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Aportan varias propuestas para “hacer técnicamente viable el acuerdo político”

 

A través de un comunicado, Los Verdesde Tenerife han realizado una valoración del acuerdo adquirido este miércoles entre el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior; el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, y el alcalde del Ayuntamiento de Candelaria, José Gumersindo García, para abordar el posible cierre de la central eléctrica de Caletillas. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife, Octavio Hernández, considera que “el principal resultado de esa reunión ha sido el retorno a la realidad después de un viaje al electoralismo”. Hernández valoró “con respeto” las conclusiones anunciadas por Gumersindo García, el cual, según el portavoz verde, “ha tenido que desandar el camino del jardín en el que se había metido desde febrero junto a Santiago Pérez y Ricardo Guerrero”. Los Verdes interpretan que el acuerdo alcanzado “viene a confirmar la posición de partida que ya habíamos anunciado: que la directriz 36.8 de 2003 no es imprescindible para que Caletillas pueda ser cerrada de oficio por el Gobierno canario, siguiendo el Decreto 161/2006, siempre que lo hiciera de manera motivada y reglamentaria; ahora bien, si Unelco adapta las instalaciones de Caletillas dentro del plazo de 20.000 horas de funcionamiento que tiene concedido legalmente hasta el 31 de diciembre de 2015, decaerían las causas para instar el cierre. En segundo lugar, ese cierre nunca podría ser unilateral, sino que la compañía titular, Unelco-Endesa, debe dar su visto bueno y, en caso de no hacerlo y siempre y cuando no incumpla normas ambientales o de salud pública, Caletillas no podría cerrarse”.

Con esta valoración, Octavio Hernández considera “zanjadas las diferencias que hemos mantenido con el PSOE sobre el cierre de Caletillas” y espera “que Sindo sepa comprender que los vecinos de Igueste se merecen un alcalde que no les mienta después de dos décadas de promesas incumplidas”.

 

Cerrando el círculo

 

Los Verdes estiman que el acuerdo alcanzado crea una comisión “eminentemente política” para coordinar las actuaciones entre Industria, el Cabildo y el ayuntamiento de Candelaria, “pero protocolos de esta naturaleza –apunta Octavio Hernández- normalmente resultan poco operativos si no producen un segundo nivel de carácter técnico, cuya función es informar las decisiones públicas para que éstas se trasladen a la práctica de manera eficaz y eficiente”. Hernández pone como ejemplo “el Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en Sistemas Eléctricos Aislados que fue creado e integrado en el Grupo de Seguimiento de la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2007-2016 en el ámbito estatal para elevar propuestas sobre los sistemas eléctricos extrapeninsulares como Canarias”. Para la planificación del cierre de Caletillas “habría que crear una subcomisión de apoyo dando presencia a los técnicos de planificación de Unelco-Endesa, de la Oficina Técnica del ayuntamiento de Candelaria, de la unidad de planificación del Cabildo, de las Consejerías de Industria y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, apoyados por sus respectivos servicios jurídicos”. Octavio Hernández indica que “si toda decisión final pasa por Unelco, la compañía tiene que participar”. Sugiere también que “los trabajos de estudio de alternativas para Caletillas se fijen como horizonte temporal el año 2012, momento en que se ha de revisar la Planificación eléctrica estatal y verificar la sustitución de los equipos obsoletos de generación de la central por Unelco-Endesa”. Hernández propone que “las conclusiones de la subcomisión técnica se enlacen, coordinen y trasladen con el Grupo de Seguimiento de la Planificación 2007-2016, como se hizo con el grupo de trabajo de sistemas aislados”. El portavoz de Los Verdes considera que “de esta manera se daría coherencia y consistencia a cualquier propuesta final sobre Caletillas, cerrando el círculo de decisión al contar con la compañía titular, en un extremo, y con el Ministerio de Industria, en el otro”.

 

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Consideran insostenible la situación laboral de los inspectores

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado positivamente el Acuerdo de cooperación para el ejercicio de las competencias estatales en materia de inspección fitosanitarias suscrito este lunes en Lanzarote entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con el fin de mejorar y agilizar las inspecciones fitosanitarias en los siete puntos de inspección fronterizos de entrada aéreos y siete marítimos situados en Canarias, para prevenir y evitar los efectos negativos en los cultivos canarios de la entrada ilegal de mercancías no autorizadas por los puntos de inspección fronterizos, mediante mecanismos excepcionales de control y trazabilidad fitosanitaria.

El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha destacado que “en los últimos 15 años han entrado unas 75 plagas y la firma se ha demorado desde 2004, pero ahora toca abordar también un acuerdo de cooperación similar para la inspección pesquera cuyas bases están ya maduras en 2008”. Hernández señala que “desde el año pasado se viene avanzando a nivel europeo en la elaboración de instrumentos legales para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que hacen especial hincapié en la prioridad de mejorar el control de la legalidad de las actividades de los buques pesqueros de terceros países que entran en los puertos y de sus capturas”.

En octubre de 2007, la Comisión presentó una propuesta de reglamento que pretende establecer las condiciones, el procedimiento y la frecuencia de realización de inspecciones en puerto por parte de los estados miembros de los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un tercer país, y de la importación de pescado por otros medios, como los containers”. Esta disposición, que será aprobada durante 2008, contempla que “los estados miembros realizarán inspecciones en sus puertos de, como mínimo, el 15% de las operaciones de desembarque, transbordo y transformación a bordo efectuadas cada año por buques pesqueros de terceros países”. Octavio Hernández señala que “a los inspectores se les encomienda examinar el buque, la documentación, el cuaderno, diario de pesca y hojas de carga, las artes de pesca, el equipo, las capturas, así como el control de la totalidad de las operaciones de desembarque o transbordo y un control cruzado de las cantidades de cada especie”.

Los Verdes critican que en Canarias “mientras las tareas se multiplican, la realidad es que no es posible garantizar el control de inspección en las condiciones actuales y tanto la cantidad de inspectores como sus condiciones laborales deberían ser revisadas”. Hernández indica que “aunque el secretario general de Pesca dijo en noviembre que existen nueve inspectores de pesca en Canarias, en marzo había 5 plazas en la provincia de Las Palmas, de las cuales una no está ocupada, y 2 plazas para la de Tenerife, con sólo una ocupada, en tanto que un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea de diciembre de 2007 estimó que el número de inspectores necesarios para todo el estado era de 139, pero la cifra en 2006 ascendía a 91 y en la actualidad únicamente trabajan en este campo 75 funcionarios”.

El portavoz verde señala que “estos funcionarios trabajan hasta las tres, y han denunciado reiteradamente que durante la tarde, por la noche y en los días festivos se produce un auténtico coladero de pesca ilegal ante la permisividad de las autoridades españolas, que ya han sido advertidas de sanciones millonarias por la Unión Europea”. De hecho, la Comisión admite que “los agentes económicos del sector pesquero aprovechan estos vacíos y ha previsto castigar la posible connivencia de los estados”. Hernández justifica que “la oportunidad para un Acuerdo de cooperación en materia de inspección pesquera entre el Ministerio y la Consejería viene determinada por las iniciativas regulatorias anunciadas para 2008, por la necesidad de dar una salida a la situación insostenible de los inspectores, por las propias demandas del sector pesquero que sufre esta competencia desleal y la creciente sensibilidad de los consumidores, y porque el Título V de la Ley canaria de pesca y la veintena de funcionarios adscritos al Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera en las islas deberían coordinarse y servir de apoyo en el mismo marco aunque sea una competencia exclusiva estatal”.

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