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Archive for 3 junio 2008

 
Tras la resolución del contrato por el Estado y la detención del abogado Mauricio Hayek “la reparcelación ha quedado virtualmente anulada”
 
A través de un comunicado de valoración sobre la detención del abogado Maurico Hayek, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha vuelto a sugerir que el Registro de la Propiedad “devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno municipal el 23 de mayo de 1989”. Hernández relaciona la detención de Hayek, entre otras posibles motivaciones de la juez instructora Carla Bellini, con una “pieza separada” de la investigación que se sigue en la querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades al incluir terrenos de Las Huertas en la reparcelación y compraventa acordadas sin consentimiento de sus propietarios supuestamente para la remodelación de Las Teresitas. La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación de la compensación del plan parcial no fue alterada por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasó al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.
El representante de Los Verdes-Grupo Verde recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta ahora detenido, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”. En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. La investigación seguida sobre esta actuación habría sido finalmente determinante en la detención del abogado, según Hernández.
“Ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades -señala-, la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz de Los Verdes, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.
Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”.
Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación, tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 tendrían que rehacerse contando con la nueva información sobre las propiedades”. La decisión del Gobierno central de resolver el contrato para la remodelación por las irregularidades en la titularidad del parcelario y la detención del abogado de la Junta de Compensación y mediador de Inversiones Las Teresitas, “son redundantes en la misma dirección: de un modo u otro esa reparcelación ha quedado virtualmente anulada”, concluye.

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Señalan que “Costas pudo firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía el Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo”
 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han pronunciado sobre el informe de la Abogacía del Estado del pasado 14 de abril y el acuerdo del Gobierno central del pasado viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, indica que “cuando la Abogacía del Estado dice en su informe que la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional, ello no solamente puede aplicarse al Convenio de compraventa de 2001, sino también al propio Convenio entre ayuntamiento y Costas, de manera que si entre la reunión del 22 de junio de 2006 donde se acordó el Convenio para ejecutar la remodelación de Las Teresitas y la fecha de la resolución del Tribunal Supremo que fue comunicada a las partes el 15 de mayo de 2007, Costas hubiera firmado el Convenio, éste sería válido a pesar del defecto de anulabilidad del contrato de compraventa de 2001, que se verificó después en el auto y está todavía en curso de resolución bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. Según Hernández “durante ese año de demora de la firma del Convenio, Costas contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado que habría respaldado la convalidación y la continuidad de la remodelación que el ayuntamiento inició en la parte de la playa de su competencia, convencido de que la Dirección General lo suscribiría siguiendo el compromiso acordado”. El portavoz de Los Verdes considera que “ahora la Abogacía del Estado se ha visto en la tesitura de contradecir el informe anterior, y ha adoptado la solución salomónica de sugerir indirectamente que si se hubiera firmado antes de la sentencia del Supremo, sería válido, de manera que no quita razón al otro informe, pero que ya no es posible después de mayo de 2007, toda vez que la sentencia agotó esa posibilidad al anular el trámite de compraventa de 2001”. Octavio Hernández considera que “si en definitiva, Costas tuvo once meses para firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía del Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo, y ahora la Abogacía dice que ya no puede hacerlo, a nosotros nos parece que Costas no puede evadir su responsabilidad porque la indecisión, que nos parece acompañada de una permanente distorsión fruto de la rivalidad política que ha estado minando este proyecto y es totalmente ajena al normal procedimiento, ha llevado la remodelación de Las Teresitas a un callejón sin salida, primero con la inconcreción del deslinde marítimo-terrestre, que todavía hoy, después de siete años de darle vueltas en la Demarcación, no sabemos cuál es, y ahora con el Convenio, acordado en junio de 2006 con todos los parabienes, pero nunca firmado después de varios aplazamientos, el último acordado con el ayuntamiento en septiembre de 2007”. Por ello, concluye Hernández, “no compartimos el análisis que hace el grupo municipal del PSOE, ni tampoco la aparente alegría de sus portavoces”.
 
Decisión del Gobierno
 
Respecto al acuerdo del Gobierno central del viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas, el portavoz de Los Verdes indicó que “esta decisión es una consecuencia directa de que no se firmara el Convenio, al no estar firmado no estaban disponibles los terrenos y Cristina Narbona demoró la firma del decreto para iniciar las obras después de haber adjudicado los trabajos a Acciona el 30 de noviembre de 2006”. Hernández considera que “la querella de Las Teresitas, que coincidió con la adjudicación a Acciona, llevó al Ministerio a eludir los compromisos adquiridos”. El portavoz verde recordó que Narbona, durante su visita a Tenerife en marzo pasado, ya señaló que “el Ministerio no iba actuar mientras no se despejaran las dudas sobre la disponibilidad de terrenos para acometer las obras en la parte que corresponde a la Dirección General de Costas, cuya titularidad cuestionaba la Sentencia del Tribunal Supremo”. Para Los Verdes, “la decisión acordada por el Gobierno central no es ninguna sorpresa con esos antecedentes y tras el nuevo informe de la Abogacía del Estado devenía lógica, pero que se desentiendan no exime de responsabilidad a la gestión llevada a cabo por Costas y el Ministerio”.

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