Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘costas’

El Jefe de la Demarcación admite que se realizan sondeos geotécnicos para fijar la línea demanial

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado hoy la confirmación de que la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife está realizando un peritaje mediante sondeos y un estudio geomorfológico para determinar la línea demanial de la playa antigua de piedra, a partir de la cual se debe establecer un nuevo dominio público marítimo-terrestre que, con toda probabilidad, ampliará el perímetro de competencia estatal de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha mostrado “satisfacción al comprobar que Costas ejecuta la actuación que veníamos solicitando públicamente desde el año pasado”, que ha sido confirmada a la prensa por el Jefe de la Demarcación provincial, Carlos González Pérez. Hernández considera que el peritaje de la línea demanial “se está haciendo tal y como Los Verdes planteamos y se confirma igualmente que las conclusiones de estos estudios serán el aldabonazo para concretar soluciones con valor jurídico en los litigios pendientes sobre la playa, como la ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia acerca de la tasación de las once parcelas del frente de Las Teresitas”. Según el portavoz, “el peritaje consiste en identificar bajo la arena hasta dónde llegaban los temporales, los procesos de sedimentación por tormentas o las pleamares vivas que batían la playa antigua de piedra”. El portavoz de Los Verdes concluye que “ninguno de los expedientes judiciales podía sustanciarse sin esta actuación, porque la pericial que consta en el Sumario de la querella de Las Teresitas no fue concluyente, sino orientativa, ya que no fijaba el deslinde sino propuso distintas valoraciones a la espera de que se confirmara o aprobara definitivamente una delimitación que no era firme ni definitiva porque había distintas interpretaciones no compatibles ni intercambiables”. El peritaje que la Demarcación de Costas está ejecutando “confirma también nuestra posición –afirma Hernández- de que no era viable la petición formulada al TSJC para que se acogiera a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecutara con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”. Para Octavio Hernández, “Costas reconoce implícitamente su error y está confirmando en la práctica que la linde que da al mar desde la playa no estaba fijada con plenas garantías, tal y como habíamos insistido”. El portavoz verde considera confirmada también “la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero que atribuía a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización del deslinde para continuar la remodelación de la playa”.

 

A la espera de la Abogacía del Estado

 

Los Verdes consideran que “ahora falta ver qué dice el informe de la Abogacía del Estado que Costas pidió a la vez que retrasaba firmar el Convenio comprometido en su día con el ayuntamiento”. La Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse por segunda vez acerca de la titularidad de las cinco parcelas cedidas gratuitamente en 2006 por la corporación a la Dirección General, “que no nos consta que formaran parte del paquete de la compraventa con Inversiones Las Teresitas”, sostiene Hernández. La firma del Convenio pretendía que Costas recibiera la gestión de los servicios en las instalaciones que ocuparían el espacio demanial, y a cambio Costas daría concesión administrativa para que las mismas ocuparan, en el avance de las obras, el dominio público. Con ese fin, el 9 de agosto de 2006 el ayuntamiento publicó un anuncio en virtud del acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión de carácter extraordinario celebrada el día 22 de junio de 2006, para la cesión gratuita de cinco parcelas de su titularidad a favor de la Dirección General de Costas, con destino a la ejecución del “Proyecto de Ordenación de la Playa de las Teresitas, fase 1”. Con esta cesión se cumplía el requisito para firmar el Convenio. Los 48.118,41 metros cuadrados cedidos a Costas, hasta donde nosotros sabemos,  no formaban parte de los 110.000 metros cuadrados que adquirió el ayuntamiento en 2001 a Inversiones Las Teresitas por 30.050.605,22 euros. La superficie útil ocupada por los aparcamientos y locales comerciales es de 9.281 metros cuadrados. Octavio Hernández considera que “Costas tiene responsabilidad, por acción u omisión, en los problemas legales que han surgido y con el antecedente de un informe favorable a las tesis del ayuntamiento en este punto, sería extraño que la propia Abogacía del Estado se contradijera a sí misma en un segundo informe”.

Anuncios

Read Full Post »

El retroceso del mar, el rebase del oleaje o el incremento de la velocidad del viento por el cambio climático no se contemplaron en la evaluación del impacto ambiental 

A través de un comunicado, el candidato de Los Verdes-Grupo Verde por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Octavio Hernández, ha valorado como “parciales y especulativas” las declaraciones realizadas por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que alertó este miércoles durante su visita a las islas que su departamento prevé que las playas canarias podrían retroceder más de 50 metros en los próximos años como consecuencia del cambio climático. Hernández señala que “Narbona se ha ido al extremo para justificar la actuación de la Dirección General de Costas, porque en realidad los informes a los que se refiere señalan como más probables para el retroceso de las playas en Canarias valores de hasta 15 metros, aunque es verdad que, excepcionalmente y en el peor de los escenarios, que no es el más probable, los cambios en la dirección del oleaje, la temperatura oceánica y la velocidad del viento podrían dar lugar eventualmente a que las playas del sur de las islas alcancen retrocesos de hasta 70 metros”. El portavoz verde señala que “se deben relativizar estos datos extremos, ya que los modelos climáticos que se están empleando no describen adecuadamente estructuras espaciales tan pequeñas como las islas Canarias y hay variables que aportan un elevado grado de incertidumbre, como el coeficiente de dilatación del agua, la estacionalidad, el relieve costero y la batimetría del borde litoral”. Hernández señala que los datos reales existentes en la actualidad a partir del reanálisis de la serie del IGN en Santa Cruz de Tenerife “indican un ascenso del nivel del mar en torno a 1cm/año en las dos últimas décadas, con un incremento de 10 cm en 13 años medido en el Muelle norte de Santa Cruz, dato que contrasta con el aumento en el norte de la Península, cifrado entre 2 y 3 mm/año”. Los informes del Ministerio  prevén “para 2050 un aumento muy probable de la cota de inundación en el norte de Canarias con valores de hasta 35 centímetros, incrementando el riesgo de inundaciones”.

El puerto de Granadilla, inviable

Octavio Hernández se mostró crítico con las palabras de Narbona porque el documento resumen de noviembre de 2007 hecho público por el Ministerio de Medio Ambiente sobre “El Cambio Climático en España. Estado de Situación”, “no sólo habla de retroceso de las playas, sino también de la pérdida de la funcionalidad y estabilidad de obras marítimas” como consecuencia de la citada variación del oleaje. En concreto, el estudio publicado señala: “En cuanto a la funcionalidad de las obras marítimas se ha obtenido que es extremadamente verosímil que el rebase del oleaje sobre la coronación de las obras marítimas aumente entre un 75 y un 100% con la consiguiente reducción de operatividad en algunos de los puertos. Análogamente, en la mayor parte del Cantábrico es probable que sea necesario aumentar el peso de las piezas que garantizan la estabilidad de los diques entre un 10 y un 25%. Este problema es especialmente relevante en parte de las islas Canarias”. El portavoz de Los Verdes advierte que “la ubicación elegida para construir el puerto de Granadilla pretende levantarlo en una plataforma aplacerada que mantiene 30 metros de profundidad hasta más de kilómetro y medio mar adentro desde la línea de playa, de manera que si se cumpliera el retroceso de más de 50 metros anunciado por Narbona, toda la futura zona portuaria quedaría inundada en los próximos años”. Hernández denuncia que “todas estas previsiones relativas al retroceso del mar, el rebase del oleaje o el incremento de la velocidad del viento debidos al cambio climático no se contemplaron en la evaluación del impacto ambiental del puerto de Granadilla, que debería ser revisada”. El candidato de Los Verdes-Grupo Verde advierte que “con las mismas hipótesis de efectos del cambio climático que se están empleando para justificar los derribos en el litoral, esa infraestructura hoy por hoy no tiene futuro”. Por ello, Hernández pide a la ministra que “aplique lo que dice al puerto de Granadilla y aclare si esa obra es viable o no, partiendo de los mismos datos especulativos que tanta seguridad y contundencia han dado a Costas para justificar el desalojo de los núcleos costeros de Tenerife”.

Read Full Post »

Recuerdan que el Convenio de actuaciones en Costas de 1998 se renovó en 2007 con el PSOE al frente de Medio Ambiente

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han criticado las declaraciones del consejero del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, que ha rechazado la propuesta de flexibilizar la aplicación de los deslindes de Costas para que se estudie caso por caso los expedientes de derribo. Según el portavoz en Tenerife de Los Verdes y candidato al Congreso de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, “tanto Ricardo Guerrero como más recientemente el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Candelaria, Domingo Ramos, primero culpan a CC y PP de haber firmado el Convenio de 1998 y ahora los culpan por querer flexibilizarlo ¿en qué quedamos? ¿qué manera es esta de hacer oposición?”, preguntó. Guerrero y Ramos han culpado públicamente de los derribos a los partidos que gobernaban en 1998, cuando en aplicación de la nueva Ley de Costas Antonio Castro, entonces consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en pacto CC-PP, y la Ministra de Medio Ambiente, del PP, Isabel Tocino, suscribieron el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras de costas (publicado en el BOC el 4 de marzo de 1998), cuyo anexo citaba las actuaciones propuestas para el cumplimiento de la nueva legislación de Costas. Hernández, considera que las críticas de Ricardo Guerrero “no tienen fundamento, porque la competencia dentro del dominio público es del Ministerio, es decir, del PSOE”. El citado convenio de 1998 “si bien incluía efectivamente esas propuestas de recuperación en frentes, paseos, playas y costas, ninguna de las cláusulas contemplaba cómo se iba a ejecutar esas previsiones”, sino que se derivaba a “lo que oportunamente acuerde la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control” creada en el marco del convenio. Así mismo, señala el portavoz de Los Verdes en Tenerife, el texto suscrito en 1998 recogía que “los estudios previos, anteproyectos y proyectos que sean precisos para la ejecución de las obras serán aprobados por la Administración que financie y contrate la actuación de que se trate, así como la actuación la licitación, contratación, ejecución, dirección, control, vigilancia y pago de las obras”, pero atribuía a la Comunidad Autónoma de Canarias exclusivamente “las actuaciones incluidas en el presente Convenio, que se realicen fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre una vez terminadas, corriendo por su cuenta los gastos de conservación, mantenimiento y explotación”. De esta manera, concluye Octavio Hernández “el convenio dejaba clara la responsabilidad directa del Ministerio en los núcleos irregulares que ocupaban el dominio público, como Cho Vito, si bien nada detallaba sobre la ejecución de las demoliciones más allá de una cita en el Anexo”. El Gobierno de canarias, concluye Hernández, “no puede flexibilizar el Convenio sin el acuerdo de la Administración central en la Comisión Bilateral, de manera que la denuncia de Ricardo Guerrero de que esa flexibilización obedecerá a intereses privados sólo se cumplirá si su partido gobierna y lo permite”.

Convenio de 2007

El portavoz verde recuerda al PSOE que la decisión final sobre las demoliciones de los núcleos costeros irregulares “no se tomó en 1998, sino en la reedición del Convenio en 2007”, a través de la Resolución de 23 de marzo, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral (BOE de 19 de abril de 2007). Los Verdes señalan que “a la fecha de conclusión del primer convenio, cuyo programa de ejecución de las obras estaba previsto para siete años, entre 1998 y 2004, ambos inclusive, no se habían ejecutado las demoliciones”. Octavio Hernández recrimina a Ricardo Guerrero “que haya ocultado que la segunda fase del convenio fue desarrollada durante la administración de Rodríguez Zapatero, después de 2004, con Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el Plan de Deslindes previsto hasta 2008 y el Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa”, que son instrumentos que sí contemplan la ejecución de actuaciones de recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados, limitándolas en una primera etapa a la costa mediterránea, la costa del golfo de Huelva y la de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

El portavoz de Los Verdes detalla que “a diferencia del texto de 1998, en 2007 se introducen nuevas cláusulas sobre las demoliciones”. Concretamente, la nueva redacción distingue entre obras y actuaciones convencionales y otras referidas a “tramos litorales urbanizados o afectados por la regresión litoral, o sometidos al efecto de procesos litorales degradantes”, y sobre la ejecución se recoge que “en ambos casos se abordarán, mediante acuerdo entre las partes, y en su caso mediante Convenios específicos a suscribir con Ayuntamientos y otras partes implicadas, actuaciones complejas para la transformación de dichos ámbitos costeros […]. Dichas actuaciones complejas incluirán las acciones urbanísticas y territoriales que sean necesarias, los procedimientos de expropiación, rescate, etc, que sean precisos, y las obras de competencia de la Dirección General de Costas que resulten necesarias, simultáneamente o con posterioridad a la finalización de aquellos para completar y rematar las operaciones de transformación litoral que se persiguen”.

Octavio Hernández, considera que Ricardo Guerrero ha ocultado que el convenio de 2007, elaborado y suscrito en desarrollo de la política y gestión del PSOE al frente del Ministerio y de Costas, es el que ejecuta estas demoliciones, que no son competencia de la Comunidad Autónoma, y además “contempla Convenios específicos con los ayuntamientos para facilitarlas”, de manera que “el PSOE no puede evadir su participación y responsabilidad, si no es por dejación, complacencia o connivencia por afinidad política con Costas y con el Ministerio, ya que los ayuntamientos costeros gobernados por el PSOE en Tenerife, cuya gestión del litoral ha sido absolutamente nefasta, están dejando fuera de ordenación los núcleos que invaden el dominio público en la redacción de los nuevos Planes Generales, aunque quieren seguir teniendo un voto cautivo en ellos”.

Especulación

Por último, Hernández señaló, en respuesta a la denuncia de Guerrero, que “va a ser imposible, desde un punto de vista legal, impedir la especulación urbanística en los nuevos frentes costeros creados por los deslindes y derribos, a no ser que se limite por ley la volumetría en el área de influencia, que es de competencia autonómica, como se contempla para los espacios y reservas naturales”. El candidato al congreso de Los Verdes-Grupo Verde explicó que “si se conceden viviendas de protección oficial o preferentes por compensación a los afectados por los derribos en el nuevo frente del deslinde, estas viviendas de todos modos podrán entrar en el mercado inmobiliario por descalificación pasados quince años o en un plazo incluso menor por otras causas”.

Relacionado:

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/19/pdfs/A17374-17376.pdf#

Read Full Post »