absolutamente reprobable porque chocaría con los derechos reconocidos a estos vecinos después de una larga y dura batalla legal. Pero la ubicación del parque y el colegio en las parcelas 99 y 77 no sería, por tanto, irreversible, como afirmó la concejala en la reunión del Suculum”.

Distinto rasero

La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación determinó los usos dotacionales públicos de la compensación del plan parcial que quedaron recogidos desde 1989, no fueron alterados por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasaron así al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.

Según Hernández, la referencia de Luz Reverón al Plan General de 1992 y al que actualmente se encuentra en proceso de modificación, “como si fueran las tablas de la ley mosaica”, no puede obviar que el Convenio de 2001 “permite modificar y de hecho modifica las dotaciones públicas de la compensación que contempló el PGO de 1992”. Así, el texto del citado acuerdo “en la estipulación cuarta sobre condiciones y criterios para la modificación del planeamiento, en el punto “D) Criterios para la reordenación de las parcelas de la Unidad B-Los Valles, afectadas”, entre las que se encuentran la 77 y la 99, el propio Convenio modificó el uso público para favorecer a los promotores, dándole uso privado a las parcelas 12 y 13 del plan parcial”. Esta disposición estableció, textualmente: “Las parcelas números 12 y 13 del vigente Plan Parcial destinadas en la actualidad a equipamiento docente (con carácter de dotación pública), se reconvertirán a usos de equipamiento privado para actividades de Bienestar Social, deportivas, culturales y de ocio y a usos terciarios en la categoría de Salas de Reunión y comercial en la categoría 1ª y 2ª; incorporando a las mismas la edificabilidad correspondiente a la parcela nº 103”.

A la vista de esta disposición, Octavio Hernández señala que “resulta francamente perturbador que Luz Reverón afirme que no se puede modificar el uso público dotacional previsto por el PGO de 1992 en las parcelas 77 y 99, y diga que sus propietarios tienen que ceder a las pretensiones de Mapfre y del ayuntamiento, es decir, de la Junta de Compensación, cuando el uso dotacional sí se modifico en el Convenio de 2001 para favorecer usos privados de los promotores: parece que a los ricos se les puede quitar parques y colegios públicos para que hagan negocio, pero los pobres tienen que perder sus casas si los parques y colegios se ubican en sus terrenos”.

  

Relacionado:

Texto del Convenio para la reordenación del plan parcial de Las Teresitas de 19 de enero de 2001:

http://www.santacruz-es.com/convenios/descargar_pdf.php?pdf=AIIA-6

Read Full Post »