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Archive for the ‘S/C de Tenerife (C)’ Category

Señalan que “parece que no importa de verdad el uso público de la playa”

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han señalado que la “si la Gerencia de Urbanismo actuó sin permisos o autorizaciones pertinentes, puede ser una falta administrativa derivada de acuerdos verbales sobre el Convenio con la demarcación de Costas, censurable como tal, pero es aventurado, en tanto no se resuelvan las diligencias instadas en el juzgado por la Fiscalía de Medio Ambiente, atribuir un delito de prevaricación, que exige demostrar una manifiesta voluntad de infringir la ley a sabiendas”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, considera que “no cabe prejuzgar mala fe en los denunciantes y sus continuas actuaciones ante los tribunales sobre el deslinde marítimo-terrestre del frente de Las Teresitas, pero allí donde estas actuaciones se mezclan con la actividad política de oposición debe haber una reflexión, porque ante la opinión pública, los vecinos y ciudadanos de Santa Cruz, y los usuarios, hace meses que se está perdiendo de vista el interés principal de la recuperación y remodelación de la playa”. Hernández censura que “a veces parece que no importa de verdad mejorar el uso público de la playa, sino que éste objetivo ha sido sustituido en el orden de prioridades por la necesidad de ganar litigios contra el ayuntamiento, sin atender a que cada enredo judicial conlleva sumar una nueva dilación”.

Los Verdes alegan no entender “la polémica del deslinde en los aparcamientos, después de que un peritaje concluyera que presuntamente no lo invaden”. Octavio Hernández expone que la solicitud de un peritaje independiente de contraste “es un procedimiento normal y pertinente si hay dudas, como ATAN ha defendido correctamente”. Sin embargo, continúa el portavoz verde, “se presentan fotografías del campo de fútbol de San Andrés para probar una propuesta alternativa de deslinde, sin caer en la cuenta de que la extensión del campo de fútbol que aparece en esas fotografías ocupa más dominio público de Las Teresitas, cuando no se había construido la playa artificial, que los propios aparcamientos que se pretende enjuiciar y demoler; y sin reparar en que añadir una planta subterránea, aunque pueda considerarse una modificación sustancial, no implica aumento de superficie del proyecto original, tal y como se expuso en Comisión en su día en presencia de todos los grupos del consistorio, y como le consta a Costas”. En aquella ocasión, recuerda Hernández, “la portavoz del PSOE, Gloria Gutiérrez, estaba más preocupada por la mención del Ministerio de Medio Ambiente en el cartel de las obras que por la ampliación de plazas del aparcamiento”. Los Verdes instan a todos los partidos a “adquirir un compromiso de dar una salida a la playa antes del verano de 2009 y trabajar marcándose esa prioridad, que es lo que demandan los ciudadanos”.

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Tras la resolución del contrato por el Estado y la detención del abogado Mauricio Hayek “la reparcelación ha quedado virtualmente anulada”
 
A través de un comunicado de valoración sobre la detención del abogado Maurico Hayek, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha vuelto a sugerir que el Registro de la Propiedad “devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno municipal el 23 de mayo de 1989”. Hernández relaciona la detención de Hayek, entre otras posibles motivaciones de la juez instructora Carla Bellini, con una “pieza separada” de la investigación que se sigue en la querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades al incluir terrenos de Las Huertas en la reparcelación y compraventa acordadas sin consentimiento de sus propietarios supuestamente para la remodelación de Las Teresitas. La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación de la compensación del plan parcial no fue alterada por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasó al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.
El representante de Los Verdes-Grupo Verde recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta ahora detenido, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”. En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. La investigación seguida sobre esta actuación habría sido finalmente determinante en la detención del abogado, según Hernández.
“Ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades -señala-, la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz de Los Verdes, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.
Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”.
Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación, tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 tendrían que rehacerse contando con la nueva información sobre las propiedades”. La decisión del Gobierno central de resolver el contrato para la remodelación por las irregularidades en la titularidad del parcelario y la detención del abogado de la Junta de Compensación y mediador de Inversiones Las Teresitas, “son redundantes en la misma dirección: de un modo u otro esa reparcelación ha quedado virtualmente anulada”, concluye.

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Señalan que “Costas pudo firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía el Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo”
 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han pronunciado sobre el informe de la Abogacía del Estado del pasado 14 de abril y el acuerdo del Gobierno central del pasado viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, indica que “cuando la Abogacía del Estado dice en su informe que la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional, ello no solamente puede aplicarse al Convenio de compraventa de 2001, sino también al propio Convenio entre ayuntamiento y Costas, de manera que si entre la reunión del 22 de junio de 2006 donde se acordó el Convenio para ejecutar la remodelación de Las Teresitas y la fecha de la resolución del Tribunal Supremo que fue comunicada a las partes el 15 de mayo de 2007, Costas hubiera firmado el Convenio, éste sería válido a pesar del defecto de anulabilidad del contrato de compraventa de 2001, que se verificó después en el auto y está todavía en curso de resolución bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. Según Hernández “durante ese año de demora de la firma del Convenio, Costas contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado que habría respaldado la convalidación y la continuidad de la remodelación que el ayuntamiento inició en la parte de la playa de su competencia, convencido de que la Dirección General lo suscribiría siguiendo el compromiso acordado”. El portavoz de Los Verdes considera que “ahora la Abogacía del Estado se ha visto en la tesitura de contradecir el informe anterior, y ha adoptado la solución salomónica de sugerir indirectamente que si se hubiera firmado antes de la sentencia del Supremo, sería válido, de manera que no quita razón al otro informe, pero que ya no es posible después de mayo de 2007, toda vez que la sentencia agotó esa posibilidad al anular el trámite de compraventa de 2001”. Octavio Hernández considera que “si en definitiva, Costas tuvo once meses para firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía del Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo, y ahora la Abogacía dice que ya no puede hacerlo, a nosotros nos parece que Costas no puede evadir su responsabilidad porque la indecisión, que nos parece acompañada de una permanente distorsión fruto de la rivalidad política que ha estado minando este proyecto y es totalmente ajena al normal procedimiento, ha llevado la remodelación de Las Teresitas a un callejón sin salida, primero con la inconcreción del deslinde marítimo-terrestre, que todavía hoy, después de siete años de darle vueltas en la Demarcación, no sabemos cuál es, y ahora con el Convenio, acordado en junio de 2006 con todos los parabienes, pero nunca firmado después de varios aplazamientos, el último acordado con el ayuntamiento en septiembre de 2007”. Por ello, concluye Hernández, “no compartimos el análisis que hace el grupo municipal del PSOE, ni tampoco la aparente alegría de sus portavoces”.
 
Decisión del Gobierno
 
Respecto al acuerdo del Gobierno central del viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas, el portavoz de Los Verdes indicó que “esta decisión es una consecuencia directa de que no se firmara el Convenio, al no estar firmado no estaban disponibles los terrenos y Cristina Narbona demoró la firma del decreto para iniciar las obras después de haber adjudicado los trabajos a Acciona el 30 de noviembre de 2006”. Hernández considera que “la querella de Las Teresitas, que coincidió con la adjudicación a Acciona, llevó al Ministerio a eludir los compromisos adquiridos”. El portavoz verde recordó que Narbona, durante su visita a Tenerife en marzo pasado, ya señaló que “el Ministerio no iba actuar mientras no se despejaran las dudas sobre la disponibilidad de terrenos para acometer las obras en la parte que corresponde a la Dirección General de Costas, cuya titularidad cuestionaba la Sentencia del Tribunal Supremo”. Para Los Verdes, “la decisión acordada por el Gobierno central no es ninguna sorpresa con esos antecedentes y tras el nuevo informe de la Abogacía del Estado devenía lógica, pero que se desentiendan no exime de responsabilidad a la gestión llevada a cabo por Costas y el Ministerio”.

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El Jefe de la Demarcación admite que se realizan sondeos geotécnicos para fijar la línea demanial

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado hoy la confirmación de que la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife está realizando un peritaje mediante sondeos y un estudio geomorfológico para determinar la línea demanial de la playa antigua de piedra, a partir de la cual se debe establecer un nuevo dominio público marítimo-terrestre que, con toda probabilidad, ampliará el perímetro de competencia estatal de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha mostrado “satisfacción al comprobar que Costas ejecuta la actuación que veníamos solicitando públicamente desde el año pasado”, que ha sido confirmada a la prensa por el Jefe de la Demarcación provincial, Carlos González Pérez. Hernández considera que el peritaje de la línea demanial “se está haciendo tal y como Los Verdes planteamos y se confirma igualmente que las conclusiones de estos estudios serán el aldabonazo para concretar soluciones con valor jurídico en los litigios pendientes sobre la playa, como la ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia acerca de la tasación de las once parcelas del frente de Las Teresitas”. Según el portavoz, “el peritaje consiste en identificar bajo la arena hasta dónde llegaban los temporales, los procesos de sedimentación por tormentas o las pleamares vivas que batían la playa antigua de piedra”. El portavoz de Los Verdes concluye que “ninguno de los expedientes judiciales podía sustanciarse sin esta actuación, porque la pericial que consta en el Sumario de la querella de Las Teresitas no fue concluyente, sino orientativa, ya que no fijaba el deslinde sino propuso distintas valoraciones a la espera de que se confirmara o aprobara definitivamente una delimitación que no era firme ni definitiva porque había distintas interpretaciones no compatibles ni intercambiables”. El peritaje que la Demarcación de Costas está ejecutando “confirma también nuestra posición –afirma Hernández- de que no era viable la petición formulada al TSJC para que se acogiera a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecutara con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”. Para Octavio Hernández, “Costas reconoce implícitamente su error y está confirmando en la práctica que la linde que da al mar desde la playa no estaba fijada con plenas garantías, tal y como habíamos insistido”. El portavoz verde considera confirmada también “la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero que atribuía a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización del deslinde para continuar la remodelación de la playa”.

 

A la espera de la Abogacía del Estado

 

Los Verdes consideran que “ahora falta ver qué dice el informe de la Abogacía del Estado que Costas pidió a la vez que retrasaba firmar el Convenio comprometido en su día con el ayuntamiento”. La Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse por segunda vez acerca de la titularidad de las cinco parcelas cedidas gratuitamente en 2006 por la corporación a la Dirección General, “que no nos consta que formaran parte del paquete de la compraventa con Inversiones Las Teresitas”, sostiene Hernández. La firma del Convenio pretendía que Costas recibiera la gestión de los servicios en las instalaciones que ocuparían el espacio demanial, y a cambio Costas daría concesión administrativa para que las mismas ocuparan, en el avance de las obras, el dominio público. Con ese fin, el 9 de agosto de 2006 el ayuntamiento publicó un anuncio en virtud del acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión de carácter extraordinario celebrada el día 22 de junio de 2006, para la cesión gratuita de cinco parcelas de su titularidad a favor de la Dirección General de Costas, con destino a la ejecución del “Proyecto de Ordenación de la Playa de las Teresitas, fase 1”. Con esta cesión se cumplía el requisito para firmar el Convenio. Los 48.118,41 metros cuadrados cedidos a Costas, hasta donde nosotros sabemos,  no formaban parte de los 110.000 metros cuadrados que adquirió el ayuntamiento en 2001 a Inversiones Las Teresitas por 30.050.605,22 euros. La superficie útil ocupada por los aparcamientos y locales comerciales es de 9.281 metros cuadrados. Octavio Hernández considera que “Costas tiene responsabilidad, por acción u omisión, en los problemas legales que han surgido y con el antecedente de un informe favorable a las tesis del ayuntamiento en este punto, sería extraño que la propia Abogacía del Estado se contradijera a sí misma en un segundo informe”.

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Consideran que es una “posible vía de defensa de los derechos legítimos de los propietarios afectados”

A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha cuestionado el anuncio realizado por la concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, en una reunión celebrada el pasado 27 de marzo con la Asociación de Vecinos Los Pedacillos de El Suculum, donde afirmó que los propietarios de las parcelas 77 y 99 no recuperarían sus terrenos porque el Plan General de 1992 y su actual revisión contemplan ubicar en ellos un parque y un colegio. Hernández señala que “no pueden ser expropiados si no es por utilidad pública y no tienen por qué participar contra su voluntad en la urbanización de Mapfre, pero además pueden solicitar al Registro de la Propiedad a través de su representante legal que devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno del ayuntamiento el 23 de mayo de 1989”. Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos solicitados por Luz Reverón reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”. Octavio Hernández recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”.

En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992 y este planeamiento contempló entre otros como usos dotacionales fruto de la compensación un parque y un colegio en las parcelas 77 y 99. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. “Ahora bien –destaca Hernández-, ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades: la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz verde, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.

Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación de 1989, tendría que rehacerse la compensación y la urbanización contando con la nueva información sobre las propiedades y, entre otras consecuencias, Mapfre tendría que dar al ayuntamiento el 10 por ciento de aprovechamiento para uso dotacional en los terrenos propios que pretende urbanizar y no en los ajenos que se deben excluir de la compensación y no pueden reintegrarse a la Junta contra la voluntad de sus propietarios ni expropiarse si no hay razones de utilidad pública”. El portavoz insular de Los Verdes estima que tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 “tendrían que ser modificados por el ayuntamiento si el Registro de la Propiedad le devuelve la reparcelación y, en ese supuesto, el grupo de gobierno y el pleno tendrían la oportunidad de restaurar los derechos de los legítimos propietarios excluyendo cualquier proceso expropiatorio para uso público, porque el Plan General de Ordenación está todavía abierto a modificaciones”. “El ayuntamiento –explica Hernández- siempre podría mantener el uso dotacional en los mismos terrenos en el nuevo PGO, pero sería una decisión discrecional a voluntad del grupo de gobierno y del pleno, y no una obligación heredada del PGO de 1992, como ha defendido Luz Reverón. Sobra decir que una decisión así sería inmoral y absolutamente reprobable porque chocaría con los derechos reconocidos a estos vecinos después de una larga y dura batalla legal. Pero la ubicación del parque y el colegio en las parcelas 99 y 77 no sería, por tanto, irreversible, como afirmó la concejala en la reunión del Suculum”.

Distinto rasero

La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación determinó los usos dotacionales públicos de la compensación del plan parcial que quedaron recogidos desde 1989, no fueron alterados por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasaron así al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.

Según Hernández, la referencia de Luz Reverón al Plan General de 1992 y al que actualmente se encuentra en proceso de modificación, “como si fueran las tablas de la ley mosaica”, no puede obviar que el Convenio de 2001 “permite modificar y de hecho modifica las dotaciones públicas de la compensación que contempló el PGO de 1992”. Así, el texto del citado acuerdo “en la estipulación cuarta sobre condiciones y criterios para la modificación del planeamiento, en el punto “D) Criterios para la reordenación de las parcelas de la Unidad B-Los Valles, afectadas”, entre las que se encuentran la 77 y la 99, el propio Convenio modificó el uso público para favorecer a los promotores, dándole uso privado a las parcelas 12 y 13 del plan parcial”. Esta disposición estableció, textualmente: “Las parcelas números 12 y 13 del vigente Plan Parcial destinadas en la actualidad a equipamiento docente (con carácter de dotación pública), se reconvertirán a usos de equipamiento privado para actividades de Bienestar Social, deportivas, culturales y de ocio y a usos terciarios en la categoría de Salas de Reunión y comercial en la categoría 1ª y 2ª; incorporando a las mismas la edificabilidad correspondiente a la parcela nº 103”.

A la vista de esta disposición, Octavio Hernández señala que “resulta francamente perturbador que Luz Reverón afirme que no se puede modificar el uso público dotacional previsto por el PGO de 1992 en las parcelas 77 y 99, y diga que sus propietarios tienen que ceder a las pretensiones de Mapfre y del ayuntamiento, es decir, de la Junta de Compensación, cuando el uso dotacional sí se modifico en el Convenio de 2001 para favorecer usos privados de los promotores: parece que a los ricos se les puede quitar parques y colegios públicos para que hagan negocio, pero los pobres tienen que perder sus casas si los parques y colegios se ubican en sus terrenos”.

  

Relacionado:

Texto del Convenio para la reordenación del plan parcial de Las Teresitas de 19 de enero de 2001:

http://www.santacruz-es.com/convenios/descargar_pdf.php?pdf=AIIA-6

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