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Consideran que el futuro de la central eléctrica ya está decidido entre Unelco y el Estado

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado el debate parlamentario celebrado este jueves sobre el desmantelamiento de la central de Caletillas como “una discusión bizantina ajena a la realidad”. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señaló que “la planificación estatal ya contempla en la práctica cómo va a ser el futuro de la central, cuyo cierre, mantenimiento y transformación son competencia de la empresa propietaria, Unelco, que tiene la última palabra y eso lo saben el Cabildo, el Gobierno y el ayuntamiento de Candelaria, así que el debate parlamentario ha sido un brindis al sol”. Respecto a la fecha de cierre de la instalación, en el debate en pleno de la Ley de Directrices en abril de 2003, el PSOE propuso fijar en 8 años –es decir, en 2011- la fecha para que la central de Caletillas abandonara su función generadora: “concretar ese plazo y no dejarlo abierto”. Esta enmienda 30 a la directriz 36 del proyecto de Ley, explican Los Verdes, defendida por el PSOE a instancia del ayuntamiento, fue rechazada con el argumento de que la fecha debe fijarla el planeamiento energético al que la propia directriz traslada la decisión, pues se entendía que no resultaba coherente que el Parlamento sobrepusiera ese detalle al futuro plan y se desconocían los requisitos técnicos y la propia evolución del sistema eléctrico para adoptar esa decisión en sede parlamentaria. Hernández destaca que el grupo del PSOE en el Cabildo presentó una moción en la misma línea de fijar un plazo para Caletillas, pero en la transacción finalmente se adoptó por unanimidad –con el voto favorable del PSOE- una propuesta de Coalición Canaria que acordó “…instar a la compañía Endesa al inmediato desmantelamiento de aquellos grupos de generación de la central de Las Caletillas que no estén en uso, con la consecuente desaparición de las chimeneas de los mismos y la liberación de espacios ocupados…”. para Los Verdes, “esta moción reconocía que Unelco-Endesa, como titular de las instalaciones, tiene la última palabra en cuanto al cierre”. En enero de 2006, el Gobierno central respondió lo mismo a preguntas del PSOE: “La decisión sobre la fecha de cierre de una instalación, de acuerdo con la normativa vigente (Ley 54/1997, del sector eléctrico, y Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica) corresponde al titular de la misma”. La moción del Cabildo diferencia claramente entre cierre de la central y desmantelamiento y sustitución de los equipos obsoletos, señala el portavoz verde. La posición de Unelco-Endesa –detalla- se ajustó a este mismo criterio: debido a que Caletillas no podía cumplir el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se trasladó a la legislación española la Directiva Comunitaria 2001/80/CE, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión, siendo ésta causa suficiente para ordenar de oficio su cierre, la compañía se acogió a una excepción prevista en esa norma, que le permite en caso de que Caletillas no pudiera cumplir el Plan de Emisiones mantener la central operativa un máximo de 20.000 horas, “desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015”. Los Verdes consideran que de esta manera, Unelco ganaba tiempo hasta 2015 para retirar los equipos de generación obsoletos y sustituirlos antes de esa fecha por otros menos contaminantes que sí cumplieran el Plan de Emisiones. En 2006 se verificaron en Caletillas 845.000 toneladas. “Después de una negociación que previó para Canarias una moratoria en razón de las especiales características y vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un Real Decreto en noviembre de 2006 sobre el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, que establece que la central térmica de Caletillas deberá pasar a casi 130.000 toneladas al final del período, en el año 2012”. En el ínterin, prosigue el comunicado,entre la respuesta del Gobierno central al PSOE de enero y el Decreto de Emisiones de noviembre, durante la revisión que por Ley debe hacerse de la planificación eléctrica cada cuatro años, Unelco trasladó al Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en Sistemas Eléctricos Aislados integrado en el Grupo de Seguimiento de la Planificación, la necesidad de mantener la ubicación de la central sustituyendo los equipos obsoletos, con el compromiso adquirido de ajustarse al Plan de Emisiones antes del 31 de diciembre de 2015, pues de lo contrario tendría que cerrar Caletillas. De hecho, en la Planificación estatal para 2007-2016 se propuso el año 2012 –“curiosamente coincidiendo con la enmienda del PSOE de 2003”- para que Caletillas cumpla el Plan de Emisiones. Adelantándose en tres años al límite establecido de 20.000 horas de funcionamiento, según Los Verdes Unelco evita así el cierre. Para poder retirar los equipos obsoletos la compañía trasladaría a Candelaria las turbinas de Arona y Guía de Isora, que en 2006 emitieron 123.000 toneladas de gases contaminantes según el Plan Nacional de Asignación.

 

También puede cerrarse de oficio

 

Octavio Hernández concluye que “es evidente, a nuestro juicio, que estas decisiones restaban de facto eficacia real a la previsión de la directriz 36.8 de la Ley de Directrices de 2003. Tal y como se había objetado durante el debate de la enmienda del PSOE, la tecnología y la propia evolución del sistema eléctrico convertían en extemporánea esa disposición en el caso de Caletillas”. Además –argumenta el portavoz-, también en 2006 el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, vino a asumir con plenitud el contenido efectivo de aquella directriz, en el Capítulo II del Título V sobre “Autorización de Cierre”, el artículo 47 estableció: “2. La Administración podrá iniciar de oficio el procedimiento de cierre y desmantelamiento de determinadas instalaciones en los supuestos establecidos en el artículo 30 [falsificación documental en la autorización o  manifiesta ilegalidad de las instalaciones] y, así como, cuando la inadecuada conservación y mantenimiento de las mismas pueda ocasionar: a) peligro para las personas, la flora, la fauna, los bienes y el medio ambiente; o b) restricciones técnicas que afecten a la calidad del servicio eléctrico, disponibilidad de la instalación o a la eficiencia energética.

3. En aquellos supuestos donde la Administración competente en materia de energía, actúe de oficio en los términos establecidos anteriormente, se formulará una propuesta de resolución en la que se justificará la necesidad del cierre de la correspondiente instalación, la cuál se comunicará al titular de la misma. En dicha propuesta de resolución se establecerá el plazo para que el citado titular presente los documentos a que hace mención este Capítulo y se culmine el procedimiento. Transcurrido el plazo sin que el titular aporte los citados documentos, se dictará resolución de desconexión de la instalación y el precinto de la misma, todo ello sin perjuicio de los recursos que en derecho asistan al titular.

“Por tanto –concluye Hernández- es necesario entender que la directriz 36.8 no es imprescindible para que Caletillas pudiera ser cerrada de oficio por el Gobierno canario”. Ahora bien, el Artículo 49 del Decreto 161/2006 dicta que “En el caso de que las instalaciones [cuyo cierre se insta] estén conectadas a la red eléctrica insular, la Administración deberá recabar informe previo de la empresa distribuidora, transportista o generadora según el caso, y también del operador del sistema si afectara a la red de transporte o a la generación del sistema eléctrico insular. Dicho informe se emitirá en un plazo máximo de 20 días y en él se informará sobre si el cierre de la instalación, implicaría menoscabo en el grado de funcionamiento y disponibilidad de la red o generación eléctrica de la zona afectada o del sistema insular correspondiente”. Por tanto, insisten Los Verdes “la última palabra corresponde, en cualquier caso, a la compañía titular de la central, pues la decisión coexiste con la obligatoriedad de garantizar el suministro eléctrico, que es un principio de superior jerarquía normativa”. Octavio hernández apela a “la lógica de Perogrullo, pues no se puede, en definitiva, cerrar sin más la central y dejar sin luz a la gente, ni tampoco decretar el cierre sin las debidas garantías respecto al conjunto del sistema eléctrico. Y por otra parte, esa garantía ha de compatibilizarse con otros derechos afectados, como el derecho a un medio ambiente sano, cumpliendo la legislación sobre emisiones contaminantes”.

 

Posición de Los Verdes

 

El portavoz en Tenerife del partido ecologista expuso la postura que ha venido defendiendo, en conflicto con el PSOE: “Partiendo de no confundir los deseos con la realidad, a fecha de hoy Los Verdes decimos a los vecinos afectados que, tal y como están las cosas, la central de Caletillas no se desmantelará en 2015, pero las instalaciones no tendrán nada que ver con las actuales y se habrá reducido de manera significativa su contaminación”. Con esta previsión, Octavio Hernández aclaró que “no presentamos alegaciones a la Autorización Ambiental Integrada de Caletillas porque esperamos que Unelco-Endesa corrija dentro del plazo legal que tiene concedido las circunstancias que, según el decreto 161/2006, podrían justificar el cierre de oficio a iniciativa del Gobierno canario”. En cambio, añade el portavoz, “sí nos preocupa que cuando se revise la actual Planificación eléctrica dentro de cuatro años, se hayan cumplido los plazos para la reducción de emisiones y que las turbinas trasladadas de Oroteanda y Chío a Candelaria sean retiradas antes del año 2013 cuando funcionen los nuevos equipos de generación”. Los Verdes consideran que “de mantenerse esas turbinas en funcionamiento de manera adicional estaríamos ante un nuevo incumplimiento del Plan de Emisiones. Si eso ocurriera es entonces cuando tendría que solicitarse el cierre de oficio y Los Verdes apoyaremos esa decisión, que no depende tanto, como hemos defendido, de la Ley de Directrices ni del Cabildo de Tenerife, como pretende el PSOE”.

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