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Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2008

Esperan que la moción aprobada en el ayuntamiento de Santa Cruz permita hacer el peritaje para la fijación del deslinde

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife consideran “inaplicable”  la petición realizada por algunos colectivos para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desista de realizar una nueva tasación de los terrenos sujetos al litigio judicial de Las Teresitas y se acoja al peritaje encargado por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007, cuyo informe final fue entregado el pasado 31 de diciembre.  El portavoz de Los verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “los arquitectos contratados no realizaron un peritaje del deslinde marítimo-terrestre, sino del valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa en el momento de la compraventa”. Por esta razón, Hernández indica que “la pericial no es concluyente, sino orientativa, ya que no fija el deslinde sino propone distintas valoraciones en distintos supuestos a la espera de que se confirme o apruebe definitivamente una delimitación de la línea que es provisional y probable, según estos peritos, pero en ningún caso firme ni definitiva”. De esta manera, según Los Verdes, “la valoración que consta en el Sumario debe ser tomada con precaución porque está sujeta a variación, ya que una las lindes de las 11 parcelas, la que da al mar desde la playa, no ha sido fijada con plenas garantías por la Dirección General de Costas ni por ningún peritaje de la línea demanial, sobre cuya necesidad y conveniencia venimos insistiendo”. Por este motivo, el portavoz verde afirma que “ciertas prisas son muy malas consejeras” y rechaza la petición realizada al TSJC para que “se acoja a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecute con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”.

Costas entra en la trama

 

Octavio Hernández considera que la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero “va en la buena dirección al atribuir a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización de la delimitación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre que impide tanto la ejecución de obras como la valoración económica de las parcelas con plenas garantías de legalidad” y valora que “con todas las salvedades que se quiera poner, esa posición coincide con el principio de precaución que aplicaron los peritos contratados en su informe para el Sumario de la Fiscalía Anticorrupción”. Según Hernández “no tiene explicación por qué Costas no ha intervenido desde que el ayuntamiento le propuso un deslinde en el año 2001, por qué se dio por bueno primero y se dilató después en la provisionalidad durante seis años, por qué se justificó según una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 que, en realidad, nada concreta sobre el deslinde y más bien fue empleada presuntamente como subterfugio de apariencia legal en una delimitación que, como parece demostrado, era arbitraria y no se ajustaba a la Ley de Costas”. El portavoz insular de Los Verdes manifiesta su extrañeza porque “desde 2003 el Ministerio de Medio Ambiente viene aplicando un Plan de Deslindes hasta 2008, que en un caso de urgente necesidad como el de Las Teresitas no se ha ejecutado, sino demorado a un Convenio con el ayuntamiento que todavía a día de hoy está aparcado”. La moción del ayuntamiento de Santa Cruz, concluyen Los Verdes, “no sólo redunda en la necesidad de un peritaje de la línea demanial, imprescindible a nuestro juicio para fijar la tasación de los terrenos, toda vez que no hay unanimidad ni seguridad respecto al deslinde; sino que también permite situar en la operación de Las Teresitas a un actor que hasta ahora ha permanecido fuera de los focos de la trama: la Dirección General de Costas”.

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