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Archive for 28 febrero 2009

 

 El proyecto de la playa de Punta Larga puede bloquear las obras del puerto "durante meses"
  

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han informado que el pasado día 19 de febrero la Dirección General de Costas anunció que había dado visto bueno al proyecto de construcción de la playa artificial de Punta Larga, en Candelaria, dando comienzo al trámite para la licitación del proyecto, que deberá publicarse en un plazo de cinco ó seis meses en el Boletín Oficial del Estado. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “puesto que la arena de la playa está previsto obtenerla de la futura dársena de Granadilla, esto implica un retraso de los vertidos de áridos para la explanada y el espigón hasta, al menos, agosto de este año”. Pero además, indica Hernández, la declaración de impacto ambiental del proyecto de la playa de Punta Larga, publicado en diciembre, detalla respecto al dragado de 165.000 metros cúbicos de arena entre la explanada y el espigón del puerto  de Granadilla que “con el fin de garantizar la no afección sobre la especie de interés comunitario prioritario tortuga boba (Caretta caretta), con posible presencia en la zona de estudio, no se ejecutarán las actuaciones de dragado en el medio marino en el periodo comprendido entre los meses de mayo a septiembre, época reproductiva de esta especie y, por tanto, periodo de máxima sensibilidad”. Por lo tanto, concluye Octavio Hernández, “al menos hasta octubre no podrían comenzar los vertidos al mar, ya que la arena se quiere extraer de Granadilla porque no está contaminada y los vertidos generarían una pluma de finos que arruinaría no sólo los sebadales, sino el propio sedimento que se pretende dragar”. Este plazo podría ampliarse si se incluye el tiempo necesario para el dragado, “de uno a tres meses más”. El portavoz de Los Verdes considera que “la Autoridad Portuaria y la Abogacía del Estado deberían aclarar ante la Fiscalía cuál es el calendario real para los vertidos de áridos con los que se va a ganar terreno al mar y se va a construir el espigón”. Según Los Verdes, “los argumentos aducidos por la representación legal del Estado y de la Comunidad Autónoma respecto a la solicitud de caución de 31 millones de euros a Ben Magec debidos al retraso de las obras podría no tener fundamento objetivo, si las obras se retrasan a la espera de la extracción de arena para la playa de Punta Larga, al objeto de que los vertidos no arruinen la calidad del sedimento”. Octavio Hernández considera que “la medida de urgencia de paralización podría también estar injustificada si el calendario de obras para Granadilla debe acompasarse a la tramitación, licitación y ejecución del dragado de la arena de la prevista dársena, por lo que las diligencias de la Fiscalía deberían continuar sin la paralización cautelar, siempre que el calendario retrase los vertidos al mar hasta, por lo menos, octubre”. Por último, Hernández llama la atención de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre el hecho de que “se contemple paralizar las actuaciones en el medio marino de mayo a septiembre para no perjudicar a la tortuga boba, y no se contemple una medida idéntica para las obras del puerto, por lo que basándose en la declaración de impacto ambiental de la playa de Punta Larga no se podrían verter áridos al mar hasta octubre”.

 

Anexo:

 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación de la playa de Punta Larga, de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/03/pdfs/A48353-48357.pdf

 

6. Condiciones al proyecto

 

Analizada la documentación y el expediente de información pública del proyecto, desde esta Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental, se establecen los siguientes condicionantes ambientales para garantizar la protección del medio:

Con el fin de garantizar la no afección sobre la especie de interés comunitario prioritario tortuga boba (Caretta caretta), con posible presencia en la zona de estudio, no se ejecutarán las actuaciones de dragado en el medio marino en el periodo comprendido entre los meses de mayo a septiembre, época reproductiva de esta especie y, por tanto, periodo de máxima sensibilidad.

Ante la proximidad de los sebadales de Cymodocea nodosa y el riesgo de afección por turbidez o enterramiento ante la posible formación y propagación de pluma de finos, se emplearán pantallas antiturbidez en todas las actividades que puedan implicar riesgo de puesta en suspensión de sedimentos. Estas cortinas antiturbidez funcionarán como complemento al efecto de contención de los espigones proyectados ante los sedimentos puestos en suspensión en fase de obras. Asimismo estas operaciones se procurarán realizar en periodos de calma o de escasa hidrodinámica de las aguas marinas a fin de evitar riesgo de escape de los sedimentos más allá de las pantallas.

De acuerdo con la documentación aportada por el promotor, la arena de regeneración se obtendrá del dragado de dársena del Puerto de Granadilla. La disponibilidad de este sedimento está condicionada, según establece la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a la previa satisfacción de las demandas de alimentación de las playas de La Jaquita y el Médano. En caso de que finalmente no fuese posible obtener del dragado del puerto de Granadilla el volumen de sedimento con las características requeridas para la regeneración de la playa de Punta Larga, y el promotor requiera obtener la arena de otra fuente, se redactará un proyecto modificado, que habrá de ser evaluado ambientalmente.

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 Recomiendan la solicitud de revisión de oficio frente a  la vía contencioso-administrativa
  

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la decisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pulido, de recurrir la Orden Ministerial de 12 de febrero de 2009, del deslinde del tramo de costa de 1.537 metros de longitud, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente a la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, considera “llamativa, aunque no sorprendente, esta salida de tono del Gobierno de Canarias para defender que se recorte y no se amplíe el dominio público, en defensa de unas actuaciones municipales que menoscaban ese interés público y que varias sentencias han hecho indefendibles jurídicamente”. Según Hernández, “con la Ley de Costas en la mano los argumentos de ese recurso no nos parecen serios, no se sostienen”. Los Verdes consideran que “desde 1928 sucesivas leyes han definido igual el dominio público y, por lo tanto, el campo de fútbol de San Andrés era ilegal desde el mismo momento de su construcción”. Hernández insiste en que “la Ley de Costas es clara al señalar que las obras realizadas para ganar terrenos al mar no desvirtúan la demanialidad de los terrenos, es decir, su carácter de dominio público”. Hernández destaca que “según la Ley son de dominio público los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar, aunque la inundación haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes. El portavoz verde recuerda a Miguel Ángel Pulido que según consta en la  Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral, que suscribieron CC y PP, los procedimientos de expropiación, rescate o demolición precisos “pueden justificarse por la regresión debida al cambio climático, basándose en previsiones de ascenso del nivel del mar que científicamente no han sido refutadas”. En consonancia con este extremo, Octavio Hernández señala que “en el puerto de Santa Cruz se han medido elevaciones de nivel que alcanzan hasta 13 centímetros, el mar va a volver reclamando lo que es suyo también en Las Teresitas y por eso la aplicación de la Ley de Costas debe ser estricta y declarar dominio público los terrenos naturalmente inundables de los que haya constancia histórica probada del alcance del mar, aunque la inundación de las mareas haya sido impedida por métodos artificiales“. En este sentido, Hernández señala que “si se quiere agilizar las actuaciones en la playa, la vía debiera ser la solicitud de revisión de oficio con pruebas contrastadas, pues un recurso contencioso-administrativo podría tardar hasta tres años en sustanciarse y eso iría en contra del interés público de mejorar la playa para su uso ciudadano”. El portavoz de Los Verdes destaca que “la argumentación del recurso anunciado por Pulido parece más un alegato publicitario de la actuación urbanística del Ayuntamiento que una fundamentación jurídica, de lo que deducimos que se trata de una maniobra dilatoria que condenamos por ser manifiestamente irresponsable viniendo del Gobierno de Canarias”. Hernández llama la atención sobre el hecho de que “no se recurre la Orden Ministerial para ampliar el dominio injusta o ilegalmente menoscabado, sino para reivindicar el menoscabo, algo realmente insólito”.

 

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Si se confirmara la ilegalidad de la descatalogación del LIC Sebadales del Sur
  

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de emitir un auto por el que establece un plazo de unos días para responder a la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción de suspender cautelarmente la descatalogación de los sebadales de Granadilla. El portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, señala que “el auto no concede de manera definitiva la paralización, sino asume la tutela de urgencia dando un plazo reducido para que el Gobierno de Canarias alegue en contrario y entonces decidirá sobre la petición que le ha sido formulada”. Hernández señala que “si el Gobierno de Canarias no logra justificar su actuación ante el TSJC contra los argumentos de la Federación Ben Magec, eso podría tener efectos en cascada sobre varios proyectos, como el de la playa artificial de Punta Larga”. Los Verdes han denunciado que Costas pretende extraer 362.000 metros cúbicos de arena de Granadilla para construir esta playa en Candelaria. Octavio Hernández considera que “el proceso de licitación para crear la playa durará unos seis meses, por lo que hay tiempo para que se resuelva ésta u otra paralización cautelar que pueda instarse en ese tiempo”. Sin embargo, aclara, “la arena de la dársena del futuro e hipotético puerto tendría que ser dragada antes del vertido de áridos al mar, pues si no se hace previamente esos vertidos contaminarán la arena y la inutilizarán para la playa, además de destruir el sebadal”. Por ello, Los Verdes consideran que “las obras de escombrado de la plataforma portuaria no podrían empezar antes de nueve meses, si contamos el plazo para la licitación y el dragado, a no ser que quieran poner un barrizal de grava en Punta Larga”. Si la Autoridad Portuaria “fuerza los plazos para evitar la paralización del proyecto de abrigo, Candelaria se quedará sin arena para Punta Larga, y si Costas retrasa las obras para extraer la arena antes de los vertidos, el puerto podría ser paralizado y el sebadal protegido”. Octavio Hernández concluye que “el infierno administrativo está servido si el TSJC admite la paralización cautelar, un infierno que algunos se han ganado a pulso por sus pretensiones insostenibles y torticera actuación”.

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Una fotografía antigua muestra un gran charco de inundación que el deslinde deja fuera de dominio público en la zona del antiguo campo de fútbol de San Andrés

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han rebatido el trazado del nuevo deslinde de Las Teresitas aprobado por Orden Ministerial de 12 de febrero pasado. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, ha señalado que “la Ley de Costas es clara al señalar que las obras realizadas para ganar terrenos al mar no desvirtúan la demanialidad de los terrenos, es decir, su carácter de dominio público”. Hernández destaca que “según la Ley son de dominio público los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar, aunque la inundación haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes. El portavoz de Los Verdes señala que “existe una relación de simetría entre el castillo de San Andrés y el muro sur del cementerio de San Andrés, ambas edificaciones siguen un patrón de ubicación para evitar los embates del oleaje y las inundaciones naturales”. Por ello, indica Hernández, “si trazamos una línea imaginaria siguiendo el muro del lado del mar del cementerio hasta el castillo, hallaremos donde se situaba la zona de inundación, que demostraría que gran parte del antiguo campo de fútbol se construyó en dominio público”. Octavio Hernández destaca que “esta sería la referencia del deslinde según la Ley de Costas, porque el campo de fútbol enterró parcialmente una zona de inundación”. Sin embargo, Costas respondió a todas las alegaciones que “no ha quedado acreditado que el campo de fútbol se inundara”. Hernández insiste, sin embargo, en que “los terrenos naturalmente inundables cuya inundación de las mareas ha sido impedida por métodos artificiales son dominio público marítimo-terrestre y el campo de fútbol constituía un obstáculo artificial, se extendió un terraplén después amurado sobre una zona encharcada e infiltrada casi permanentemente por el mar; la existencia de obras, como el aparcamiento de la actualidad, no desvirtúa la demanialidad de los terrenos”.

Prueba fotográfica

Los Verdes explican que “para determinar el alcance del mar, tanto en los grandes temporales como en las mayores mareas, se deben emplear en primer lugar las referencias comprobadas de que se disponga, y el propio Ministerio de Medio Ambiente recomienda especialmente el archivo fotográfico histórico”. Sin embargo, no existen fotografías aéreas oficiales anteriores a 1956. La fotografía más antigua de la desembocadura del barranco de San Andrés de la que dispone GRAFCAN es de 1962 “con el campo de fútbol ya construido”. Octavio Hernández aporta, sin embargo, “una fotografía oblicua, la única conocida, que se encuentra en el archivo fotográfico de la FEDAC y es perfectamente accesible, de cuando todavía no se había entullado la zona de inundación para hacer el campo de fútbol”. Esta fotografía, señala Hernández, “prueba que la referencia para situar el deslinde probable se debió obtener trazando una línea imaginaria entre el muro sur del cementerio y el castillo de San Andrés, pues de hecho en la fotografía si trazamos esa separación queda del lado del mar una zona encharcada en torno al canal del barranco, coronada por un gran charco visible a simple vista y poblada de vegetación halófila, adaptada a la salinidad como los saladares que crecen en otras playas del litoral canario”. Octavio Hernández destaca que “a esta zona se la llama todavía la Boca del Charco y los técnicos de Tragsatec debieron preguntarse por qué, cuál era ese charco, dónde se encontraba y cuánto abarcaba”. En la fotografía puede apreciarse que la zona de inundación ocupaba hasta la mitad del campo de fútbol que se construyó después: “en la fotografía, en esa parte no se aprecia actividad agraria y hay un camino que la separa de una finca agrícola que queda por encima; ese camino se alinea con el muro del cementerio y con el castillo, indicándonos de hecho el probable deslinde”.

Costas se contradice

La fotografía del archivo histórico de la FEDAC “permite explicar por qué al construir el campo de fútbol se dejó abierta la esquina inferior derecha, más cerca del mar, pues coincide con la zona donde antes había siempre un charco, un punto que estaba inundado antes por el agua casi permanentemente, como de hecho siguió ocurriendo después de entullarlo con el terraplén”. El nuevo deslinde aprobado por Costas “traza una línea desde la esquina más próxima al mar del cementerio hasta la esquina del campo de fútbol, dejando fuera del dominio público aquella zona que se encharcaba”. Según Octavio Hernández “el propio diseño y las obras del aparcamiento demuestran que el proyectista sabía muy bien que el mar llegaba hasta ese lado”. Si observamos las ortofotos de 2005 y 2006 –continúa Hernández-, “vemos cómo en las obras primero se hizo una carretera que bordeaba y evitaba la antigua zona de inundación, dejando del lado del mar el cuarto derecho del campo de fútbol”. Más tarde, se desechó esa vía y se construyó otra más cerca del mar “separando el edificio de aparcamientos más cerca de la playa artificial”. Por último, “se corta también esta carretera y se desvía el tráfico por detrás del mamotreto”.

Octavio Hernández destaca que “el nuevo deslinde desmiente a la propia Demarcación de Costas cuando ordenó paralizar las obras del edificio, porque todas aquellas obras se encontraban dentro del muro del antiguo campo de fútbol, hasta la rotonda prevista sobre la que se extendió el aparcamiento, y ahora el deslinde pasa por fuera de ese muro, tomando su esquina inferior derecha como referencia”. Con este nuevo deslinde, concluye Hernández, “la Dirección General de Costas no sólo incumple la Ley de Costas, porque deja fuera una zona que se inundaba antes de construirse el campo de fútbol, sino además se desdice y contradice totalmente sus propios informes y órdenes de paralización de los aparcamientos, pues con este deslinde, si hubieran continuado las obras, no se habría invadido el dominio público”.

Los Verdes-Grupo Verde consideran que Costas ha actuado “con arbitrariedad, desoyendo las evidencias, admitiendo un estudio técnico claramente deficiente”. Los recursos al deslinde, concluye su portavoz, “están totalmente justificados y amparados por la Ley de Costas”.

Imágenes:

FEDAC San Andrés (sin leyenda)
FEDAC San Andrés (con leyenda)

Mamotreto 2005
Mamotreto 2006
Mamotreto 2008

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A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la Orden Ministerial de 12 de febrero de 2009, del deslinde del tramo de costa de 1.537 metros de longitud, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente a la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, ha señalado que “al igual que ocurrió en 2001 y 2004, el deslinde intenta satisfacer la necesidad de suscribir un Convenio entre las administraciones implicadas que satisfaga el proyecto en curso y evite las circunstancias de irregularidad que rodean el expediente de Las Teresitas”. Por esa razón, indica Hernández, “se ha hecho un deslinde que sigue siendo técnicamente deficiente, con sólo una calicata por cada 35.000 metros y limitando los antecedentes históricos a 1973”. El portavoz de Los Verdes considera que “un informe pericial independiente podría cuestionar la legalidad del deslinde que el Ministerio ha aprobado, por lo que este polémico asunto está lejos de haberse cerrado con esa decisión y puede ser objeto de un recurso de reposición o contencioso administrativo en las próximas semanas, porque hay argumentos para ello”. Hernández insiste en que “nuestra prioridad siempre ha sido pedir que la playa se desbloquee antes del verano de 2009 y se garanticen los servicios para los ciudadanos, pero dadas las circunstancias que han rodeado todo lo relacionado con este expediente, la legalidad de las decisiones que se tomen debe ser incuestionable y técnicamente impecable, y no parece que este sea el caso”. El portavoz de Los Verdes señala que “el deslinde de Las teresitas no ha sido técnicamente neutral, ya que se hizo con el trasfondo de los antecedentes de la Demarcación de Costas, la firma del Convenio y los informes de la Abogacía del Estado, en torno a los litigios que afectan al edificio de aparcamientos, a la viabilidad del hotel de talasoterapia, a la denuncia de Anticorrupción y a la tasación de los terrenos impuesta por el TSJC”.
 

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Consideran que la cesión de la competencia de MENAs al Estado tiene un “efecto llamada”
 
A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde han considerado que el fallecimiento de 15 menores inmigrantes en el reciente naufragio de una patera en Lanzarote “guarda relación con la política de inmigración del Gobierno de Canarias, que las mafias siguen atentamente”. Para el portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, “el Gobierno de Canarias se equivocó al responder públicamente al incremento de la llegada de menores con una reforma para facilitar el puente aéreo a la Península”. “La renuncia realizada por el Gobierno de Canarias a la competencia sobre la acogida de los menores inmigrantes, al garantizar el traslado a la Península desde las islas, tiene un efecto llamada, puede motivar más a las mafias a ofrecer el transporte de estos niños y a las familias a pagar por ello”. Los Verdes recuerdan que la Consejera de Bienestar Social viene reclamando públicamente hace tiempo una reforma urgente de la legislación para que el traslado de menores inmigrantes a otras comunidades autónomas dependa del Estado, y el pasado 29 de enero, con los votos de CC y PP, se aprobó en el Parlamento canario solicitar al Estado que asuma la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma irregular y que la guarda corresponda a las comunidades autónomas donde sean acogidos. Hernández considera que “la política de derechas, en general, y la mala política en particular, puede tener a veces efectos imprevistos y consecuencias trágicas”. El portavoz de Los Verdes señala que “la foto de hace unos meses de Paulino Rivero con mascarilla en Los Cristianos es algo más que una metáfora, porque después de eso toda la política de su gobierno se ha puesto mascarilla, sobre todo en el tema de los menores inmigrantes no acompañados”. Octavio Hernández señala que “probablemente el gabinete de Paulino Rivero calculó mal el efecto de renunciar a la competencia sobre los MENAs, pues el mensaje que lanzó a las mafias es que si envían menores a Canarias tendrán un pasaje asegurado a la Península”. Hernández concluye que “dejen de hablar de si el radar los detectó o no y hagan propósito de enmienda por su nefasta, negligente y miserable política de inmigración”. 

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Santa Cruz de Tenerife, 13 de febrero de 2009

 

 

El Ministerio de Medio Ambiente ha previsto dragar arena del fondo de Los Gigantes y Antequera, donde se quiere replantar la seba para compensar el impacto en el sebadal de Granadilla

  
 A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de
Tenerife han denunciado que el
plan estratégico de la Administración central para dragar los principales fondos arenosos de Tenerife y extraer 4.000.000 de metros cúbicos de arena, concebida como un recurso minero extractivo para crear playas en distintas zonas de la isla, "convierte en papel mojado tanto el estudio de impacto ambiental del puerto de Granadilla como las medidas compensatorias contempladas en el dictamen de la Comisión Europea para autorizar la obra". El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, detalla que la Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto "nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, establecía que "
no se prevé la necesidad de realizar dragados para la obtención de calados". Sin embargo, denuncia Hernández, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente decidió dos años después sacar a licitación una asistencia técnica para la redacción de un "Estudio de sondeos marinos, proyectos de explotación y evaluación de impacto ambiental en la costa" de Tenerife, adjudicado a GEOMYTSA, que se culminó en 2007. El plan del Ministerio "consiste básicamente en la retirada de la capa más superficial del sedimento a través de draga autoportante de succión en marcha y transporte y posterior vertido de las mismas en la zona de reparación". El plan de explotación elaborado por GEOMYTSA seleccionó cinco zonas de extracción: Punta de Anaga (655.905
metros cúbicos), Antequera (573.975 metros cúbicos), Punta de Abona-El Médano (896.062 metros cúbicos de arena marina), El Sauzal (1.345.225 metros cúbicos) y Los Gigantes (776.060 metros cúbicos).
 Octavio Hernández denuncia que "este plan contradice totalmente las medidas compensatorias". En concreto, en la citada declaración de impacto ambiental de 2003, respecto al sebadal éstas quedaron fijadas en "la replantación de una superficie equivalente al doble de la superficie de sebadal que pudiera resultar afectada". Para ello, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife debía elaborar, según consta en la resolución, un "Proyecto piloto de rehabilitación de sebadales", que "contemplará la replantación de Cymodocea nodosa en previsión a que el LIC
pueda verse afectado por la construcción del puerto y la posterior explotación del mismo". Para el proyecto de replantación "Medio Ambiente proponía "de forma prioritaria" el LIC ES7020017 "Teno-Rasca". Sin embargo, señalan Los Verdes, "el plan de extracción de arena del Ministerio no sólo afectará al sebadal de Granadilla, sino también al de replantación entre Teno y Rasca, porque pretende dragar 776.000 metros cúbicos frente a Los Gigantes".
  
 Dictamen europeo
  
 Lo mismo ocurre, señala Hernández, con las medidas compensatorias que pretendían "garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida", impuestas por el dictamen que propuso el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, sobre el proyecto de construcción del puerto de Granadilla, que la Comisión Europea adoptó en noviembre de 2006. Esta resolución contemplaba como medida correctora de la "interrupción de los movimientos de arena en las aguas costeras" la realización de un "trasvase de arena de norte a sur en el puerto de Granadilla" mediante un "sistema de bombeo y
canalización" y, así mismo, otra medida compensatoria establecía la "declaración de dos nuevos lugares de importancia comunitaria" que también albergan "bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda", en concreto, Antequera en Tenerife (con una superficie de 272 hectáreas) y Güi Güi en Gran Canaria (7.220 hectáreas).
El Gobierno de Canarias aprobó el 19 de diciembre de 2006 la propuesta de acuerdo de Declaración de los LIC denominados Sebadales de Antequera, Sebadales de Güigüí y Piña de Mar de Granadilla.
Sin embargo, indica el partido ecologista, el plan de explotación de áridos submarinos elaborado para el Ministerio por GEOMYTSA prevé un volumen de extracción de arena de 573.975 metros cúbicos en el sebadal de Antequera, cuya declaración como nuevo Lugar de Interés Comunitario pretendía compensar el impacto negativo del puerto sobre los "Sebadales del Sur". De hecho, denuncia Octavio Hernández, en el proyecto de la playa artificial de Punta Larga, se pidió permiso a la Autoridad Portuaria para extraer de Granadilla 362.000 metros cúbicos de arena, y ésta, según consta en el texto de la Resolución sobre su impacto ambiental, de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, expresó "su conformidad en el préstamo de sedimento para la regeneración de la playa de Punta Larga pero condicionado a su disponibilidad una vez que ya hayan sido satisfechas la necesidad de realimentación de las playas de La Jaquita y el Médano". Por todo ello, Los Verdes-Grupo Verde consideran
que las "medidas compensatorias son un fraude, las autoridades españolas y canarias se burlan de la Comisión Europea".

 

Información complementaria:

 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I», de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/26/pdfs/A07776-07784.pdf

 

Medidas compensatorias en la web de la Autoridad Portuaria:

 

http://www.puertosdetenerife.org/Portal.aspx?p_ObjId=4979&p_PObjId=4413&VerDet=true

 

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