Los Verdes consideran que Las Teresitas está en un “callejón sin salida”

 
Señalan que “Costas pudo firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía el Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo”
 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han pronunciado sobre el informe de la Abogacía del Estado del pasado 14 de abril y el acuerdo del Gobierno central del pasado viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, indica que “cuando la Abogacía del Estado dice en su informe que la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional, ello no solamente puede aplicarse al Convenio de compraventa de 2001, sino también al propio Convenio entre ayuntamiento y Costas, de manera que si entre la reunión del 22 de junio de 2006 donde se acordó el Convenio para ejecutar la remodelación de Las Teresitas y la fecha de la resolución del Tribunal Supremo que fue comunicada a las partes el 15 de mayo de 2007, Costas hubiera firmado el Convenio, éste sería válido a pesar del defecto de anulabilidad del contrato de compraventa de 2001, que se verificó después en el auto y está todavía en curso de resolución bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. Según Hernández “durante ese año de demora de la firma del Convenio, Costas contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado que habría respaldado la convalidación y la continuidad de la remodelación que el ayuntamiento inició en la parte de la playa de su competencia, convencido de que la Dirección General lo suscribiría siguiendo el compromiso acordado”. El portavoz de Los Verdes considera que “ahora la Abogacía del Estado se ha visto en la tesitura de contradecir el informe anterior, y ha adoptado la solución salomónica de sugerir indirectamente que si se hubiera firmado antes de la sentencia del Supremo, sería válido, de manera que no quita razón al otro informe, pero que ya no es posible después de mayo de 2007, toda vez que la sentencia agotó esa posibilidad al anular el trámite de compraventa de 2001”. Octavio Hernández considera que “si en definitiva, Costas tuvo once meses para firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía del Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo, y ahora la Abogacía dice que ya no puede hacerlo, a nosotros nos parece que Costas no puede evadir su responsabilidad porque la indecisión, que nos parece acompañada de una permanente distorsión fruto de la rivalidad política que ha estado minando este proyecto y es totalmente ajena al normal procedimiento, ha llevado la remodelación de Las Teresitas a un callejón sin salida, primero con la inconcreción del deslinde marítimo-terrestre, que todavía hoy, después de siete años de darle vueltas en la Demarcación, no sabemos cuál es, y ahora con el Convenio, acordado en junio de 2006 con todos los parabienes, pero nunca firmado después de varios aplazamientos, el último acordado con el ayuntamiento en septiembre de 2007”. Por ello, concluye Hernández, “no compartimos el análisis que hace el grupo municipal del PSOE, ni tampoco la aparente alegría de sus portavoces”.
 
Decisión del Gobierno
 
Respecto al acuerdo del Gobierno central del viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas, el portavoz de Los Verdes indicó que “esta decisión es una consecuencia directa de que no se firmara el Convenio, al no estar firmado no estaban disponibles los terrenos y Cristina Narbona demoró la firma del decreto para iniciar las obras después de haber adjudicado los trabajos a Acciona el 30 de noviembre de 2006”. Hernández considera que “la querella de Las Teresitas, que coincidió con la adjudicación a Acciona, llevó al Ministerio a eludir los compromisos adquiridos”. El portavoz verde recordó que Narbona, durante su visita a Tenerife en marzo pasado, ya señaló que “el Ministerio no iba actuar mientras no se despejaran las dudas sobre la disponibilidad de terrenos para acometer las obras en la parte que corresponde a la Dirección General de Costas, cuya titularidad cuestionaba la Sentencia del Tribunal Supremo”. Para Los Verdes, “la decisión acordada por el Gobierno central no es ninguna sorpresa con esos antecedentes y tras el nuevo informe de la Abogacía del Estado devenía lógica, pero que se desentiendan no exime de responsabilidad a la gestión llevada a cabo por Costas y el Ministerio”.

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