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Archive for 11 abril 2008

Coinciden con el Ministro Solbes en que el sector está sobredimensionado y debe ser “corregido por el mercado”

 

A través de un comunicado, Los Verdes han valorado hoy las declaraciones que viene realizando el presidente de la patronal tinerfeña de la construcción (Fepeco), Antonio Plasencia, donde pide que las administraciones públicas intervengan en el mercado inmobiliario mediante rebajas en la imposición vinculada a la vivienda, reduciendo a la mitad el IGIC y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en el caso de la comunidad autónoma, y las licencias de construcción, por los ayuntamientos. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, se mostró “partidario de la doctrina Solbes en esta cuestión”, en referencia al ministro de Economía, Pedro Solbes. Hernández recuerda que a mediados de febrero pasado el ministro se mostró “en radical desacuerdo con que el Estado deba sustituir o respaldar ante la crisis a las empresas constructoras e inmobiliarias que han apostado, de una forma más atrevida que otras, por ganar mucho dinero”. El portavoz de Los Verdes considera que “Fepeco ha destacado siempre por su crítica al intervensionismo público exigiendo deshacer la capacidad reguladora de los poderes públicos en el libre mercado, pero ahora no quieren probar su propia receta”. Hernández recuerda a Antonio Plasencia que “las empresas de la construcción ya se benefician de la Reserva de Inversiones y los precios de la vivienda y los beneficios pueden descender con cargo a esta desgravación fiscal, no puede ser que pretendan reducir más los ingresos fiscales de las administraciones públicas cuando la RIC ya desgrava aquí el 90 por ciento del Impuesto de Sociedades, porque entraríamos en el comunismo para los constructores y el salvajismo para los trabajadores”. El portavoz verde destaca que “el sector de la construcción de las islas está sobredimensionado en todos los sentidos y la crisis es una oportunidad impuesta por el propio mercado para corregir una situación que era cada vez más insostenible y peligrosa para el conjunto de la economía, por lo que la Administración debe resistir todos las presiones y arbitrar medidas que no impidan la racionalización y adelgazamiento del sector”. Octavio Hernández detalla que “desde 2001 el número de empresas constructoras ha crecido en Canarias a un ritmo del 10 por ciento anual, sumando mil nuevas sociedades al año hasta alcanzar más de 17.000 en la actualidad, en unas islas de territorio limitado donde sólo un 25 por ciento del suelo no se encuentra ya ocupado o protegido, en tanto que el número de inmobiliarias se ha triplicado”. Los Verdes rechazan la postura de Fepeco “porque choca frontalmente con el objetivo de culminar los planes generales de ordenación pendientes en más del 90 por ciento de los municipios canarios, durante cuya tramitación están suspendidas las licencias, y la idea de permitirlas mientras no estén aprobados provocaría un caos en la ordenación territorial que haría inviable el propio objetivo del planeamiento y de la legislación del suelo”. Hernández sostiene que “las nuevas rebajas fiscales propuestas por Fepeco no son medidas anticíclicas, sino antieconómicas, porque reducirían todavía más la capacidad financiera de las administraciones para afrontar las consecuencias sociales del desempleo y distorsionarían la depuración del sector en un marco de libre competencia, donde quienes no hayan sido prudentes deben afrontar las consecuencias de sus malas decisiones”. El portavoz verde apeló a “no ofender el principio de igualdad para todos ante la crisis” y concluyó que “si un empresario decidió dedicarse a una actividad fácil pero insostenible y no ha sabido administrar bien sus beneficios y privilegios fiscales de la última década, debe afrontar las consecuencias en lugar de pasarle el problema a las administraciones públicas, y le toca perder frente a los empresarios que sí han sabido prepararse para el fin de la euforia y cuentan con margen de diversificación”.

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A raíz de una conversación de Salvador Iglesias grabada en el marco de la “Operación Góndola”

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han manifestado su preocupación por la forma de gestión que podría estar estudiando el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para la construcción y explotación del futuro túnel transversal que uniría los valles de La Orotava y Güímar. Los Verdes ya destacaron la semana pasada unas confidencias realizadas por el anterior director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias, al constructor Santiago Santana Cazorla, grabadas casualmente por la policía en el marco de las investigaciones de la “Operación Góndola”, que se conocieron al desclasificarse parte del sumario. En dicha conversación, Iglesias dijo que el túnel va a ser “el mejor negocio de las Islas Canarias en los últimos doscientos años”, y lo argumentó señalando que se daría una “concesión administrativa” a través del “nuevo instrumento fiscal”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “en la Unión Europea son comunes formas de gestión privada de tramos de vías a través de peajes ligados a la financiación de su construcción, un sistema que aún no se ha ensayado en Canarias pero que el Régimen Económico y Fiscal contempla, por ejemplo, para viviendas en alquiler: el empresario construye con fondo RIC y luego se resarce a través del alquiler con un beneficio”. Hernández señala que “esto es como lavar dinero evadido a la Hacienda pública y además con lucro”.

El portavoz verde indica que en la actualidad “las grandes constructoras de túneles pueden obtener el concurso para la ejecución con financiación pública, quedando la explotación en manos de la Administración, como los túneles de El Hierro, o bien financiar el proyecto con fondos propios o mediante créditos sindicados, pudiendo adjudicarse el diseño, construcción, viarios de acceso y desdoblamientos, explotación y mantenimiento, mediante una concesión administrativa para el cobro de peajes que permita resarcirse de la inversión, los intereses, más un beneficio”. De la conversación de Salvador Iglesias se deduce, según Los Verdes, que para la construcción y puesta en servicio del túnel transversal “se ensayaría esta segunda forma de gestión privada”. Hernández señala que “la peculiaridad sería que, mientras en Europa la constructora financia con fondos y riesgo crediticio propios, en Canarias se iría en UTE con empresas beneficiarias de la Reserva de Inversiones, que aportarían esos fondos ociosos detraídos del impuesto de Sociedades a la financiación de la obra, para resarcirse luego cobrando un peaje a los futuros usuarios por atravesar el túnel”.

En la actualidad, este tipo de concesiones es de competencia estatal según la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas y está prevista la implantación de un servicio europeo de telepeaje mediante sistemas de cobro automatizados. El portavoz verde considera que “la RIC sería una auténtica perversión fiscal en el sistema de concesiones administrativas, porque sus fondos no son dinero privado, sino dinero público privatizado mediante un privilegio que, en la concesión del túnel, se invertiría en sustitución de los fondos públicos, obteniendo un rendimiento en la explotación del servicio y, bordeando ya el surrealismo, esos rendimientos volverían a la Reserva de Inversiones al ser declarados: al empresario le saldría casi gratis y con pingües beneficios, pero a los usuarios les supondría tener que pagar un peaje durante treinta o cuarenta años”. Los Verdes consideran que “este tipo de concesión administrativa no es rechazable en sí misma como forma de financiación y gestión, pero la aplicación de fondos RIC constituiría una distorsión escandalosa del sistema, pues si esos fondos se hubieran mantenido públicos mediante el impuesto de Sociedades la obra se podría financiar con cargo al Estado sin dar lugar al peaje privado, y el tránsito sería gratuito o bien habría un peaje de precio público como fuente de ingresos de la Administración”.

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Insisten en que la morbimortalidad por cardiopatía de Canarias siempre ha sido el mayor del estado respecto a la media, como revelan todos los estudios publicados

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado la postura del grupo del PSOE en el cabildo de Tenerife “por dañar de manera irresponsable a la sanidad pública”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández,  considera “lamentable la politización que ha hecho el PSOE con este delicado asunto” y asegura que “Santiago Pérez y Ana Lupe Mora están interviniendo públicamente sin la debida precaución, discreción y prudencia que requiere un tema tan sensible”. Hernández insiste en que “no corresponde a los partidos políticos establecer las causas de los índices de mortalidad en los distintos servicios hospitalarios y ya el órgano colegial había tomado cartas en el asunto trasladándolo a la Fiscalía, de manera que la petición de Santiago Pérez es extemporánea”. Hernández recuerda que tanto la Fiscalía como el Diputado del Común “ya desestimaron otras denuncias previas” y advierte que “Canarias presenta singularidades epidemiológicas muy marcadas en los indicadores de enfermedades coronarias por causas genéticas, socioeconómicas, demográficas e incluso estadísticas, se atribuya de manera preferente a una mala praxis profesional y se personalice en el personal del servicio unos datos sobre mortalidad que deben ser tomados con extrema precaución”. El portavoz verde señala que “los factores asociados a la morbimortalidad cardiaca en Canarias no solo colocan al archipiélago en una posición especial y muy superior respecto a la media estatal en riesgo coronario y decesos por cardiopatía isquémica y diabetes mellitus, sino que relativizan el factor humano atribuible a las causas de muerte por posibles errores médicos, y por ello la postura del PSOE cabe calificarla de campaña de hostigamiento contra el servicio de cirugía”. Hernández señaló como “otros factores determinantes que no se han tomado en consideración antes de hacer acusaciones públicas” la diabetes mellitus y el síndrome metabólico asociado, los valores  de colesterol y lipoproteínas, determinados genotipos, el envejecimiento de la población, el sedentarismo en hombres y mujeres, la hipertensión, obesidad y sobrepeso, el tabaquismo, las listas de espera en Urgencias, o los indicadores socioeconómicos de pobreza en el acceso a los servicios públicos sanitarios. El portavoz verde se pregunta “por qué el PSOE no los tiene en cuenta en la relación causa-efecto y la atribuye de manera unilateral al personal sanitario”. Según los estudios publicados, Canarias se encuentra en el grupo de cabeza de mayor mortalidad cardiovascular junto a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, con la tasa más alta de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y una tasa por enfermedad cerebrovascular relativamente baja.

Un estudio publicado en 2003, “Tendencias en la mortalidad por cardiopatía isquémica en 50 provincias españolas”, al analizar comparativamente la mortalidad provincial por cardiopatía isquémica en los cuatrienios 1988-1991 y 1994-1997 en la población de 35-64 años destacó “la enorme diferencia en la magnitud de las tasas entre las distintas provincias”, atribuyendo a Canarias las mayores cifras. Según este estudio la tasa global para España fue de 101,11 en varones y de 44,89 en mujeres, y respecto a esa media por sexos en Santa Cruz de Tenerife alcanzaba 150,51 y 70,88 y en Las Palmas 164,42 y 75,30 respectivamente.

El Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular del Servicio Canario de Salud, elaborado en el año 2000, situaba las tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular en la provincia tinerfeña por encima del 40%, empleando datos de 1995, considerando que esta afección “lidera todas las causas de muerte”.

Uno de los últimos estudios, publicado en la revista Medicina Clínica en 2006, concluyó que en Canarias la prevalencia bruta de obesidad alcanza el 30%, la de sobrepeso el 39%, la de tabaquismo el 26%, la de hipertensión arterial el 40% y la de diabetes mellitus el 12%. El estudio compara esta situación con las estimaciones publicadas para Gerona y concluye que “en promedio, el riesgo coronario calibrado en Canarias es un 89% más alto (un 94% en varones y un 87% en mujeres), lo cual se corresponde con la distancia entre ambas poblaciones en las estadísticas nacionales de mortalidad”.

 

 

Relacionado:

 

Tendencias en la mortalidad por cardiopatía isquémica en 50 provincias españolas.

Rev Esp Cardiol 2003; 56: 850 – 856

http://www.revespcardiol.org/cgi-bin/wdbcgi.exe/cardio/mrevista_cardio.fulltext?pident=13051611

 

 

Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular del Servicio Canario de Salud.

Año 2000: http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/6/6_1/cardiovascular/pdf/Programa_de_riesgo_cardiovascular.pdf

 

Mortalidad por Enfermedad Cardiovascular y por Areas de Salud

 

Fuerteventura                                      31,43%

Lanzarote                                            34,59%

Gran Canaria                                       36,02%

 

Tenerife                                              38,04%

La Palma                                            40,77%

La Gomera                                          41,26%

El Hierro                                              44,74%

 

(Fuente: ICE 1995)

 

Estimación del riesgo coronario en la población de Canarias aplicando la ecuación de Framingham.

Medicina clínica, ISSN 0025-7753, Vol. 126, Nº. 14, 2006 , pags. 521-526

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1962524

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Consideran insostenible la situación laboral de los inspectores

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado positivamente el Acuerdo de cooperación para el ejercicio de las competencias estatales en materia de inspección fitosanitarias suscrito este lunes en Lanzarote entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con el fin de mejorar y agilizar las inspecciones fitosanitarias en los siete puntos de inspección fronterizos de entrada aéreos y siete marítimos situados en Canarias, para prevenir y evitar los efectos negativos en los cultivos canarios de la entrada ilegal de mercancías no autorizadas por los puntos de inspección fronterizos, mediante mecanismos excepcionales de control y trazabilidad fitosanitaria.

El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha destacado que “en los últimos 15 años han entrado unas 75 plagas y la firma se ha demorado desde 2004, pero ahora toca abordar también un acuerdo de cooperación similar para la inspección pesquera cuyas bases están ya maduras en 2008”. Hernández señala que “desde el año pasado se viene avanzando a nivel europeo en la elaboración de instrumentos legales para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que hacen especial hincapié en la prioridad de mejorar el control de la legalidad de las actividades de los buques pesqueros de terceros países que entran en los puertos y de sus capturas”.

En octubre de 2007, la Comisión presentó una propuesta de reglamento que pretende establecer las condiciones, el procedimiento y la frecuencia de realización de inspecciones en puerto por parte de los estados miembros de los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un tercer país, y de la importación de pescado por otros medios, como los containers”. Esta disposición, que será aprobada durante 2008, contempla que “los estados miembros realizarán inspecciones en sus puertos de, como mínimo, el 15% de las operaciones de desembarque, transbordo y transformación a bordo efectuadas cada año por buques pesqueros de terceros países”. Octavio Hernández señala que “a los inspectores se les encomienda examinar el buque, la documentación, el cuaderno, diario de pesca y hojas de carga, las artes de pesca, el equipo, las capturas, así como el control de la totalidad de las operaciones de desembarque o transbordo y un control cruzado de las cantidades de cada especie”.

Los Verdes critican que en Canarias “mientras las tareas se multiplican, la realidad es que no es posible garantizar el control de inspección en las condiciones actuales y tanto la cantidad de inspectores como sus condiciones laborales deberían ser revisadas”. Hernández indica que “aunque el secretario general de Pesca dijo en noviembre que existen nueve inspectores de pesca en Canarias, en marzo había 5 plazas en la provincia de Las Palmas, de las cuales una no está ocupada, y 2 plazas para la de Tenerife, con sólo una ocupada, en tanto que un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea de diciembre de 2007 estimó que el número de inspectores necesarios para todo el estado era de 139, pero la cifra en 2006 ascendía a 91 y en la actualidad únicamente trabajan en este campo 75 funcionarios”.

El portavoz verde señala que “estos funcionarios trabajan hasta las tres, y han denunciado reiteradamente que durante la tarde, por la noche y en los días festivos se produce un auténtico coladero de pesca ilegal ante la permisividad de las autoridades españolas, que ya han sido advertidas de sanciones millonarias por la Unión Europea”. De hecho, la Comisión admite que “los agentes económicos del sector pesquero aprovechan estos vacíos y ha previsto castigar la posible connivencia de los estados”. Hernández justifica que “la oportunidad para un Acuerdo de cooperación en materia de inspección pesquera entre el Ministerio y la Consejería viene determinada por las iniciativas regulatorias anunciadas para 2008, por la necesidad de dar una salida a la situación insostenible de los inspectores, por las propias demandas del sector pesquero que sufre esta competencia desleal y la creciente sensibilidad de los consumidores, y porque el Título V de la Ley canaria de pesca y la veintena de funcionarios adscritos al Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera en las islas deberían coordinarse y servir de apoyo en el mismo marco aunque sea una competencia exclusiva estatal”.

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Advierten que la alarma generada “también puede provocar muertes al condicionar la conducta y atención de los enfermos”

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado “muy negativamente” la polémica pública sobre la mortalidad por cardiopatía en el Hospital Universitario de Canarias, advirtiendo que la alarma generada “también puede provocar muertes al condicionar la conducta y atención de los enfermos”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, considera “lamentable la politización que ha hecho el PSOE con este delicado asunto desde que Teresa Morales presentó una pregunta parlamentaria sin pensar en las consecuencias” y asegura que “no entiendo qué hace la consejera insular Ana Lupe Mora interviniendo sin la debida precaución, discreción y prudencia que requiere un tema tan sensible, si no es que pretende lavar su imagen por otros asuntos que nada tienen que ver con la atención hospitalaria”. Hernández señala que “no corresponde a los partidos políticos establecer las causas de los índices de mortalidad en los distintos servicios hospitalarios, pero desde que este tema se politiza y se genera una alarma social obliga a que nos pronunciemos porque se puede dañar a la sanidad pública, a un servicio esencial y a los propios enfermos, y eso sí tiene relevancia política”. Hernández advierte que “resulta muy llamativo que existiendo un antecedente demostrado de conflicto laboral en el departamento afectado, y siendo de dominio público que Canarias presenta singularidades epidemiológicas muy marcadas en los indicadores de enfermedades coronarias por causas genéticas, sociológicas, demográficas e incluso estadísticas, se atribuya de manera preferente a una mala praxis profesional y se personalice en el personal del servicio unos datos sobre mortalidad que deben ser tomados con extrema precaución”. El portavoz verde señala que la diabetes mellitus y el síndrome metabólico asociado, los valores  de colesterol y lipoproteínas, determinados genotipos, el envejecimiento de la población, el sedentarismo en hombres y mujeres, la hipertensión, obesidad y sobrepeso, el tabaquismo y otros factores “no son iguales en todos los territorios a efectos estadísticos y de evaluación de los servicios hospitalarios de cardiología, y colocan a Canarias en una posición especial y superior respecto a la media estatal en morbimortalidad por cardiopatía isquémica y diabetes mellitus”. Además, señala, “al igual que se ha planteado en las islas Baleares, hay cuestiones estadísticas en el censo de población extranjera atendida por cardiopatías que inciden en el cálculo de los indicadores”. Según destacan Los Verdes, estudios recientes atribuyen los importantes riesgos coronarios que padece específicamente la población canaria a la elevada prevalencia de estos factores, explicando así la posición de las islas en las estadísticas de mortalidad por cardiopatía isquémica. Según estos estudios, Canarias se encuentra en el grupo de cabeza de mayor mortalidad cardiovascular junto a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, con la tasa más alta de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y una tasa por enfermedad cerebrovascular relativamente baja. El riesgo coronario en las islas es muy superior al de otras poblaciones, acercándose más a cifras de Estados Unidos que de la propia Unión Europea “cuando en España la tendencia de las tasas de morbilidad hospitalaria de las enfermedades del aparato circulatorio se ha acelerado y ha ido en constante aumento en los últimos, absorbiendo incluso la reducción por diagnóstico precoz y nuevos avances médicos”.

Octavio Hernández estima que con esta situación, “si descontamos estos factores en los datos que se han conocido sobre el funcionamiento del Servicio de Cirugía Cardiaca del hospital Universitario de Canarias, nos parece demasiado forzado que deba atribuirse de manera directa a mala praxis médica la diferencia con las tasas medias o con otros territorios y poblaciones, y mucho más descabellado es relacionar esto con la gestión de unos u otros partidos al frente de la Consejería de Sanidad”. Hernández concluye que “aventurarse en guerras intestinas de departamento para alimentar batallas entre partidos, a costa de quemar todavía más a nuestro escaso personal especializado, no parece la mejor manera de mejorar la calidad de los servicios públicos sanitarios”.

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Se preguntan en manos de qué Gobierno deja Ben Magec la ILP sobre la moratoria

A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha calificado de “bochorno” el contenido de las grabaciones realizadas por la Policía Nacional de conversaciones de altos cargos del Gobierno autónomo anterior, uno de ellos en activo actualmente en el ejecutivo de Paulino Rivero, con el empresario Santiago Santana Cazorla. Hernández considera “muy instructivas” estas pesquisas “para comprender las complicidades entre políticos y empresarios hurdidas presuntamente para sortear una legislación inconveniente evadiendo las reservas de los técnicos del servicio jurídico”. Las grabaciones, a juicio de Los Verdes, “traslucen en general una continua tensión entre las decisiones de favorecer determinadas inversiones privadas y las reservas sobre su encaje legal”. El portavoz de Los Verdes asegura que “nos parece correcto que el juez remitiera el auto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque en las grabaciones se roza la prevaricación urbanística y el tráfico de influencias, aunque eso tendría que determinarlo un fiscal”. Octavio Hernández se pregunta, a la vista de las transcripciones, “en manos de qué Gobierno deja Ben Magec la Iniciativa Legislativa Popular sobre la moratoria, porque la sensación que queda tras comprobar de qué cosas hablan los responsables gubernamentales es que hacemos el tonto creyendo en las instituciones y presentando propuestas para el interés general y el desarrollo sotenible”.

Túnel

Hernández resaltó un detalle de la conversación entre Salvador Iglesias y Santa Cazorla del 28 de diciembre de 2006, donde tras bromear sobre el pleito insular hacen referencia a las infraestructuras existentes y proyectadas en Tenerife. Concretamente, Los Verdes llaman la atención sobre el proyecto de túnel para unir los valles de La Orotava y Güímar, que en los últimos días ha estado de actualidad en Tenerife. El extracto recogido en la transcripción policial dice así:

SALVADOR: el tranvía

SANTIAGO: El tranvía, el tranvía

SALVADOR: Sí, sí

SANTIAGO: Eso ya es terrible ¿sabes?

SALVADOR: Mira cuando tenga yo, para reyes me lo dices que vamos a hacer un túnel aquí pa unir el norte y el sur, o sea el mejor negocio de las Islas Canarias en los últimos doscientos años, ¡acuérdate!

SANTIAGO: pa alquilarlo ¿no?

SALVADOR: No claro, una concesión administrativa ¡coño!

SANTIAGO: Si, eso tiene una buena cosa

SALVADOR: Ya lo creo que sí, además ya el nuevo instrumento fiscal, la regulación legal actual, la reforma última eh… prácticamente lo permite ya eso, eso ya no tiene dificultad, hay que anticiparse a los tiempos

SANTIAGO: Hay que anticiparse sí, sí

El portavoz de Los Verdes en Tenerife considera que la referencia a la concesión administrativa y la RIC “recuerda la escandalosa concesión privada por cincuenta años de la gestión del negocio ideado con Chillida en la montaña de Tindaya”. Octavio Hernández se pregunta “si esta es la visión de interés general que el Gobierno tiene sobre el túnel transversal La Orotava-Güímar”.

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Consideran que es una “posible vía de defensa de los derechos legítimos de los propietarios afectados”

A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha cuestionado el anuncio realizado por la concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, en una reunión celebrada el pasado 27 de marzo con la Asociación de Vecinos Los Pedacillos de El Suculum, donde afirmó que los propietarios de las parcelas 77 y 99 no recuperarían sus terrenos porque el Plan General de 1992 y su actual revisión contemplan ubicar en ellos un parque y un colegio. Hernández señala que “no pueden ser expropiados si no es por utilidad pública y no tienen por qué participar contra su voluntad en la urbanización de Mapfre, pero además pueden solicitar al Registro de la Propiedad a través de su representante legal que devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno del ayuntamiento el 23 de mayo de 1989”. Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos solicitados por Luz Reverón reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”. Octavio Hernández recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”.

En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992 y este planeamiento contempló entre otros como usos dotacionales fruto de la compensación un parque y un colegio en las parcelas 77 y 99. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. “Ahora bien –destaca Hernández-, ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades: la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz verde, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.

Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación de 1989, tendría que rehacerse la compensación y la urbanización contando con la nueva información sobre las propiedades y, entre otras consecuencias, Mapfre tendría que dar al ayuntamiento el 10 por ciento de aprovechamiento para uso dotacional en los terrenos propios que pretende urbanizar y no en los ajenos que se deben excluir de la compensación y no pueden reintegrarse a la Junta contra la voluntad de sus propietarios ni expropiarse si no hay razones de utilidad pública”. El portavoz insular de Los Verdes estima que tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 “tendrían que ser modificados por el ayuntamiento si el Registro de la Propiedad le devuelve la reparcelación y, en ese supuesto, el grupo de gobierno y el pleno tendrían la oportunidad de restaurar los derechos de los legítimos propietarios excluyendo cualquier proceso expropiatorio para uso público, porque el Plan General de Ordenación está todavía abierto a modificaciones”. “El ayuntamiento –explica Hernández- siempre podría mantener el uso dotacional en los mismos terrenos en el nuevo PGO, pero sería una decisión discrecional a voluntad del grupo de gobierno y del pleno, y no una obligación heredada del PGO de 1992, como ha defendido Luz Reverón. Sobra decir que una decisión así sería inmoral y absolutamente reprobable porque chocaría con los derechos reconocidos a estos vecinos después de una larga y dura batalla legal. Pero la ubicación del parque y el colegio en las parcelas 99 y 77 no sería, por tanto, irreversible, como afirmó la concejala en la reunión del Suculum”.

Distinto rasero

La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación determinó los usos dotacionales públicos de la compensación del plan parcial que quedaron recogidos desde 1989, no fueron alterados por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasaron así al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.

Según Hernández, la referencia de Luz Reverón al Plan General de 1992 y al que actualmente se encuentra en proceso de modificación, “como si fueran las tablas de la ley mosaica”, no puede obviar que el Convenio de 2001 “permite modificar y de hecho modifica las dotaciones públicas de la compensación que contempló el PGO de 1992”. Así, el texto del citado acuerdo “en la estipulación cuarta sobre condiciones y criterios para la modificación del planeamiento, en el punto “D) Criterios para la reordenación de las parcelas de la Unidad B-Los Valles, afectadas”, entre las que se encuentran la 77 y la 99, el propio Convenio modificó el uso público para favorecer a los promotores, dándole uso privado a las parcelas 12 y 13 del plan parcial”. Esta disposición estableció, textualmente: “Las parcelas números 12 y 13 del vigente Plan Parcial destinadas en la actualidad a equipamiento docente (con carácter de dotación pública), se reconvertirán a usos de equipamiento privado para actividades de Bienestar Social, deportivas, culturales y de ocio y a usos terciarios en la categoría de Salas de Reunión y comercial en la categoría 1ª y 2ª; incorporando a las mismas la edificabilidad correspondiente a la parcela nº 103”.

A la vista de esta disposición, Octavio Hernández señala que “resulta francamente perturbador que Luz Reverón afirme que no se puede modificar el uso público dotacional previsto por el PGO de 1992 en las parcelas 77 y 99, y diga que sus propietarios tienen que ceder a las pretensiones de Mapfre y del ayuntamiento, es decir, de la Junta de Compensación, cuando el uso dotacional sí se modifico en el Convenio de 2001 para favorecer usos privados de los promotores: parece que a los ricos se les puede quitar parques y colegios públicos para que hagan negocio, pero los pobres tienen que perder sus casas si los parques y colegios se ubican en sus terrenos”.

  

Relacionado:

Texto del Convenio para la reordenación del plan parcial de Las Teresitas de 19 de enero de 2001:

http://www.santacruz-es.com/convenios/descargar_pdf.php?pdf=AIIA-6

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