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Tras la resolución del contrato por el Estado y la detención del abogado Mauricio Hayek “la reparcelación ha quedado virtualmente anulada”
 
A través de un comunicado de valoración sobre la detención del abogado Maurico Hayek, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha vuelto a sugerir que el Registro de la Propiedad “devuelva al ayuntamiento la reparcelación realizada irregularmente por la Junta de Compensación en el proyecto de compensación que aprobó el pleno municipal el 23 de mayo de 1989”. Hernández relaciona la detención de Hayek, entre otras posibles motivaciones de la juez instructora Carla Bellini, con una “pieza separada” de la investigación que se sigue en la querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades al incluir terrenos de Las Huertas en la reparcelación y compraventa acordadas sin consentimiento de sus propietarios supuestamente para la remodelación de Las Teresitas. La reparcelación certificada por el ayuntamiento en 1989 proviene del Convenio de 21 de noviembre de 1986, a partir del cual se elaboraron la Modificación y Adaptación del plan parcial de 21 de julio de 1988, el Proyecto de Compensación protocolizado el 24 de agosto de 1989 y las previsiones del PGO del 13 de enero de 1992 para Las Huertas. Esa reparcelación de la compensación del plan parcial no fue alterada por la Sentencia del Tribunal Supremo en 1998 y pasó al Convenio urbanístico del 18 de septiembre de 2001, desarrollado posteriormente mediante el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004.
El representante de Los Verdes-Grupo Verde recuerda que “en el año 2003 el abogado de la Junta ahora detenido, Mauricio Hayek, reconoció por escrito en un fax enviado al representante legal del matrimonio Schneider, José de La Rosa, que el Registro de la Propiedad actuaba por error u omisión al incluir sus propiedades en la Junta de Compensación y, de hecho, se ofreció personalmente para hacer gestiones ante el Registro con el fin de normalizar la situación”. En 1989 la Junta elaboró el proyecto de compensación que, según Hayek, pasó sin objeciones el período de información pública, y según el representante legal de los afectados, José de La Rosa, no consta que a los propietarios se les notificara personalmente por tres veces, como era preceptivo y reconoce en su sentencia el TSJC. Como no hubo alegaciones, siempre según Hayek –prosiguen Los Verdes-, la Junta solicitó al Registro de la Propiedad que agrupara las fincas y segregara las 111 parcelas, entre las que se encontraban las de los actuales propietarios reclamantes de Las Huertas. El plan de reparcelación se incluyó en el PGO de 1992. Como consecuencia de esa reparcelación llevada a cabo por la Junta de Compensación, la inscripción de algunas propiedades hoy reconocidas a los afectados desapareció del Registro y la Gerencia de Urbanismo dijo a estas personas cuando reclamaron que sus viviendas ya no figuraban a su nombre. La investigación seguida sobre esta actuación habría sido finalmente determinante en la detención del abogado, según Hernández.
“Ni el ayuntamiento ni la Junta podían vender esas propiedades -señala-, la corporación porque nunca contó con una autorización escrita expresa de cada propietario, y la Junta porque no cumplió correctamente el procedimiento reglamentario de notificación y porque esos terrenos no eran suyos, ni nunca lo fueron, ya que el intento de expropiarlos no llegó a consumarse al no poder pagar el justiprecio ni aceptar las permutas que pedían los propietarios”. Por tanto, concluye el portavoz de Los Verdes, las fincas de estos afectados quedaron dentro del Polígono de actuación, pero fuera de la Junta de Compensación donde sólo pueden incluirse si ellos deciden integrarse voluntariamente y no se les puede expropiar si no es por motivos de utilidad pública.
Como causas que podrían conducir al Registro a devolver al ayuntamiento el plan de reparcelación para su modificación y adaptación a las circunstancias sobrevenidas por las reclamaciones de propiedad de las parcelas segregadas en su día, Hernández aduce que “existen discordancias entre la reparcelación y las parcelas inscritas, los propios informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo reconocen discordancias en la descripción, cabida, numeración y linderos de las fincas originarias y las certificaciones registrales aportadas, y además la jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del matrimonio Schneider ha sentenciado que el plan de reparcelación debe retrotraerse precisamente a la fecha en que fue aprobado por el ayuntamiento en mayo de 1989, antes de la aprobación del PGO, que entonces se encontraba en la fase de Avance”.
Octavio Hernández considera que “si por todas estas irregularidades el Registro de la Propiedad devolviera al ayuntamiento el plan de reparcelación, tanto el proyecto de compensación aprobado el 23 de mayo de 1989 como el proyecto de urbanización aprobado el 17 de diciembre de 2004 tendrían que rehacerse contando con la nueva información sobre las propiedades”. La decisión del Gobierno central de resolver el contrato para la remodelación por las irregularidades en la titularidad del parcelario y la detención del abogado de la Junta de Compensación y mediador de Inversiones Las Teresitas, “son redundantes en la misma dirección: de un modo u otro esa reparcelación ha quedado virtualmente anulada”, concluye.

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Señalan que “Costas pudo firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía el Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo”
 
A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han pronunciado sobre el informe de la Abogacía del Estado del pasado 14 de abril y el acuerdo del Gobierno central del pasado viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, indica que “cuando la Abogacía del Estado dice en su informe que la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional, ello no solamente puede aplicarse al Convenio de compraventa de 2001, sino también al propio Convenio entre ayuntamiento y Costas, de manera que si entre la reunión del 22 de junio de 2006 donde se acordó el Convenio para ejecutar la remodelación de Las Teresitas y la fecha de la resolución del Tribunal Supremo que fue comunicada a las partes el 15 de mayo de 2007, Costas hubiera firmado el Convenio, éste sería válido a pesar del defecto de anulabilidad del contrato de compraventa de 2001, que se verificó después en el auto y está todavía en curso de resolución bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. Según Hernández “durante ese año de demora de la firma del Convenio, Costas contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado que habría respaldado la convalidación y la continuidad de la remodelación que el ayuntamiento inició en la parte de la playa de su competencia, convencido de que la Dirección General lo suscribiría siguiendo el compromiso acordado”. El portavoz de Los Verdes considera que “ahora la Abogacía del Estado se ha visto en la tesitura de contradecir el informe anterior, y ha adoptado la solución salomónica de sugerir indirectamente que si se hubiera firmado antes de la sentencia del Supremo, sería válido, de manera que no quita razón al otro informe, pero que ya no es posible después de mayo de 2007, toda vez que la sentencia agotó esa posibilidad al anular el trámite de compraventa de 2001”. Octavio Hernández considera que “si en definitiva, Costas tuvo once meses para firmar el Convenio con visto bueno de la Abogacía del Estado antes de que el Supremo anulara la compraventa, pero no lo hizo, y ahora la Abogacía dice que ya no puede hacerlo, a nosotros nos parece que Costas no puede evadir su responsabilidad porque la indecisión, que nos parece acompañada de una permanente distorsión fruto de la rivalidad política que ha estado minando este proyecto y es totalmente ajena al normal procedimiento, ha llevado la remodelación de Las Teresitas a un callejón sin salida, primero con la inconcreción del deslinde marítimo-terrestre, que todavía hoy, después de siete años de darle vueltas en la Demarcación, no sabemos cuál es, y ahora con el Convenio, acordado en junio de 2006 con todos los parabienes, pero nunca firmado después de varios aplazamientos, el último acordado con el ayuntamiento en septiembre de 2007”. Por ello, concluye Hernández, “no compartimos el análisis que hace el grupo municipal del PSOE, ni tampoco la aparente alegría de sus portavoces”.
 
Decisión del Gobierno
 
Respecto al acuerdo del Gobierno central del viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas, el portavoz de Los Verdes indicó que “esta decisión es una consecuencia directa de que no se firmara el Convenio, al no estar firmado no estaban disponibles los terrenos y Cristina Narbona demoró la firma del decreto para iniciar las obras después de haber adjudicado los trabajos a Acciona el 30 de noviembre de 2006”. Hernández considera que “la querella de Las Teresitas, que coincidió con la adjudicación a Acciona, llevó al Ministerio a eludir los compromisos adquiridos”. El portavoz verde recordó que Narbona, durante su visita a Tenerife en marzo pasado, ya señaló que “el Ministerio no iba actuar mientras no se despejaran las dudas sobre la disponibilidad de terrenos para acometer las obras en la parte que corresponde a la Dirección General de Costas, cuya titularidad cuestionaba la Sentencia del Tribunal Supremo”. Para Los Verdes, “la decisión acordada por el Gobierno central no es ninguna sorpresa con esos antecedentes y tras el nuevo informe de la Abogacía del Estado devenía lógica, pero que se desentiendan no exime de responsabilidad a la gestión llevada a cabo por Costas y el Ministerio”.

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El Jefe de la Demarcación admite que se realizan sondeos geotécnicos para fijar la línea demanial

 

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado hoy la confirmación de que la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife está realizando un peritaje mediante sondeos y un estudio geomorfológico para determinar la línea demanial de la playa antigua de piedra, a partir de la cual se debe establecer un nuevo dominio público marítimo-terrestre que, con toda probabilidad, ampliará el perímetro de competencia estatal de Las Teresitas. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha mostrado “satisfacción al comprobar que Costas ejecuta la actuación que veníamos solicitando públicamente desde el año pasado”, que ha sido confirmada a la prensa por el Jefe de la Demarcación provincial, Carlos González Pérez. Hernández considera que el peritaje de la línea demanial “se está haciendo tal y como Los Verdes planteamos y se confirma igualmente que las conclusiones de estos estudios serán el aldabonazo para concretar soluciones con valor jurídico en los litigios pendientes sobre la playa, como la ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia acerca de la tasación de las once parcelas del frente de Las Teresitas”. Según el portavoz, “el peritaje consiste en identificar bajo la arena hasta dónde llegaban los temporales, los procesos de sedimentación por tormentas o las pleamares vivas que batían la playa antigua de piedra”. El portavoz de Los Verdes concluye que “ninguno de los expedientes judiciales podía sustanciarse sin esta actuación, porque la pericial que consta en el Sumario de la querella de Las Teresitas no fue concluyente, sino orientativa, ya que no fijaba el deslinde sino propuso distintas valoraciones a la espera de que se confirmara o aprobara definitivamente una delimitación que no era firme ni definitiva porque había distintas interpretaciones no compatibles ni intercambiables”. El peritaje que la Demarcación de Costas está ejecutando “confirma también nuestra posición –afirma Hernández- de que no era viable la petición formulada al TSJC para que se acogiera a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecutara con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”. Para Octavio Hernández, “Costas reconoce implícitamente su error y está confirmando en la práctica que la linde que da al mar desde la playa no estaba fijada con plenas garantías, tal y como habíamos insistido”. El portavoz verde considera confirmada también “la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero que atribuía a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización del deslinde para continuar la remodelación de la playa”.

 

A la espera de la Abogacía del Estado

 

Los Verdes consideran que “ahora falta ver qué dice el informe de la Abogacía del Estado que Costas pidió a la vez que retrasaba firmar el Convenio comprometido en su día con el ayuntamiento”. La Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse por segunda vez acerca de la titularidad de las cinco parcelas cedidas gratuitamente en 2006 por la corporación a la Dirección General, “que no nos consta que formaran parte del paquete de la compraventa con Inversiones Las Teresitas”, sostiene Hernández. La firma del Convenio pretendía que Costas recibiera la gestión de los servicios en las instalaciones que ocuparían el espacio demanial, y a cambio Costas daría concesión administrativa para que las mismas ocuparan, en el avance de las obras, el dominio público. Con ese fin, el 9 de agosto de 2006 el ayuntamiento publicó un anuncio en virtud del acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión de carácter extraordinario celebrada el día 22 de junio de 2006, para la cesión gratuita de cinco parcelas de su titularidad a favor de la Dirección General de Costas, con destino a la ejecución del “Proyecto de Ordenación de la Playa de las Teresitas, fase 1”. Con esta cesión se cumplía el requisito para firmar el Convenio. Los 48.118,41 metros cuadrados cedidos a Costas, hasta donde nosotros sabemos,  no formaban parte de los 110.000 metros cuadrados que adquirió el ayuntamiento en 2001 a Inversiones Las Teresitas por 30.050.605,22 euros. La superficie útil ocupada por los aparcamientos y locales comerciales es de 9.281 metros cuadrados. Octavio Hernández considera que “Costas tiene responsabilidad, por acción u omisión, en los problemas legales que han surgido y con el antecedente de un informe favorable a las tesis del ayuntamiento en este punto, sería extraño que la propia Abogacía del Estado se contradijera a sí misma en un segundo informe”.

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A través de un comunicado, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, ha respondido a la referencia que el lunes hizo la edil de Urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz, Luz Reverón, sobre la postura de Los Verdes acerca de las contradicciones del PSOE en relación con el deslinde marítimo-terrestre de la playa de Las Teresitas. Hernández pide a la concejala “que traslade a la Fiscalía copia del informe recibido de Costas el pasado 7 de marzo, así como los informes del mismo organismo sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación de 1992 aprobada en 2003, que recogía el convenio suscrito entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas, el de abril de 2005 sobre el deslinde de 1961 y el de 2006 sobre la revisión del PGO, y los adjuntos al borrador, todavía no firmado, del Convenio para la segunda fase de las obras”. Hernández señala que “Costas no aclara en su último informe si efectivamente las obras han invadido ya el dominio público y eso contrasta con las recientes denuncias del PSOE a las Fiscalías de Medio Ambiente y Anticorrupción, que se basan en otro informe de la Dirección General de 20 de diciembre de 2007, que señalaba que no debían iniciarse los trabajos en los módulos de los aparcamientos situados en la entrada de la playa, así como en el local próximo a la Cruz Roja en el extremo”. Para el portavoz de Los Verdes “si la Gerencia no tiene nada que ocultar y puesto que los informes y declaraciones de los responsables de Costas hacen referencia al menos a dos deslindes distintos de 1961 y otro como consecuencia de una sentencia del Supremo de 1998, y como quiera que las obras de la segunda fase en la zona de servidumbre parece que todavía no alcanzan el dominio público, la Fiscalía tendría que ser informada por el ayuntamiento si no lo ha hecho ya en las diligencias”. Hernández considera que “probablemente ha habido un vacío basado en la buena fe entre el ayuntamiento y Costas con el fin de cumplir los plazos de ejecución, pues se inician las obras en la zona de servidumbre y éstas avanzan hacia el dominio público pensando que, en el ínterin, ambas administraciones firmarían a tiempo el Convenio habilitando a sobrepasar la demarcación, de manera que Costas cuando habla de ocupación del demanio debe referirse a obras proyectadas y no a obras realmente ejecutadas, y en ese caso la denuncia del PSOE no tendría fundamento”.

El portavoz verde recuerda que el 9 de agosto de 2006 el ayuntamiento publicó un anuncio en virtud del acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión de carácter extraordinario celebrada el día 22 de junio de 2006, para la cesión gratuita de cinco parcelas de su titularidad a favor de la Dirección General de Costas, con destino a la ejecución del “Proyecto de Ordenación de la Playa de las Teresitas, fase 1”. Con esta cesión, a juicio de Hernández, se cumplía el requisito para la firma del Convenio, “de manera que Costas recibiera la gestión de los servicios en las instalaciones que ocuparían el espacio demanial, y a cambio Costas daría concesión administrativa para que las mismas ocuparan, en el avance de las obras, el dominio público”. Los 48.118,41 metros cuadrados cedidos a Costas, aclara Hernández, “hasta donde nosotros sabemos”,  no formaban parte de los 110.000 metros cuadrados que adquirió el ayuntamiento en 2001 a Inversiones Las Teresitas por 30.050.605,22 euros. Al cuestionarse la compraventa de las parcelas “tanto en la querella y diligencias abiertas de Anticorrupción como en sentencias del TSJC y del Supremo y antes en los recursos de ATAN”, continúa el portavoz verde, “Costas y el Ministerio decidieron dar marcha atrás a lo acordado de buena fe, demoran deliberadamente la firma del Convenio a la espera de informes de la Abogacía del Estado, revisan la concesión administrativa –según respuesta del Gobierno a Gloria Rivero de octubre de 2007- y producen así, de hecho, que cuando las obras ya iniciadas en la zona de servidumbre toquen el dominio público no esté firmado todavía el Convenio ni otorgada, por tanto, la concesión administrativa, y sobre esa base se redactan los informes de 20 de diciembre de 2007 y el recibido el 7 de marzo pasado inquiriendo la paralización por prudencia”. Ahora bien, explica, “la consecuencia directa de esto es que la empresa constructora vea un incumplimiento de contrato al no poder terminar las obras en el plazo convenido y reclame una indemnización”. Al mismo tiempo que esto ocurre “el PSOE decide que lo que antes estaba bien ahora está muy mal, igual que olvida con frecuencia que hay imputados concejales de su partido en la querella de Anticorrupción, a los que ahora llaman “rehenes” para hacernos creer que su voluntad no fue conciente cuando votaron, sino supuestamente secuestrada, aunque un fax de Florentino Guzmán aclaró hace apenas un año que sabían perfectamente qué votaban”.

El portavoz de Los Verdes señala que “no obstante, todavía no sabemos por qué el ayuntamiento solicita el deslinde a Costas un mes después de adquirir los terrenos y no antes de comprarlos, que hubiera sido lo lógico”. Octavio Hernández también cuestiona “la implicación del Ministerio en las obras de la segunda fase, pues el ayuntamiento siempre dijo que las obras a ejecutar por el estado se harían en paralelo a la ejecución del proyecto de Perrault, admitiendo implícitamente que no forman parte de la actuación municipal aunque se coordinan en la remodelación conjuntamente en función de otro convenio suscrito entre Costas y la Comunidad Autónoma”. Hernández también cuestiona si las obras del edificio de aparcamientos y locales comerciales que se construyen en la entrada de la playa, como ha planteado a la Fiscalía Justicia y Sociedad, “afectan o alteran los terrenos objeto de la querella de Anticorrupción”, para lo cual la asociación ha pedido al TSJC que realice un informe pericial: “Los Verdes apoyamos esa petición aunque las parcelas cedidas gratuitamente a Costas no nos consta que estuvieran incluidas en los terrenos adquiridos por el ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas, y por eso hemos apoyado también la moción del pleno municipal de Santa Cruz para aclarar pericialmente el deslinde y la actuación y responsabilidad del organismo estatal de demarcación en todo este desaguisado”.

RELACIONADO:

Artículo de opinión referido por Luz Reverón:

El PSOE y Las Teresitas, ruido e hipocresía

http://www.eldia.es/2008-02-28/santacruz/santacruz4.htm

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 115, miércoles 9 de agosto de 2006, pág. 14201, sobre cesión gratuita de parcelas a Costas:

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2006/08/115/Bop115-06.pdf

Respuesta del gobierno Central sobre el Convenio de Las Teresitas entre ILT y el ayuntamiento, julio de 2006:

184/081388 Autor: Gobierno.

Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIU-ICV) sobre verificación por el Gobierno de que el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la sociedad «Inversiones las Teresitas S.L.» en relación con el Frente de Playa afecte negativamente al dominio marítimo terrestre (núm. reg. 149082)

(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»

serie D, núm. 416, de 6 de julio de 2006.)

184/081388

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIV-IU-ICV).

Respuesta:

La comprobación de la adecuación del Plan Urbanístico que ordena el litoral a las determinaciones de la Ley de Costas y la verificación de la afección que el mismo puede producir sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, se realiza a través de los informes emitidos por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en la tramitación de dicho Planteamiento, en virtud de los artículos 112.a), 117.1 y 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Con fecha 17 de julio de 2006, la Dirección General de Costas emitió informe en relación con la revisión del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, indicando la necesidad de corregir diversas deficiencias recogidas en el mismo, relativas a la representación de la línea que delimita el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su zona de servidumbre de protección.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta del gobierno Central sobre el Convenio de Las Teresitas entre Costas y la Comunidad Autónoma, enero de 2007:

184/085039 Autor: Gobierno

Contestación a doña Gloria Elena Rivero Alcover (GS) sobre situación del convenio de costas firmado con Canarias en Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 171687)

(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 433, de 21 de septiembre de 2006.)

184/085039

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rivero Alcover, Gloria Elena (GS).

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:

Como parte del vigente Convenio de Costas firmado por el Ministerio de Medio Ambiente con la Comunidad Autónoma de Canarias, se realizan en Santa Cruz de Tenerife dos actuaciones, cuya situación es la siguiente:

— Proyecto ejecutivo ordenación de la playa de las Teresitas. La obra ha sido adjudicada el día 30 de noviembre de 2006 a Acciona Infraestructuras, S.A. (BOE de 20 de diciembre de 2006).

— Playa de Valleseco. Se convocó un concurso de ideas, con el fin de buscar una solución consensuada entre las administraciones implicadas. Aún no se dispone de proyecto ejecutivo.

Madrid, 16 de enero de 2007.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta del gobierno Central sobre actuaciones de Costas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2007:

184/124894 Autor: Gobierno

Contestación a doña Gloria Elena Rivero Alcover (GS) sobre estado y situación de la costa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como de expedientes abiertos referentes a dicha provincia (núm. reg. 205630)

(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»

serie D, núm. 603, de 20 de septiembre de 2007.)

184/124894

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rivero Alcover, Gloria Elena (GS).

Respuesta:

Las islas que comprenden la provincia de Tenerife tienen un total de seiscientos ochenta y tres kilómetros de costa, de los cuales unos 624,28 (el 91,39%) se encuentran deslindados conforme a la actual Ley de Costas.

Una vez terminada la programación de deslindes de la provincia, se pretende acometer un ambicioso programa de «Actuaciones en la Costa» que permita recuperar ambientalmente la misma, para lo que es imprescindible el desalojo de las innumerables ocupaciones ilegales existentes.

La gestión conducente a la «recuperación ambiental» de la costa se está llevando a cabo, en muchas ocasiones, en colaboración con el Gobierno Autónomo, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos, ya que las ocupaciones en casi todos los casos invaden, no solamente el dominio público, sino también la servidumbre de protección.

[…]

En cuanto a las concesiones, se están revisando distintos expedientes para su adaptación a las determinaciones de la Ley 22/1988, de Costas. En este caso se encuentra la concesión del Hotel Médano y los expedientes relativos a Clubes Náuticos con concesiones caducadas o próximas a caducar. También se están revisando, entre otras, las concesiones de la Playa de Las Teresitas y de la Playa del Duque o El Beril. Por último, se están revisando los servicios de temporada en el sur de Tenerme entre la Playa de Las Vistas (término municipal de Arona) y la Playa de La Enramada (término municipal de Adeje). Se trata de una zona con fuerte ocupación turística en toda la costa, donde se está elaborando un Plan de Ordenación de aquéllos, que ha sido comunicado a los interesados y en el que se han detectado innumerables incumplimientos de los servicios

autorizados con respecto a los realmente existentes.

Madrid, 8 de octubre de 2007.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2008

Esperan que la moción aprobada en el ayuntamiento de Santa Cruz permita hacer el peritaje para la fijación del deslinde

A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife consideran “inaplicable”  la petición realizada por algunos colectivos para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desista de realizar una nueva tasación de los terrenos sujetos al litigio judicial de Las Teresitas y se acoja al peritaje encargado por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007, cuyo informe final fue entregado el pasado 31 de diciembre.  El portavoz de Los verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “los arquitectos contratados no realizaron un peritaje del deslinde marítimo-terrestre, sino del valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa en el momento de la compraventa”. Por esta razón, Hernández indica que “la pericial no es concluyente, sino orientativa, ya que no fija el deslinde sino propone distintas valoraciones en distintos supuestos a la espera de que se confirme o apruebe definitivamente una delimitación de la línea que es provisional y probable, según estos peritos, pero en ningún caso firme ni definitiva”. De esta manera, según Los Verdes, “la valoración que consta en el Sumario debe ser tomada con precaución porque está sujeta a variación, ya que una las lindes de las 11 parcelas, la que da al mar desde la playa, no ha sido fijada con plenas garantías por la Dirección General de Costas ni por ningún peritaje de la línea demanial, sobre cuya necesidad y conveniencia venimos insistiendo”. Por este motivo, el portavoz verde afirma que “ciertas prisas son muy malas consejeras” y rechaza la petición realizada al TSJC para que “se acoja a alguna de las valoraciones propuestas en el Sumario y ejecute con ella la sentencia del Tribunal Supremo que declaró anulable la compraventa”.

Costas entra en la trama

 

Octavio Hernández considera que la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 31 de enero “va en la buena dirección al atribuir a la Dirección General de Costas la responsabilidad en la actualización de la delimitación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre que impide tanto la ejecución de obras como la valoración económica de las parcelas con plenas garantías de legalidad” y valora que “con todas las salvedades que se quiera poner, esa posición coincide con el principio de precaución que aplicaron los peritos contratados en su informe para el Sumario de la Fiscalía Anticorrupción”. Según Hernández “no tiene explicación por qué Costas no ha intervenido desde que el ayuntamiento le propuso un deslinde en el año 2001, por qué se dio por bueno primero y se dilató después en la provisionalidad durante seis años, por qué se justificó según una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 que, en realidad, nada concreta sobre el deslinde y más bien fue empleada presuntamente como subterfugio de apariencia legal en una delimitación que, como parece demostrado, era arbitraria y no se ajustaba a la Ley de Costas”. El portavoz insular de Los Verdes manifiesta su extrañeza porque “desde 2003 el Ministerio de Medio Ambiente viene aplicando un Plan de Deslindes hasta 2008, que en un caso de urgente necesidad como el de Las Teresitas no se ha ejecutado, sino demorado a un Convenio con el ayuntamiento que todavía a día de hoy está aparcado”. La moción del ayuntamiento de Santa Cruz, concluyen Los Verdes, “no sólo redunda en la necesidad de un peritaje de la línea demanial, imprescindible a nuestro juicio para fijar la tasación de los terrenos, toda vez que no hay unanimidad ni seguridad respecto al deslinde; sino que también permite situar en la operación de Las Teresitas a un actor que hasta ahora ha permanecido fuera de los focos de la trama: la Dirección General de Costas”.

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