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Archive for 31 octubre 2008

 

Consideran que el Ejecutivo autonómico es “manifiestamente incompetente”

 

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han “invitado a las 95 entidades locales canarias y sus órganos representativos, FECAM y FECAI, a acudir a la Delegación del Gobierno estatal e implicar a la Administración Central en el conflicto planteado por las denominadas devoluciones de las cantidades del REF adelantadas por la Comunidad Autónoma”.

 

El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recuerda que “en el sistema de atribución de competencias en lo que al conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas se refiere el Tribunal Constitucional ha confirmado que la competencia ha sido siempre y sigue siendo del Estado, y los órganos económico-administrativos autonómicos han estado conociendo de tales reclamaciones sin ser competentes para ello, hasta conducir a la nefasta situación actual”.

 

Hernández señala que “el tremendo lío entre las deudas reconocidas y las no reconocidas entre administraciones locales y autonómica, que suma unos 3.000 millones de euros, ni se puede ni se debe resolver al margen de la participación estatal, que es la competente, ya que ni el IGIC ni el AIEM tienen la condición de impuestos cedidos ni propios de la Comunidad Autónoma, sino que son tributos de titularidad estatal”.

 

El portavoz de Los Verdes de Tenerife indica que “la FECAM no se equivoca al estimar que las comisiones ad-hoc convocadas por José Manuel Soria son ilegales e inadecuadas, pero se queda corta, porque tampoco la Comisión de Administración Territorial, en cuanto a los fondos del REF, es el último órgano decisorio, sino que en realidad, esa facultad pertenece a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado”. Octavio Hernández calificó de “interesadamente oscurantista” la postura defendida por el consejero José Manuel Soria, pues “está haciendo creer a Cabildos y ayuntamientos que la competencia sobre las reclamaciones son competencia autonómica, dejando al margen a la administración estatal, que es la verdaderamente competente, en tanto que la Comunidad Autónoma es solamente un órgano de gestión interpuesto que durante muchos años se ha atribuido competencias sobre los fondos locales del REF que no le correspondían”.

 

El portavoz verde explica que “aunque la gestión la tiene atribuida la Comunidad Autónoma canaria, conforme al bloque de constitucionalidad, la competencia para conocer las reclamaciones económico-administrativas dirigidas contra los actos de gestión del citado tributo es única y exclusiva del Estado, y mientras esa competencia no haya sido transferida a la Comunidad por Ley Orgánica, la Comunidad Autónoma no puede arrogarse una competencia que no le corresponde, si no es incurriendo en un vicio de inconstitucionalidad”.

 

Por esta razón, continúa Hernández, la Comisión de Administración Territorial creada por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y  desarrollada por el Decreto 193/1993, de 24 de junio, de regulación de la Comisión de Administración Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por Decreto 177/2006, de 5 de diciembre, “adolece de un defecto de origen, pues es anterior a la Ley de modificación del REF de 1991, al no dar participación en la Subcomisión de Política Fiscal y Financiera contemplada dentro de este órgano a la Delegación del Gobierno y la Hacienda Estatal”.

 

Por ello, el portavoz de Los Verdes en Tenerife sugiere a la FECAM y la FECAI que acudan al Estado en el conflicto con la Comunidad Autónoma por la financiación del REF y aborden la situación con la participación de la Delegación del Gobierno, “pues hay base constitucional para una rebelión fiscal de las administraciones locales canarias contra la nefasta gestión autonómica de impuestos cuya titularidad estatal está siendo obviada y menoscabada”.

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Consideran que el Ejecutivo autonómico es “manifiestamente incompetente”

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han “invitado a las 95 entidades locales canarias y sus órganos representativos, FECAM y FECAI, a acudir a la Delegación del Gobierno estatal e implicar a la Administración Central en el conflicto planteado por las denominadas devoluciones de las cantidades del REF adelantadas por la Comunidad Autónoma”.

El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recuerda que “en el sistema de atribución de competencias en lo que al conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas se refiere el Tribunal Constitucional ha confirmado que la competencia ha sido siempre y sigue siendo del Estado, y los órganos económico-administrativos autonómicos han estado conociendo de tales reclamaciones sin ser competentes para ello, hasta conducir a la nefasta situación actual”.

Hernández señala que “el tremendo lío entre las deudas reconocidas y las no reconocidas entre administraciones locales y autonómica, que suma unos 3.000 millones de euros, ni se puede ni se debe resolver al margen de la participación estatal, que es la competente, ya que ni el IGIC ni el AIEM tienen la condición de impuestos cedidos ni propios de la Comunidad Autónoma, sino que son tributos de titularidad estatal”.

El portavoz de Los Verdes de Tenerife indica que “la FECAM no se equivoca al estimar que las comisiones ad-hoc convocadas por José Manuel Soria son ilegales e inadecuadas, pero se queda corta, porque tampoco la Comisión de Administración Territorial, en cuanto a los fondos del REF, es el último órgano decisorio, sino que en realidad, esa facultad pertenece a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado”. Octavio Hernández calificó de “interesadamente oscurantista” la postura defendida por el consejero José Manuel Soria, pues “está haciendo creer a Cabildos y ayuntamientos que la competencia sobre las reclamaciones son competencia autonómica, dejando al margen a la administración estatal, que es la verdaderamente competente, en tanto que la Comunidad Autónoma es solamente un órgano de gestión interpuesto que durante muchos años se ha atribuido competencias sobre los fondos locales del REF que no le correspondían”.

El portavoz verde explica que “aunque la gestión la tiene atribuida la Comunidad Autónoma canaria, conforme al bloque de constitucionalidad, la competencia para conocer las reclamaciones económico-administrativas dirigidas contra los actos de gestión del citado tributo es única y exclusiva del Estado, y mientras esa competencia no haya sido transferida a la Comunidad por Ley Orgánica, la Comunidad Autónoma no puede arrogarse una competencia que no le corresponde, si no es incurriendo en un vicio de inconstitucionalidad”.

Por esta razón, continúa Hernández, la Comisión de Administración Territorial creada por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y desarrollada por el Decreto 193/1993, de 24 de junio, de regulación de la Comisión de Administración Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por Decreto 177/2006, de 5 de diciembre, “adolece de un defecto de origen, pues es anterior a la Ley de modificación del REF de 1991, al no dar participación en la Subcomisión de Política Fiscal y Financiera contemplada dentro de este órgano a la Delegación del Gobierno y la Hacienda Estatal”.

Por ello, el portavoz de Los Verdes en Tenerife sugiere a la FECAM y la FECAI que acudan al Estado en el conflicto con la Comunidad Autónoma por la financiación del REF y aborden la situación con la participación de la Delegación del Gobierno, “pues hay base constitucional para una rebelión fiscal de las administraciones locales canarias contra la nefasta gestión autonómica de impuestos cuya titularidad estatal está siendo obviada y menoscabada”.

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Señalan que “parece que no importa de verdad el uso público de la playa”

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han señalado que la “si la Gerencia de Urbanismo actuó sin permisos o autorizaciones pertinentes, puede ser una falta administrativa derivada de acuerdos verbales sobre el Convenio con la demarcación de Costas, censurable como tal, pero es aventurado, en tanto no se resuelvan las diligencias instadas en el juzgado por la Fiscalía de Medio Ambiente, atribuir un delito de prevaricación, que exige demostrar una manifiesta voluntad de infringir la ley a sabiendas”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, considera que “no cabe prejuzgar mala fe en los denunciantes y sus continuas actuaciones ante los tribunales sobre el deslinde marítimo-terrestre del frente de Las Teresitas, pero allí donde estas actuaciones se mezclan con la actividad política de oposición debe haber una reflexión, porque ante la opinión pública, los vecinos y ciudadanos de Santa Cruz, y los usuarios, hace meses que se está perdiendo de vista el interés principal de la recuperación y remodelación de la playa”. Hernández censura que “a veces parece que no importa de verdad mejorar el uso público de la playa, sino que éste objetivo ha sido sustituido en el orden de prioridades por la necesidad de ganar litigios contra el ayuntamiento, sin atender a que cada enredo judicial conlleva sumar una nueva dilación”.

Los Verdes alegan no entender “la polémica del deslinde en los aparcamientos, después de que un peritaje concluyera que presuntamente no lo invaden”. Octavio Hernández expone que la solicitud de un peritaje independiente de contraste “es un procedimiento normal y pertinente si hay dudas, como ATAN ha defendido correctamente”. Sin embargo, continúa el portavoz verde, “se presentan fotografías del campo de fútbol de San Andrés para probar una propuesta alternativa de deslinde, sin caer en la cuenta de que la extensión del campo de fútbol que aparece en esas fotografías ocupa más dominio público de Las Teresitas, cuando no se había construido la playa artificial, que los propios aparcamientos que se pretende enjuiciar y demoler; y sin reparar en que añadir una planta subterránea, aunque pueda considerarse una modificación sustancial, no implica aumento de superficie del proyecto original, tal y como se expuso en Comisión en su día en presencia de todos los grupos del consistorio, y como le consta a Costas”. En aquella ocasión, recuerda Hernández, “la portavoz del PSOE, Gloria Gutiérrez, estaba más preocupada por la mención del Ministerio de Medio Ambiente en el cartel de las obras que por la ampliación de plazas del aparcamiento”. Los Verdes instan a todos los partidos a “adquirir un compromiso de dar una salida a la playa antes del verano de 2009 y trabajar marcándose esa prioridad, que es lo que demandan los ciudadanos”.

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Señalan que ante la recesión “mejor romper tabúes que balances”

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han señalado que la actual recesión financiera internacional “ya está teniendo efectos negativos en las entidades de ahorro canarias”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, considera que “la situación actual puede compararse a la crisis financiera e inmobiliaria de la Caja Insular en 1979 y 1999, sólo que ahora afecta más a Cajacanarias”. En todas esas ocasiones, recuerda Hernández, “la fusión de la Caja Insular y Cajacanarias ha sido puesta sobre la mesa, y ahora ante una crisis mucho más grave y duradera y ante los cambios que va a provocar en el sector financiero, el Gobierno de Canarias debería trabajar en esa dirección para garantizar una mejor posición competitiva de las Cajas en el actual entorno recesivo, justificada en la reducción de costes, mayores sinergias y acceso a operaciones ahora limitadas a grandes entidades”. Los Verdes consideran que el ejecutivo de Paulino Rivero y José Manuel Soria “tiene la capacidad de interlocución y las competencias suficientes para plantear un calendario de reformas que conduzca a la participación efectiva de todos los ayuntamientos y todos los Cabildos en la entidad de ahorro resultante de la fusión, pues el actual modelo, además de profundamente insularista, está lleno de vicios antieconómicos que pasarán factura si no se corrigen”. Octavio Hernández considera que el Parlamento de Canarias “en lugar de estar reprobando líneas editoriales insularistas, haría mejor en adoptar propuestas audaces y estratégicas para reforzar la unidad económica entre las islas e infundir confianza a los ciudadanos canarios”. El portavoz verde indica que “mejor romper tabúes que balances”, en relación con los riesgos que actualmente afrontan las cajas de ahorro de mediana dimensión, para las que la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ha admitido que podría tener que plantearse la concentración si la crisis se prolonga. La oportunidad de abrir este debate, según Hernández, “viene respaldada no sólo por los antecedentes de 1979 y 1999 en el archipiélago, sino por las propuestas que ya se discuten en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Murcia o Valencia”. Para Los Verdes, los acuerdos de asociación que la Caja Insular y Cajacanarias mantienen ya por separado con otras entidades “no sólo no desaconsejan la propuesta, sino que además son un valor añadido en caso de fusión, pues beneficia a todas las entidades y no perjudica a ninguna”. Hernández destaca que “conviene una visión valiente en este asunto, para no quedar rezagados, porque lo difícil en los procesos de fusión financiera es cerrarlos por abajo, en tanto que la concentración siempre está abierta por arriba y el campo de juego no es Canarias, ni siquiera España, sino la zona euro”.

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